Ciudad de México. La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), promueve iniciativa para sancionar a servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) “que propicien o coaccionen de manera probada, con dolo o por negligencia, la comisión de delitos de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes”.
La legisladora poblana reconoció que aunque nuestro país ha fortalecido su marco jurídico para erradicar el delito de trata, a la fecha, esta “actividad sigue siendo un gran negocio para los grupos delincuenciales, los cuales con el apoyo de algunos elementos de los cuerpos de seguridad pública y principalmente con la complicidad de los servidores públicos que ejercen el proceso de control migratorio, han afectado al combate de este delito”.
Señaló que “el fenómeno de la trata de personas establece un alza en la comisión de este delito, acrecentado por la dinámica migratoria, la corrupción e impunidad de líderes y autoridades del ramo, así como la vulnerabilidad en la que se encuentran algunos sectores sociales”.
Indicó que de acuerdo con algunos informes internacionales, nuestro país durante el 2018, no cumplió plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, lo que “pone en evidencia la corrupción que existe ante la impunidad de los funcionarios o gobernantes y la ausencia una legislación adecuada y coherente ante la legislación internacional».
La propuesta de la congresista por Acatlán que reforma el artículo 140 de la Ley de Migración, “establece que estas faltas se considerarán como una infracción grave y se sancionarán con la destitución”.
“Con el fin de fortalecer y combatir el delito de trata de personas, el cual es favorecido por la corrupción de algunos servidores públicos que ejercen la potestad legal expresamente conferida para realizar funciones y actos de autoridad en materia migratoria, y en coherencia a las recomendaciones internacionales, se propone modificar y adicionar el artículo 140 de la Ley de Migración, el cual establece las causas para sancionar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración sin afectar las medidas o sanciones derivadas de otra legislación aplicable”, resaltó.
Maceda Carrera, recordó que la trata de personas está tipificada en la vigente Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, donde refiere que “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes”.
En la actualidad, dijo, hay instrumentos internacionales como tratados, pactos, acuerdos y protocolos que obligan al Estado mexicano al respeto de los derechos humanos y a la sanción y prevención de la trata de personas.
