Ciudad de México. El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, exhortó al Congreso de los estados de Guerrero y Puebla a incorporar la violencia política contra las mujeres en su marco jurídico para erradicar todo acto de violencia y garantizar las condiciones para su participación en la vida pública.
En el punto de acuerdo que presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente, la legisladora perredista, Claudia Reyes Montiel, se denunció que con base a cifras de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en las elecciones de 2018, Puebla presentó 15 casos de violencia política en contra de la mujer, siendo la entidad con mayores agresiones de género.
A su vez, expuso que en Guerrero, ocurrieron asesinatos y secuestros de mujeres. “Como se observa la violencia política que viven las mujeres en estas entidades dan muestra de la urgente necesidad de legislar para atender esta situación y de imponer sanciones a la misma”, sostuvo la Diputada por el Estado de México.
Reyes Montiel mencionó que de acuerdo a las cifras de la Fepade, en las elecciones de 2017-2018 se registraron 106 casos de violencia política en contra de las mujeres; fueron asesinadas 16 candidatas y hubo 10 casos vinculados a hechos que lesionaron directamente los derechos político-electorales de mujeres indígenas.
La congresista del Sol Azteca, aseveró que este tipo de violencia impide el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, imposibilita o limita su participación en los asuntos públicos y deteriora la igualdad de género.
A fin de acabar con la violencia en contra de la mujer y garantizar su participación efectiva e igualitaria en la esfera pública en México, se han efectuado diversos cambios en el marco jurídico, ejemplo de ello, dijo, fue la aprobación del dictamen el pasado mes de noviembre, que tipifica como delito electoral la violencia política por razón de género e impuso multas y prisión a quien cometa estos actos.
La diputada federal reconoció que de ocho estados en donde se regulaba la violencia política por razones de género se duplicó a 29 de 2016 a 2019, lo cual, consideró, no es suficiente; por lo que el desafío es lograr que todos los estados incorporen en algunos de sus ordenamientos jurídicos la violencia política contra las mujeres, como es el caso de Puebla y Guerrero, que carecen con legislación al respecto.
