El gobierno de Puebla podría rentar a Guanajuato los barcos que se adquirieron en la administración de Antonio Gali Fayad, los cuales no sirvieron para disminuir la contaminación de la laguna de Valsequillo, a pesar de que se gastaron 209 millones de pesos en esta tecnología con la idea de que limpiaría el agua.
En entrevista con Síntesis, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado, Beatriz Manrique Guevara, reveló que están en pláticas con el gobierno guanajuatense para posiblemente enviar los barcos y que sean utilizados para labores de limpieza en la laguna de Yuriria, donde sí servirían.
Dijo que se trata de una prueba piloto que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pretende poner en marcha en esa entidad, donde existe un cuerpo de agua con características similares a las de Valsequillo, pero con un grado menor de contaminación.
La funcionaria criticó que en administraciones anteriores se aprobaran proyectos infructuosos como el de Valsequillo, el cual definió como “un engaño monumental y una burla” para los poblanos.
Así que aseguró que en el actual gobierno de Luis Miguel Barbosa no se implementarán políticas y proyectos medioambientales que no garanticen resultados positivos, algunos de ellos enfocados a la mejora de la calidad del aire, el manejo de los residuos sólidos y el cuidado de las áreas protegidas de la entidad.
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Barcos de Gali solo quitan el mal olor
Desde su adquisición en 2018, las tres embarcaciones compradas por el entonces secretario del ramo, Rodrigo Riestra Piña, han permanecido en Valsequillo, donde se han utilizado para disminuir el olor fétido y “clarear” un poco el agua, mediante la oxigenación acelerada, es decir, la filtración de ozono.
La encargada del medio ambiente en la entidad explicó que el proceso de limpieza que hacen los barcos es a un metro de profundidad, lo que resulta insuficiente para retirar la cantidad de lirio y contaminantes que hay en este cuerpo de agua.
Sin embargo, señaló que al ser propiedad del estado es necesario darles un uso eficiente y buscar alternativas para compensar el gasto realizado.
“Los barcos ya están y están a cargo de esta secretaría, y se está solicitando un recurso para su aseguramiento y su operación, de tal forma que brinden un mínimo beneficio. Pero seamos claros, eso no va a sanear, eso va a paliar un poco los olores y su aspecto superficial, pero no hay saneamiento y no vamos a mentir”, recalcó.
Mencionó que existe una auditoría en curso contra el funcionamiento de los barcos y que pronto serán dados a conocer los resultados.
No más gasto para diagnósticos del Atoyac
En cuanto a las acciones para combatir la contaminación en el Río Atoyac, Beatriz Manrique aseguró que el tema está “sobre diagnosticado”, pues existen elementos suficientes para determinar que este afluente es el segundo que más contamina en el país, después del Río Lerma, y que urge revertir el daño ecológico.
Ante ello, indicó que lo que falta es generar una estrategia articulada porque hasta hoy solo hay acciones aisladas de las autoridades y las organizaciones civiles.
“El tema de la contaminación del Atoyac y del embalse de Valsequillo está sobre diagnosticado, todo mundo ya sabemos qué tiene y qué le duele, no hay que gastar más dinero en diagnósticos, porque nos parece que ya se sabe todo, excepto en Tlaxcala que ahí sí ellos tendrían que hacer su propio estudio”, expuso.
La secretaria informó que una primera acción del gobierno estatal fue entubar el canal de aguas negras que cruza por el municipio de San Martín Texmelucan, obra que tuvo un costo de 400 millones de pesos, pero que no soluciona el problema de la contaminación.
“Es una primera etapa para entubar y conducir el agua desde San Martín Texmelucan, pero no la limpia, digamos que solo es un primer paso”, reconoció.
Agregó que en los meses siguientes el gobierno del estado buscará impulsar proyectos como la construcción de colectores y subcolectores en la cuenca del Alto Atoyac, a pesar de que su competencia en la vigilancia de cuerpos de agua federales es mínima, y donde la responsabilidad de los ayuntamientos y los empresarios es fundamental.
“El gobierno del estado es el que menos responsabilidad tiene en las descargas a cuerpos de agua federales, pero tiene un peso público-político, para generar una estrategia articulada de los esfuerzos; es decir, por el peso que tiene el gobernador al hacer un llamado”, hizo hincapié.
En marzo de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017 a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala y los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo y Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, por la contaminación de los ríos Atoyac, Xohiac y sus afluentes.
Manrique Guevara reconoció la gravedad de la contaminación y dijo que llevará tiempo ver los resultados. Entre las acciones próximas a realizar mencionó la revisión del padrón de empresas contaminantes, la cual dijo sigue en curso, y contar con datos actualizados sobre la operación de las plantas tratadoras de agua, pues según reportes no operan en su totalidad.
“Los ríos Lerma y Atoyac son los dos infiernos ambientales más grades que tiene el país, como lo ha dicho el secretario Toledo (Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales), porque producen cantidades de contaminantes que afectan la flora, la fauna y al ser humano, y que merman la calidad de vida. Ya es tiempo de hacer algo”, soltó.
El correcto manejo de la basura llevará tiempo
Con respecto a la instalación de las primeras plantas tratadoras de residuos sólidos en Puebla, la secretaria de Medio Ambiente advirtió que primero se tiene que resolver las implicaciones jurídicas y económicas que existen en ciertos municipios para posteriormente poner en marcha el proyecto.
La funcionaria calculó que hasta cuatro años podría llevarse el gobierno del estado para concluir los procesos legales, donde existen comodatos o fueron creados organismos descentralizados que hoy operan los rellenos sanitarios municipales.
En noviembre pasado el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta abrió la posibilidad de buscar capital privado para instalar cinco plantas de residuos en los municipios de Tehuacán, Amozoc, Huauchinango, Cholula y Puebla capital.
Al respecto, Beatriz Manrique consideró que el caso del relleno de Chiltepeque en la ciudad de Puebla es el más grave, debido a que genera una “huella de carbono” alta para la atmósfera, pues a pesar de su antigüedad todavía no se logra dar tratamiento al gas metano, lo cual ha repercutido en su tiempo de vida y ha impedido que desde ahí se genere el 30% de la energía que se consume en el municipio, por ejemplo.
“Es una pena que a pesar de la madurez que tiene Chiltepeque no se le de tratamiento al gas metano y se pueda generar energía eléctrica”, destacó.
