Ciudad de México. Por unanimidad con 447 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados, exhortó a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a sumar esfuerzos con la finalidad de implantar un plan de acción emergente a fin de prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y en especial, atender y erradicar el delito de feminicidio.
A través de un acuerdo avalado por todas las fuerzas políticas, el Congreso de la Unión, rechazó y condenó todo tipo de violencia, especialmente aquella que se ejerce contra las mujeres y niñas que vulnera gravemente sus derechos humanos.
Se pidió a todas las autoridades, representantes del sector social y privados a que en el ámbito de su competencia y en amplia colaboración puedan realizar las acciones que sean necesarias para fortalecer las campañas de información, concientización y cultura que prevengan los factores de riesgo que generan violencia personal, estructural e institucional y cualquier otra forma reconocida por la ley en contra de las mujeres y las niñas.
La Cámara de Diputados exhortó a las autoridades educativas federales y de los estados a que revisen los protocolos vigentes y apliquen medidas eficaces para preservar la integridad, seguridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas públicas y privadas, en especial, en el entorno educativo y al inicio y al término de la jornada escolar, con base en el principio del interés superior de las niñas y niños.
Solicitó a todas las autoridades de seguridad ciudadana y las de procuración e impartición de justicia cumplir con sus deberes generales y específicos en materia de derechos humanos para garantizar, tanto el derecho a una vida libre de violencia como los derechos a la vida, libertad e integridad personales, de acceso a la justicia pronta y expedita que aplique perspectiva de género y mecanismos de protección judicial, así como de verdad, reparación del daño y medidas de no repetición a favor de las mujeres.
También llamó a ampliar y actualizar los protocolos de investigación en el desarrollo de las capacidades policiales y del personal encargado de las indagatorias por denuncias de violencia contra las mujeres, de los protocolos en la persecución e investigación de los feminicidios, así como capacitar a todas las autoridades, a las y los agentes del Ministerio Público y al personal con perspectiva de género y derechos humanos y que se abstengan a difundir cualquier información relacionada con las carpetas de investigación, brindando seguimiento puntual y concreto al impacto de esas tareas de capacitación.
Asimismo, el acuerdo pidió impulsar mecanismos, reglamentos y acciones que permitan el acceso pleno a las instancias de justicia a estudiantes, docentes, académicas y trabajadoras, a fin de que en condiciones de libertad y protección puedan denunciar y recibir una investigación efectiva de los delitos relacionados con la violencia de género.
El Pleno exhortó a los titulares de las Fiscalías de todas las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus competencias y respectivas atribuciones legales, analicen la pertinencia de la creación de fiscalías especializadas en feminicidios.
Solicitó a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las autoridades competentes, emprender de manera coordinada acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género en las instituciones de educación superior, públicas y privadas.
De igual modo, llamó a todos los sectores, organizaciones y a la ciudadanía en general a participar plural y activamente en la convocatoria nacional para generar propuestas que actualicen el marco normativo para la prevención integral de la violencia de género, el fortalecimiento de las instituciones responsables de su atención, así como la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, derechos humanos que al ser de naturaleza universal, poseen la mayor relevancia en el orden jurídico mexicano para su pleno y permanente ejercicio.
