Ciudad de México. Debido a la ineficacia de las autoridades para garantizar la seguridad y evitar las agresiones en contra del personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla para enfrentar al Coronvairus, la diputada federal del PRI, Dulce María Sauri Riancho, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), realice una investigación a nivel nacional, para elaborar un informe especial sobre la situación que viven los trabajadores de la salud, ante la actual crisis sanitaria.

La legisladora tricolor, indicó que de acuerdo a reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Guerrero, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo y Durango se registraron mayores casos de agresiones contra el personal de enfermería.

Mientras que, registros del Conapred, señalan que se han hecho denuncias en 26 entidades; la mayor proporción se documentaron en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

Sauri Riancho, destacó que el personal médico, clínico, de enfermería, paramédico y camilleros, de todos los servicios hospitalarios, son una de nuestras fortalezas y esperanzas frente esta pandemia, “por lo que es reprobable que la sociedad los discrimine y atente contra su seguridad y su vida, por trabajar en la primera línea de atención contra la amenaza del coronavirus”.

Asimismo, lamentó que desde el inicio de la actual administración, inició el deterioro, por una mala idea de austeridad, de los recursos e insumos médicos, que les permiten a los profesionales de la salud ejercer su profesión de manera segura y confiable.

“Todo ello es violatorio de sus derechos humanos y fundamentales; no existe ninguna justificación para no atenderlos y permitir que nos defiendan de la amenaza sanitaria, con estricto apego a una política que respete sus derechos como personas y trabajadores de alto riesgo”.  Señaló.

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