Por: Angélica Patiño y Sara Solís
Luego de que los diputados locales aprobaran el pasado 15 de mayo la nueva Ley de Educación en Puebla, se han generado diversos pronunciamientos en torno al tema como el del Consorcio Universitario de Puebla consideró que esta vulnera el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares, así como también consideran que el apartado de bienes muebles se vulnera el principio de legalidad abriendo el paso a la incertidumbre jurídica, y por tanto, en estado de indefensión.
La BUAP lo califica como lamentable
Por su parte, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, dio a conocer que es lamentable que los legisladores locales hayan aprobado la nueva Ley de Educación sin realizar foros o consultas a especialistas para recabar diversos puntos de vista que permitieran enriquecer esta.
Asimismo, comentó que él no realizará consultas con diversos sectores de la sociedad y con especialistas educativos.
“La institución siempre se ha destacado por cumplir con la transparencia y rendición de cuentas, además de que los estados financieros y programas se han revisados por diversas instancias estatales y federales como la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y por la Función Pública”, precisó.
Precisó que el hecho de quererles poner auditores externos a la institución es una violación a la autonomía universitaria de la BUAP.
Ley de Educación debe regresar al Congreso del Estado
En entrevista con el rector de la Universidad Anáhuac en Puebla, José Mata Temoltzin, aseveró en entrevista para Síntesis que la nueva Ley es una oportunidad que se está dejando pasar para tener una mejor Ley de Educación, por lo que no está de acuerdo en la forma en la que se dio la aprobación de esta, ni tampoco con la manera en la que ha sido redactada.
“Creemos que es un documento que no abona a una calidad educativa que podría tener Puebla, sin lugar a duda”, precisó.
Agregó que la parte positiva de la Ley es que tiene una mayor cobertura, pero la parte negativa de esta es la ambigüedad y en algunos casos específicos la sensación de intervencionismo.
“La parte de la ambigüedad es que, si bien algunos actores han salido a explicar el sentido de algunos artículos que les parecieron ser en su redacción muy controversiales, también se necesita que quienes tienen que ver con estos temas salgan a explicarlos, por ejemplo, el artículo 105 que dice que los bienes de los particulares de quienes se dedican a la educación pasan a ser parte del sistema de educación”, precisó.
Mata Temoltzin aseveró que se debe dejar claro en la propia Ley de Educación que no se hará esto, ni se incurrirá en este tipo de situaciones.
La nueva Ley de Educación busca regular los inmuebles particulares
El abogado y consultor en Puebla, Porfirio Ramírez Mendoza, informó que ha habido una mala interpretación por parte de la población y medios de comunicación en torno al artículo 105 de la nueva Ley de Educación en Puebla, recién aprobada por el Congreso del Estado.
Explicó que hay quienes están tomando este tema con una mala orientación jurídica en cuanto al artículo 105 que fue lo que detonó las inconformidades en las instituciones privadas.
“Hay quienes hablan de que, con esta nueva Ley de Educación, las autoridades quieren quedarse con inmuebles, esto no es así, no es correcta la apreciación, no va en se sentido, es totalmente diferente”, acotó.
El especialista en estos temas, aseveró que el fondo de este tema es que se busca regular de igual forma a todas las instituciones en Puebla.
En este mismo sentido, afirmó que hay cosas en las cuales se están excediendo en la Ley porque si bien es cierto que hay un acceso al derecho a la educación y que este lo deben garantizar el Estado, tienen limitantes, en donde el particular puede elegir la opción entre una educación pública o privada.
“Hay formas de combatir la ley, pero a quienes les corresponde revisar esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si la ley es inconstitucional o inconvencional”, acotó.
SEP estatal descarta que se busque desaparecer escuelas privadas
En entrevista para Síntesis con el secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado, Melitón Lozano Pérez, rechazó que busquen desaparecer las escuelas privadas en Puebla.
Además, descarto que se atente contra la autonomía de las instituciones públicas y comentó que las inconformidades y críticas que han surgido por la aprobación de la nueva Ley de Educación Superior se deben a cuestiones políticas.
En entrevista para el Periódico Síntesis, el funcionario estatal, afirmó que esta Ley de Educación se convertirá en un referente positivo sobre la forma de concebir a la educación como un derecho y esta Ley como un instrumento para garantizar los derechos.
“Ha habido una tergiversación y sobre todo del artículo que en particular según los inconformes busca que las autoridades se apropien de los inmuebles particulares y categóricamente les digo que es falso, porque este articulo ya existía, no se creó en esta nueva administración estatal, pues existía desde 1993 en su artículo 10”, precisó.
El titular de la SEP en Puebla, enfatizó de forma clara que desde la administración de Rafael Moreno Valle ya estaba ese artículo, por lo que les cuestionó a quienes están inconformes por qué no se habían pronunciado antes y esperaron hasta ahora.
El Congreso se divide
La aprobación de la Ley de Educación del Estado de Puebla, sigue desatando opiniones encontradas entre los diferentes grupos políticos al interior del Congreso del Estado tanto a favor como en contra.
Toda vez que los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, defienden las nuevas modificaciones, sin embargo, la oposición se mantiene en su postura de que la nueva ley, cuenta con ambigüedades que generarán una lluvia de amparos.
No bastaron 12 horas de discusión en la sesión ordinaria del pasado 15 de mayo, para terminar con la disputa, ya que a pesar de que fue aprobada, inició una serie de acusaciones mediáticas entre los diversos grupos políticos.
La discusión se basa específicamente en dos artículos, el 105 que trata el tema de los bienes inmuebles, y el 143, sobre el control de las cuotas de pago, principalmente.
Ley defiende a los derechos de estudiantes: Morena
Para la diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo, Vianey García Romero, la nueva Ley no tiene ambigüedades, ni pretende imponer ni robarle a nadie su patrimonio, como lo han dado a conocer.
De acuerdo a la legisladora, la polémica generada por la oposición, solo ha provocado confusión y desinformación sobre las bondades de esta ley, pues en ningún momento, se pretende controlar la libertad de cátedra o la autonomía en las decisiones de los estudiantes.
Sino que se busca garantizar que no se retengan los documentos de un estudiante por la falta de pago de una cuota, o en su caso, aumentar de manera considerable la colegiatura, sin un aviso previo, y o ajustado a la norma.
“Lo que se busca es intervenir cuando haya un abuso por parte de las autoridades educativas en el tema de los cobros, todos hemos visto, y sobre todo ahora con el tema del COVID-19, que hay abusos por parte de escuelas privadas”.
Ante esto, consideró que los representantes del PAN politizan y lucran con todo, por medio de una gran confusión entre la ciudadanía, con respecto a la ley.
Negó que el artículo 105, donde se señala que los bienes muebles e inmuebles de escuelas tanto públicas como privadas son parte del Sistema Educativo Estatal, siempre se han mantenido en la ley, desde 1993, por lo que no pretenden controlar estos espacios.
Propone Marcelo García reformas
Con la finalidad de dar mayor certeza jurídica a los dueños de las instituciones educativas sobre el futuro de su propiedad, el diputado local Sin Partido, Marcelo García Almaguer, presentó una propuesta de reforma a la Ley de Educación del Estado.
En entrevista el legislador local manifestó que el hecho de que haya entrado en vigor dicha ley, no significa que no pueda ser perfeccionada, por lo que presentó una propuesta de reforma, donde busca darle tranquilidad legal a las diversas instituciones sobre el futuro de su propiedad.
“Lo que buscamos es asegurar el respeto absoluto a la propiedad privada, para limitar los alcances de las autoridades educativas respecto a la formulación de planes de estudio, para detallar las modalidades de transparencia educativa, así como para reconocer el derecho de audiencia de los planteles privados frente a cualquier procedimiento”, señala el legislador.
Agregó que las reformas a los artículos 105, 117, 143, 145 y 146 pretenden acabar con las dudas que se han generado sobre aspectos fundamentales como la propiedad de bienes muebles e inmuebles de instituciones educativas privadas, la autonomía para fijar contenidos educativos o para determinar cuotas.
En lo que se refiere al artículo 105, donde se habla de los muebles e inmuebles, se pretende agregar el párrafo, “de igual forma, los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla deberán registrar los muebles e inmuebles destinados a la educación, ante la 25 Secretaría, con el estricto objetivo de que estos cumplan con las condiciones y disposiciones correspondientes”.
La Ley busca imponer ideología de Morena
Mientras tanto, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, manifestó que esta ley tiene una serie de ambigüedades que generarán una lluvia de amparos.
La legisladora lamentó que no se hayan escuchado a los sectores que fueron afectados por la nueva ley, que son los representantes de las escuelas privadas y las asociaciones de padres de familia, pues a pesar de la petición de realizar foros virtuales, el grupo mayoritario se negó a escucharlos.
Insistió en que existen conceptos que se podrían mejorar y evitar que existieran interpretaciones de la ley, sin embargo, siempre existió cerrazón total de parte de Morena para mejorar esta iniciativa.
Pues una armonización de una ley, no significa que quede idéntica, sino que se podrían mejorar, al agregar más especificaciones, por lo que solo se pretende impulsar una carga ideológica, pues fue expuesto en la justificación de la iniciativa de la ley.
“Cabe mencionar que esta ley, tiene muchos artículos que se pueden considerar inconstitucional… No fueron escuchados ningún sector educativo, ni padres de familia, que fue una ley en la que no quisieron ni dejaron participar a nadie, no hubo ninguna apertura para discutir la ley, nunca permitieron leer el documento del Consorcio Universitario, y eso da a entender que ocultan algo ¿no?”.
Agregó que en el caso de la entrega de los Reconocimientos de Validez Oficial (REVOE), existe una laguna legal, en el artículo 145, que generará amparos, ya que, en la Ley aprobada, se obliga a refrendar este reconocimiento, sin embargo, olvidaron poner la fecha para realizar este trámite.
Además de que para obtener el REVOE, la autoridad deberá de revisar el plan de estudios, lo que permitirá que la autoridad actual, imponga su carga ideológica en los planes de estudio, o de lo contario, no se les otorgará.
Ante esto, confirmó que el PAN sigue asesorando a los ciudadanos con la finalidad de que se amparen en contra de esta ley, por lo que sigue compartiendo los formatos del documento para que los colegios inconformes, realicen este procedimiento.
Cuenta con dobles atribuciones: PRI
Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la ley que fue aprobada, cuenta con ambigüedades, pero también con dobles atribuciones, que podrían generar un acto de inconstitucionalidad.
Así lo señaló la diputada local, rocío García Olmedo, quien aseveró que, en lo particular, los artículos 18, 105, 112, 116 y 146 de la Ley de Educación, generan incertidumbre jurídica, la cual servirá para que se puedan presentar nuevas reformas a la nueva Ley para arreglarla.
“Evidentemente coincido en algunas de sus partes por las ambigüedades que pueden generar una interpretación inadecuada, y eso evidentemente genera incertidumbre jurídica… presenté algunas propuestas modificatorias para tratar de resolver algunas ambigüedades y dobles atribuciones, sin embargo, no fueron aprobadas”.
Sin embargo, descartó la presentación de un acto de inconstitucionalidad, toda vez que los legisladores requieren por lo menos una tercera parte del total de diputados, es decir, 14, lo cual no se logrará antes del 18 de mayo.
