Abigail Baez
La violencia e inseguridad afectan negativamente el desarrollo de un Estado. La falta de acceso a la justicia implica que los delitos quedan sin resolución y las víctimas no pueden obtener ni protección ni reparación. Esta impunidad causa un ánimo social negativo y provoca actos de rechazo a las instituciones y sus integrantes.
En este particular las Corporaciones Policiacas son un elemento estratégico para la comunicación entre la estructura social y el gobierno. Son los primeros respondientes ante la notitia criminis.
La Policía Preventiva en los estados es un actor estratégico cuya función está contemplada en el Artículo 21 constitucional; resguardar la ley y vigilar que se cumpla es una de sus máximas institucionales, así colabora en la administración de justicia cumpliendo su parte en la Agenda 2030 con el objetivo 16: “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.
Ser policía es una mezcla entre perfil de personalidad y vocación, resiliencia para desempeñar una actividad que está entre la aceptación y el rechazo social.
Su función en la vía pública lo convierte en blanco perfecto por el uniforme que porta, está sujeto a un amplio marco jurídico nacional e internacional, además el bien común y el orden público requieren resguardo las 24 horas del día sin interrupción; esto genera horarios de trabajo que afectan la vida personal y familiar del policía.
Con relación a sus ingresos en Puebla los policías de línea perciben un salario neto de $7,200.00 mensuales, cantidad que recibirá un aumento del 20% retroactivo al 1º de junio pasado derivado de una protesta colectiva cuya petición fue legítima pues las distintas administraciones han utilizado la compensación económica como mecanismo para incrementar sus percepciones, pero no el salario.
A este escenario se suma hoy el coronavirus, detener a un delincuente, interactuar con él desde solo conducirlo en la patrulla, hasta incluso luchar cuerpo a cuerpo en una persecución, es una actividad con serio riesgo de contagio.
Estos servidores públicos garantes de la Paz, también enfrentan actualmente una lógica delictiva más compleja, sofisticada, apoyada en redes financieras y círculos sociales con poder económico. Se suma a esto el arraigo de los delitos de alto impacto, prácticas policiales inerciales como el abuso de autoridad, infiltración, corrupción que deriva en el uso de estructuras para proteger o realizar delitos; circunstancias que el examen de confianza no ha logrado erradicar.
Por otro lado, la desarticulación de las policías en cada cambio de gobierno, lo que fragmenta la capacidad operativa en las corporaciones. Puebla lleva tres cambios de administración gubernamental en menos de dos años. Siendo entonces la labor policiaca tan relevante fortalecerlos es en beneficio de todos sin excepción.
Un despliegue operativo basado en indicadores y esquemas de cobertura que garantice la eficacia, educación para los que se encuentren en desventaja educativa, profesionalización para los que tienen los mínimos académicos, especialización a quienes poseen suficiente experiencia que puede ser usada en favor de la ciudadanía, y por supuesto una especial atención al riesgo por alta exposición de contagio.
Devolverles la autoridad que no autoritarismo, pues son muy distintos, autoridad es el respaldo estructural al hacer su trabajo con ética.
Restituir su autoridad fortalecerá la lealtad a la institución, la lealtad articula a las corporaciones haciéndolas más fuertes y con alta disposición al trabajo en equipo, un proceso de selección que enfatice aún más el análisis de personalidad sumado a los requisitos de ingreso que logre detectar a los perfiles violentos y propensos al abuso de autoridad, admitir a estos individuos estresa a los demás elementos en la estructura al desempeñar su trabajo y si se les asigna mando el resultado es violencia laboral internalizada. Es un trabajo que merece recobrar su carácter aspiracional en la sociedad para ser una verdadera herramienta en la pacificación de nuestro estado.
Abigail Baez
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