Los exediles Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato son investigados por la contraloría municipal bajo el expediente G269-2019 que fue signado el 19 de septiembre del año pasado.
Así lo reveló el contralor municipal, José María Sánchez Carmona, frente a regidores de la comisión de reglamentación en su comparecencia ante los cuestionamientos de Iván Herrera Villagómez y Rosa Márquez Cabrera, militantes de morena.
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“Sí tenemos en casa identificado unas actividades y unas auditorias abiertas desde la cuenta pública 2015 por el rubro recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Al día de hoy damos seguimiento a la auditoría porque no se han terminado de solventar cuatro observaciones”.
Los señalamientos, continuó, que faltan por solventar, tres tienen que ver con “la baja por conclusión con previa a la emisión” y, por ello hay una revisión legal al respecto.
“Tenemos identificada esta línea de trabajo, y adicional que existe con respecto a empresas que están boletinadas por la autoridad de tributación. Sí lo tenemos en el radar, y estamos investigando pero en el debido proceso estamos generando las evidencia para llegar hasta las últimas consecuencias”.
Destalló que dicha contraloría pública no es parte activa de la entrega-recepción de la administración saliente y entrante, pero en el ámbito de sus atribuciones, como órgano interno de control, se implementaron acciones para que las dependencias y entidades remitan observaciones detectadas en la entrega-recepción.
“Al día de hoy se continúan realizando las gestiones para recabar datos e indicios que permitan reforzar y demostrar la presunta comisión de faltas administrativas o incumplimiento de las funciones desapegadas por parte de los servidores públicos de la administración pasada, aperturando un expediente de investigación con número G269-2019 con fecha de 19 de septiembre de 2019.
Sostuvo que se encuentran recabando datos o indicios que permitan demostrar una presunta comisión de faltas administrativas o el incumplimiento de funciones desplegadas por parte de diversos servidores públicos, ceñidas en la ley general de responsabilidades administrativas.
“Estamos recabado información para llegar a las últimas consecuencias derivado de hallazgos satisfactorios e insatisfactorios”, finalizó.
