Como una forma de reconocer su esfuerzo en el combate a la pandemia del virus Covid-19 la diputada local de Morena, María del Carmen Saavedra Fernández, presentó una propuesta de reforma para que los pasantes de las áreas de salud cuenten con un salario.
De acuerdo a la diputada local se informó que los pasantes de medicina o enfermería han respondido a la contingencia sanitaria sin pensar en las consecuencias que se presenten al atender a los pacientes.
En este sentido se informó que a pesar de estos esfuerzos, las quejas de los pasantes y de servicio social se han incrementado derivado de las condiciones en las que laboran y que en ocasiones no cuentan con un espacio para descansar en el campo clínico, por lo que deben de pagar sus propios alimentos y hospedaje.
Ante esto, la legisladora local manifestó que con la finalidad de garantizar a las y los pasantes en el área de salud, por lo menos, el salario mínimo vigente como remuneración, que permita cubrir sus necesidades.
En este sentido Saavedra Fernández consideró que se debe garantizar que los pasantes, tengan por lo menos un ingreso mínimo por su labor, debido a que a lo largo de sus jornadas realizan diversos gastos, como alimentación, transporte y material para ejercer de manera oportuna sus funciones. Por lo que es importante garantizar el salario mínimo vigente como una forma de reconocer la labor que realizan.
Así mismo se exhortó al Ejecutivo Estatal y al Fiscal General del Estado, para que, se lleven a cabo acciones coordinadas para la investigación de delitos cibernéticos cometidos mediante el uso de computadoras y tecnologías de la información y mediante la Dirección de la Policía Cibernética entregue el resultado de las indagatorias y de cumplimiento a los demás requerimientos legales que realice el Ministerio Público en los que haya denuncia por violencia de género.
En su exposición la legisladora señaló que, la propuesta también considera exhortar a las autoridades a llevar a cabo la actualización del convenio que permite el intercambio de información entre autoridades y empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones para prevenir, erradicar y sancionar los delitos cibernéticos que son cometidos por medio del uso de tecnologías de la información y comunicación.
