Debido a prácticas fraudulentas que se han registrado en el municipio de Zacatlán, el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, exhortó a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a las autoridades municipales, a que garanticen que la venta de lotes en la Sierra Norte se ajuste a la legalidad y a un correcto ordenamiento territorial.
El legislador poblano, denunció que en el municipio de Zacatlán y comunidades aledañas, empresas inmobiliarias están ofreciendo y vendiendo lotes sin servicios básicos de habitabilidad como agua potable, red de energía eléctrica y drenaje, con la promesa de que en un futuro se podría edificar una vivienda, contraviniendo el derecho al consumidor y el derecho humano y constitucional de acceder a una vivienda adecuada.
“Situación que alarma a los habitantes de diversas comunidades del municipio, al señalar que ni siquiera ellos cuentan con dichos servicios básicos y que con la implementación de nuevos desarrollos habitacionales se verán aún más perjudicados”, señaló.
El secretario de la Comisión de Vivienda en San Lázaro, refirió que este esquema fraudulento sucede al norte del estado de Puebla, argumentando que empresas como Inmobihogar, Inverplús, Bienes Raíces Vaal y Vidcrea se publicitan a lo largo de todo el municipio ofreciendo lotes con servicios disponibles, “cuando son totalmente irregulares y en algunos casos, se señala que más de una empresa ofrecen los mismos predios”.
En la ranchería Ayotla, localizada en el norte del municipio de Zacatlán, apuntó, la inmobiliaria Inmobihogar pretende desarrollar un proyecto denominado “Eco-Desarrollo La Cima” el cual comprende 110 lotes de 900 metros cuadrados en un terreno rústico, de uso de suelo agrícola, en donde no hay sistema de drenaje, ni de agua potable ni servicio eléctrico.
El congresista por el Sexto Distrito, aseguró que dicho proyecto resulta violatorio al artículo 48, fracciones II y III, de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano de Puebla, por la presumible inexistencia de las constancias de factibilidad de dotación de los servicios de agua potable y drenaje sanitario, de factibilidad de dotación los servicios de energía eléctrica y alumbrado público, que por virtud del mismo artículo los documentos tuvieron que haber sido entregados ante el Ayuntamiento, recayendo directamente la responsabilidad en el Director de Obra Pública del gabinete, para la obtención de la licencia de construcción de un fraccionamiento.
Señaló, que la venta del total de los 110 lotes, tomando en consideración que el precio ronda en los 130 mil pesos, nos da un total de 14 millones 300 mil pesos. La inmobiliaria también ofrece construir eco-cabañas en alrededor de 500 mil pesos cada una, tomando en consideración 110 en ese precio, en suma la venta de los predios significa un negocio de 69 millones 300 mil pesos, es decir, “un negocio millonario a base de un fraude que, de acuerdo con el Código Penal Federal, se pagaría con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario”.
“Dichos lotes contravienen al derecho humano a una vivienda adecuada consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al no cumplir con los elementos fundamentales.
Indicó, que de acuerdo con información recabada, algunos de los habitantes de la comunidad de Ayotla se proveen del agua de un manantial localizado en el rancho Almeya, el cual tiene capacidad para abastecer a 150 familias, empero ya se encuentra rebasado porque actualmente suministra a 180 familias, lo que resultaría insostenible adicionar 110 vivienda del proyecto Eco-Desarrollo La Cima.
“Por tal motivo, resulta indispensable implementar medidas urgentes para garantizar que la venta de los lotes que ofrecen las inmobiliarias se apegue a la legalidad, salvaguardando el derecho constitucional del consumidor, y el derecho humano y constitucional de acceso a una vivienda adecuada, al tiempo de generar un ambiente de tranquilidad en los habitantes de la comunidad de Ayotla, al no verse amenazados con un nuevo desarrollo inmobiliario que podría reducir sus ya escasos servicios básicos de habitabilidad”.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que realice una revisión exhaustiva de los lotes puestos en venta por diversas inmobiliarias en la Sierra Norte de Puebla, a fin de garantizar certeza jurídica del bien inmueble que puedan adquirir los consumidores. Y que, en caso de encontrar irregularidades con alguna de las inmobiliarias, se sancione conforme a lo previsto en el artículo 27, fracción VII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al honorable ayuntamiento de Zacatlán, ubicado en el estado de Puebla, a que haga pública toda la documentación entregada por la sociedad mercantil de nombre comercial Inmobihogar al ayuntamiento de Zacatlán para obtener la licencia de construcción de fraccionamiento, referente al proyecto conocido como Eco-Desarrollo La Cima o La Cima, a fin de garantizar la certeza jurídica de los consumidores.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una revisión exhaustiva de los terrenos que están puestos en venta por inmobiliarias, en la Sierra Norte de Puebla, a fin de garantizar un correcto ordenamiento territorial.
