Cuando faltan 130 días para la elección más importante de la historia de este país, y después de toda la polémica que ha implicado usar los medios para promoverse en tiempos electorales, el INE ordenó silenciar al Presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales y en resumen todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Resulta que no podrán opinar públicamente sobre los asuntos electorales hasta después de la elección del 6 de junio. “Las valoraciones, juicios u opiniones que pudieran emitir sobre la contienda político electoral las y los servidores públicos pueden favorecer o perjudicar a alguna o algunas fuerzas políticas, con lo cual se atenta contra el principio de equidad en la competencia electoral, aunado a que se inobservaría el principio de neutralidad que, como ha señalado con claridad la propia jurisdicción, está obligado a respetar”, relata el dictamen aprobado el pasado viernes.
Por lo pronto no podrán hablar sobre las prerrogativas de los partidos políticos, tampoco de su vida interna, nacionales y locales; no podrán mencionar nada sobre a los cargos de elección popular ni local ni federal; coaliciones, fusiones y alianzas electorales. Les tendrán restringido hablar sobre las plataformas electorales, campañas, estrategias y encuestas de opinión. Se informó que estas restricciones son enunciativas más no limitativas, es decir, otros temas que no se mencionaron podrían estar prohibidos también.
Muchos aplauden, y yo también (hasta ahora), que el Instituto busque evitar que actores políticos en posiciones de poder influyan en las preferencias electorales y con esto se violenten los principios de equidad e imparcialidad. Cabe decir que esta resolución aún puede ser impugnada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sobre esto quiero dejar algunas preguntas:
¿Es necesario que el INE emita una resolución como ésta?
¿Cuándo vamos a estar a la altura de las necesidades de este país?
¿Cuándo nos vamos a tener confianza?
¿Cuándo seremos adultos responsables en el uso y ejercicio de nuestros derechos civiles?
¿Cuándo es que podremos tener la certeza jurídica de que se sancionará a quienes violan y/o transgreden las leyes en este país?
¿Es lícito que Morena (o cualquier partido en el poder) se abrogue la «propiedad» de actos de gobierno que sean de índole obligatoria, como la distribución de las vacunas contra el COVID-19?
La democracia hoy día también es escuchar con respeto las distintas voces de quienes pretenden seguir escribiendo la historia de este México tambaleante, lastimado, herido, pero dispuesto a recuperar los espacios de liderazgo que nos lleven a un futuro inmediato justo y equilibrado para todos.
Espero tus comentarios en @NoticiasVIcky y FB VickyFuentes/Oficial
