La Universidad Iberoamericana de Puebla junto con integrantes de más de 60 organizaciones, colectivos y espacios académicos realizaron este lunes, un llamado al Congreso del Estado de Puebla para que se garantice que la ley en materia de desaparición y búsqueda de personas que se apruebe, contenga los más altos estándares de protección para las personas desaparecidas y sus familiares.
Por lo anterior académicos de la institución, así como integrantes de diversas agrupaciones, exigieron que haya armonización del marco jurídico estatal con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
“Expresamos nuestras preocupaciones en torno a algunos puntos de la iniciativa de Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, presentada por el gobernador del estado en días pasados. La iniciativa mencionada contiene elementos importantes que contribuyen a una buena armonización legislativa y a dotar de herramientas a la institucionalidad para hacerle frente al fenómeno de la desaparición de personas”, destacó.
Expresaron que de acuerdo con la revisión realizada, la iniciativa del Ejecutivo estatal: 1. No incorpora en su glosario, y en algunos casos en el desarrollo mismo de la iniciativa, deniciones importantes como áreas de resguardo, búsqueda inmediata, fosa clandestina, fosa común y fosa individualizada.
Enumeraron que no reconoce condiciones de preferencia sexual y de orden social, económico, histórico y cultural como parte del enfoque diferencial y especializado que presenta como principio orientador.
“Debilita al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas al: a. No sujetar su actuación a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas aprobados por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas; b. Limitar su integración y no incorporar a actores como la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; c. No obligar a las autoridades que lo integran a fortalecer la actuación del Consejo Estatal Ciudadano a través de la entrega en tiempo y forma de la información que requiera; d. No incorporar estándares internacionales de estructura, proceso y resultado para rendir cuentas; y e. No darle el mandato de garantizar que el personal que participe en acciones de búsqueda reciba la capacitación y certicación necesaria y adecuada”, precisaron mediante un comunicado enviado por la universidad.
Expresaron que pone en riesgo las capacidades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla al: a. No establecer un proceso abierto, transparente e inclusivo para la designación de su titular, con el acompañamiento de las familias y otros actores sociales; b. No obligar que la información que genere quede sujeta a las reglas de acceso a la información y protección de datos personales; y c. No garantizar una estructura necesaria para su funcionamiento.
Además de que no garantiza la participación de las familias en las acciones realizadas por los grupos de trabajo para la búsqueda de personas y el análisis del fenómeno de desaparición.
En el análisis realizado por los académicos de la Universidad Iberoamericana, limita las capacidades del Consejo Estatal Ciudadano al: a. Reducir la participación de familiares y de especialistas en su integración; y b. No darle atribuciones para evaluar a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y no considera la creación de un Fondo Estatal de Desaparición.
