La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco informó que heredará a la siguiente administración 320 millones de pesos de libre disposición para que su sucesor Eduardo Rivera Pérez pueda arrancar funciones y dar salida a sus proyectos.

En conferencia de prensa, manifestó que todo ello fue posible gracias al manejo responsable de las finanzas públicas y el uso racional de los recursos pese a la crisis sanitaria que provocó la Covid.

“En el caso del municipio se dio a conocer una reducción 680 millones de pesos derivado de la crisis sanitaria, no obstante en medio de la crisis, entregaremos finanzas sanas, sin deuda y recursos propios para que no se detengan los servicios, ni los proyectos que la administración entrante tenga considerado implementar a la ciudadanía”.

Rivera Vivanco sostuvo que ello se ha informado al edil electo, Eduardo Rivera en las reuniones previas, donde se dijo que se contó con una cifra de 282 millones, sin embargo, el montó creció.

“Se informó en la reunión al corte de agosto un monto de 282 millones de libre disposición, sin embargo ha tenido una modificación, se indicó que la cifra ha incrementado, ha tenido un aumento al 15 de septiembre y se contabilizan 320 millones aproximadamente”.

En su intervención, el tesorero Leobardo Rodríguez Juárez explicó que la actual gestión municipal ya hubiera querido que les entregaran el desglose como ésta lo ha hecho.

Dijo que existió una confusión cuando su antecesor Armando Morales Aparicio ofreció una cifra superior a los 500 millones, misma que fue sacada de contexto, ya que dejarán tres veces más.

Mencionó que al corte del 15 de septiembre cuentan con mil 220 millones para pagar los compromisos hasta el 14 de octubre, fecha cuando termina la actual administración.

Esta suma es para nómina, contratos, entre otros compromisos, dejando en claro que, bajo ninguna circunstancia, hubo política de compras de pánico, todo lo que contratado estuvo programado y cuantificado.

“En este ejercicio se trabajó de manera puntual y prudente para verificar los plazos de adjudicaciones y lo que no se puedan garantizar se canceló el pago para no forzar y no caer en esta mala práctica a veces los gobiernos recurren, esto es prudencia financiera”.

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