A propósito del día del Ministerio Público, celebrado el pasado 22 de octubre a nivel nacional, viene a colación la pregunta de cómo va el estado de Puebla en materia de procuración de justicia y la realidad es que aún hay pendientes grandes retos.
Así como ha sido analizada la problemática de la policía municipal y estatal, la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad, hoy analizo algunos números en materia de procuración de justicia que indican que las cosas no van del todo bien respecto de otras entidades del país, ya que la pandemia impactó esta etapa del proceso que culmina con la sentencia de un presunto responsable de un delito, más allá de si se encuentra o no privado de la libertad en algún Centro de Reinserción Social.
Una de las cifras que más preocupan es la tasa de agentes del Ministerio Público del fuero común por cada 100 mil habitantes ya que según el INEGI ésta no se ha movido significativamente a pesar de que en los últimos años han causado alta algunos MP en la fiscalía poblana.
En este sentido, la tasa sigue siendo menor a 6 agentes del MP mientras que en estados como Chihuahua rebasa los 31, es decir que en Puebla hay 5 veces menos personal con esta función que en la entidad fronteriza, que además ha sido pionera en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Con esta cantidad de agentes del MP Puebla se ubica en el lugar 29 en el ranking nacional, donde 1 es mejor y 32 es peor.
Otro dato que debería preocupar a los habitantes de Puebla es el número de Carpetas de Investigación por cada agente del MP, que asciende a 459 al año, es decir que a cada uno le corresponde resolver 1.3 Carpetas al día trabajando todos los días al año y 1.8 considerando únicamente los días hábiles, pero sin considerar un posible rezago. Con esta cantidad de expedientes la entidad poblana se ubica en la posición 8 en el ranking nacional de Carpetas por agente del MP, en la que una cantidad menor es mejor.
Para cerrar el tema de procuración de justicia destaca que el número de policías investigadores (coloquialmente conocidos como policías ministeriales) es de apenas 3.4 por cada 100 mil habitantes, lo que ubica a Puebla en el lugar 21 del ranking nacional, donde 1 es mejor y 32 es peor. Lo anterior pese a que el pasado mes de junio causaron alta 29 policías de investigación.
Por si esto no fuera suficiente y aunque no compete a la Fiscalía General del Estado, la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en Puebla es de apenas 2.1, que la ubica en la posición 31 del ranking nacional, donde 1 es mejor y 32 es peor. Nada alejado de la realidad del país que se sitúa en una tasa de 2.2 según el Índice de Paz.
Ante este tipo de situaciones una alternativa de solución es apostar por la prevención desde las instancias de gobierno encargadas de esta fase del proceso en estrecha coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, para que eso suceda se les tendrá que perder el miedo a que pudieran fungir como contrapeso en la toma de decisiones en materia de gobernanza, en la que por supuesto está incluida la seguridad.
En el caso del municipio de Puebla, las primeras acciones en materia de prevención parecen ir en ese sentido, incorporar a los ciudadanos en general, empresarios, comerciantes, líderes vecinales y otro tipo de organizaciones que deseen participar en la seguridad de su primer entorno,
La otra opción es que las empresas de seguridad privada participen activamente en esa primera línea de protección de las personas y su patrimonio, como lo marcan los ordenamientos legales al considerarlos coadyuvantes en materia de prevención en el amplio marco de la seguridad pública.
Con mayor razón si consideramos que muchos de los delitos han dejado de suceder en las calles y se trasladaron a la plataforma de internet, donde claramente las dependencias gubernamentales muestran un gran rezago en cuanto a sus áreas de policía cibernética, es decir que lo nuevo en este campo es la denominada ciberseguridad.
