Por unanimidad, el Congreso del Estado autorizó a los 217 municipios para que, durante su gestión, contraten línea de crédito, misma que debe ser ejecutada para proyectos de infraestructura social.
Antes de la aprobación, el diputado Enrique Rivera Reyes dijo que un punto destacable es que las presentes administraciones no dejarán pasivos a sus sucesores, pues lo contratado deberá ser subsanado en el periodo 2021-2024.
“Esto es importante porque no genera una deuda para las próximas administraciones. Podrán disponer de hasta 25 por ciento del recurso que recibirán en los próximos ejercicios 2022, 2023 y 2024, esto habla que podría combatir de manera inmediata el mayor rezago social que tengan en sus diferentes demarcaciones”.
Abundó que podrán usar hasta 25 por ciento de los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), permitiendo a los ediles adelantar proyectos que reviertan el rezago social.
Los créditos deberán tener tasas preferenciales e incluso refirió que Banobras ofrece el 7.25 por ciento anual.
Es de citar que la bolsa máxima para los 217 municipios asciende a los 3 mil 235 millones 323 mil 937 pesos, aunque no comprende intereses, comisiones y demás accesorios.
Cada municipio podrá contratar el o los financiamientos autorizados en el presente decreto, en el transcurso de los ejercicios fiscales 2021 y 2022 inclusive, pero en cualquier caso deberán pagarlos en su totalidad en un plazo que no exceda el período constitucional de la administración municipal que lo contrate; esto es, a más tardar el 17 de octubre de 2024.
Cada contrato celebrado deberá precisar el plazo máximo en días y la fecha específica de vencimiento para el financiamiento.
Los municipios podrán negociar con la Institución de Crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano acreditante, los términos y condiciones del o los financiamientos que cada uno de ellos decida contratar.
