Tres millones y medio de personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, elevada a rango constitucional por iniciativa del Gobierno de México desde el 8 de mayo de 2020, en cumplimiento del derecho internacional en la materia, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Estado mexicano inició esta mañana la sustentación de los informes periódicos segundo y tercero combinados presentados por México en 2018 ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que permite exponer las acciones instrumentadas por nuestro país en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes expresó que hoy en México, «hemos tenido el deber exaltado de acercar los medios, los elementos y las posibilidades de que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en plena libertad y conforme a sus propias decisiones, escuchando con atención sus necesidades, sus demandas, sus intereses, deseos y esperanzas».

En un enlace virtual hasta Ginebra, Suiza, sede del CDPD, Montiel Reyes informó sobre el esfuerzo presupuestario desde 2019 y hasta el presente, por parte del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que asciende a más de 227 mil millones de pesos, es decir 10 mil 850 millones de dólares para garantizar un ingreso básico a la población que vive en condición de discapacidad, de manera universal a las personas de 0 a 29 años y mayores de 65 años de edad, y para las personas de 30 y hasta 64 años para quienes habitan en municipios y localidades indígenas o afromexicanas y en municipios o localidades y que viven en extrema pobreza.

En este marco, reiteró la propuesta del presidente López Obrador ante los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado 9 de noviembre de 2021, para conformar un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo, dijo, es crear un fondo por mil millones de dólares que sirva, entre otros propósitos, para atender a las personas con discapacidad.

En el caso mexicano, la pensión se entrega de manera directa a las y los beneficiarios. “Estamos decididos a aplicar una fórmula distinta para desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el recurso distribuido bajo el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres”, enfatizó la titular de Bienestar durante su mensaje.

Anunció que se trabaja de forma institucional con las y los gobernadores de las 32 entidades federativas para que, de forma conjunta con el Gobierno de México, puedan solventar la pensión universal para personas de 30 a 64 años de manera universal a fin de dignificar sus niveles de vida.

“Hemos tomado medidas y acciones para dar cumplimiento a las obligaciones adoptadas por México, en un compromiso fehaciente por la protección de las personas y velar por sus derechos y su bienestar”, expresó Ariadna Montiel a los integrantes del CDPD de la ONU.

La delegación mexicana está encabezada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y participan servidores públicos de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (Segob), Economía (SE), Función Pública (SFP), Educación Pública (SEP), Trabajo y Previsión Social (STPS), y de Salud, entre otros; así como de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), y diversos organismos autónomos que coadyuvan en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y acciones en beneficio de las personas con discapacidad. También asiste la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

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