El Congreso del Estado aprobó por mayoría el incremento a las tarifas de agua potable entre un 4 y 7 por ciento, en el primer caso para grupos vulnerables y, en el segundo, para el segmento con mayor poder adquisitivo.
Pese a las manifestaciones de colectivos en defensa del líquido, el proyecto fue avalado con 30 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.
De acuerdo con el coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estefan Chidiac afirmó que la propuesta es benéfica inclusive dijo que la decisión que tomaron es valiente.
“Hay que tener valentía, es más fácil decir no, pero es más difícil decir sí. Un diputado federal (Alejandro Carvajal), afuera ha aprobado el incremento de agua y no dice nada que la luz esta incrementado y otros insumos. Es una buena propuesta para la población”.
Añadió que existen candados para obligar que el suministro sea más eficiente, y si no hay inversión, dijo, se evitará el incremento que está topado en 7.5 por ciento, es decir, no podrá aumentar más allá de este dígito.
“Se puso un tope de 7.5 por ciento anual, si la inflación se desboca, se pone un alto, lo que no tenía el contrato anterior”.
Dijo que hay un falso debate en el pleno, entre buenos y malos, se trata de mejorar las condiciones debido a que en próximos años el abasto cada vez será peor.
En tanto, el diputado de Morena, Iván Herrera Villagómez rechazó el aumento, pues además de ser abusivo, la administración es deficiente: hay agua contaminada y hasta con fecales.
Recordó que el propio director del Soapap, Gustavo Gaytán mencionó que las utilidades anuales son de 360 millones de pesos, por eso se desabarranca la versión de que no hay recursos para mejorar el servicio.
El presidente del Congreso de Estado, Sergio Salomón defendió el incremento y rechazó que haya un voto de castigo. Añadió que el poder legislativo estará vigilante para que se cumpla con todo lo estipulado.
Mientras la discusión se realizaba, arribaron colectivos para manifestarse en contra de la determinación.
Uno de los que encabezó la queja fue David Méndez, ex delegado de Instituto Nacional de Migración y ex secretario de gobernación de Luis Miguel Barbosa Huerta, también se observó al diputado federal Alejandro Carvajal.
Todos ellos se pronunciaron en contra de la decisión del legislativo porque la privatización del servicio en el 2013 no cumplió con los objetivos.
