Felipe Carpinteiro, víctima de la delincuencia, solicitó que la denominada Ley Carpy no sea letra muerta y todas las personas afectadas por un asalto sean atendidas de manera gratuita en los servicios públicos y éstos tengan el presupuesto para cumplir la finalidad.
Este viernes en sesión extraordinaria, se aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Puebla para establecer que las instituciones hospitalarias públicas de la entidad, así como las unidades médicas del Estado y de los 217 municipios tengan la obligación de prestar atención inmediata y permanente a las víctimas que lo requieran.
En la misma, se establece que, cuando una persona es víctima de un delito, puede experimentar una serie de reacciones que dañan su salud física y emocional, colocándola en un grado de vulnerabilidad que requiere atención inmediata para contener los efectos negativos del delito.
Tal es el caso de Felipe Carpinteyro Aguilar, quien fue baleado dejándolo con parálisis total en las extremidades inferiores, entre otros daños.
Sin embargo, cabe hacer mención que la misma no aplicará a las víctimas actuales, sólo serán favorecidas una vez que se haya publicado en el Periodo Oficial del Estado.
En entrevista, Felipe Carpinteyro Aguilar dio a conocer que gasta más de 30 mil pesos mensuales para solventar todos sus servicios médicos tras el asalto el 1 de julio en el 2022, y ninguna institución lo apoya.
“Que haga valer la ley porque muchas veces se crean leyes, pero muchas veces no se llevan a cabo, por ejemplo, en cuestiones médicas, muchas veces se sufre de medicamentos y se haga cumplir la ley y ojalá en el presupuesto de salud se tome en cuenta”.
La iniciativa prevé que en materia de servicios de asistencia, se otorgará atención y protección a la víctima, misma que tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud vigente.
