Un operativo policial en la colonia Viveros de Sanctorum, Cuautlancingo, culminó con la detención de seis integrantes de un centro de rehabilitación privado, quienes irrumpieron en una vivienda para intentar llevarse por la fuerza a un joven con problemas de adicción. El grupo, que se autodenomina «Patrulla Espiritual», terminó tras las rejas luego de que la situación escalara rápidamente en una pelea.
Los hechos ocurrieron en la privada León, cerca de la calle Mónaco, cuando los sujetos ingresaron sin permiso al domicilio donde vivía el afectado. Según versiones de testigos, todo comenzó cuando la hermana del joven de 28 años, identificado como Gabriel, habría contactado al anexo para solicitar ayuda. Sin embargo, su madre se opuso rotundamente al intento de traslado, lo que desató una confrontación física.
Durante el forcejeo, los miembros del centro agredieron al hombre, provocando una escena de violencia que alertó a los vecinos. Al escuchar los gritos, residentes de la zona llamaron a las autoridades. Al llegar las patrullas, los involucrados intentaron huir en un auto MG con placas de Puebla, pero fueron interceptados tras una breve persecución.
Tras su captura, los seis hombres fueron llevados al Complejo de Seguridad de Cuautlancingo. La madre de Gabriel formalizó la denuncia, lo que derivó en que cinco de los detenidos enfrenten cargos por allanamiento de morada y lesiones. El sexto individuo fue presentado ante un juez para definir su situación legal.
El debate sobre los métodos de los anexos resurge
Este caso reaviva la polémica en torno a las prácticas de algunos centros de rehabilitación no regulados en Puebla. En los últimos años, múltiples denuncias han expuesto el uso de violencia, secuestros e incluso muertes bajo el argumento de «tratar» a personas con adicciones. Las autoridades insisten en que estas acciones no solo son ilegales, sino que agravan la vulnerabilidad de quienes buscan ayuda.
Aunque los anexos operan como una alternativa informal ante la falta de servicios públicos especializados, su actuación frecuentemente cruza límites éticos y legales. Organizaciones civiles exigen mayor supervisión gubernamental, mientras que la Fiscalía estatal reitera que cualquier intervención debe respetar los derechos humanos y los protocolos legales.
