El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha dado instrucciones a la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar posibles desapariciones en el rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco, luego del hallazgo de restos humanos que podrían pertenecer a más de mil personas, incluidos menores de edad. Este descubrimiento ha sido calificado como una de las tragedias más grandes en los últimos años, conmocionando tanto a la sociedad como a las autoridades.
En conferencia de prensa; Armenta Mier expresó su preocupación por el caso y recalcó la importancia de mantener una atención constante a este hecho. “Vamos a pedirle a la Fiscalía que esté pendiente para saber esto que preguntas… vamos a estar pendientes”, dijo el gobernador, asegurando que su gobierno no escatimará esfuerzos en esclarecer los hechos.
Restos humanos en el rancho Izaguirre
El hallazgo de los restos humanos en el rancho Izaguirre ha generado una gran indignación pública; y la noticia ha tenido un fuerte eco en los medios de comunicación; sobre todo por el alto número de personas desaparecidas implicadas. La magnitud de la tragedia ha motivado que las autoridades poblanas tomen cartas en el asunto; con el objetivo de esclarecer si existen conexiones con la desaparición de personas originarias de Puebla o si se trata de una situación más amplia que involucra a diversos estados del país.
Por su parte, el vicealmirante Francisco Sánchez González; titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; aprovechó la oportunidad para detallar las acciones que dicha dependencia ha implementado para la atención de personas desaparecidas en el estado. Sánchez González enumeró seis medidas clave; enfocadas en la búsqueda y localización de personas; y en el fortalecimiento de los protocolos de seguridad para prevenir casos similares en el futuro.
Este acontecimiento ha dejado al descubierto la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades de diferentes niveles de gobierno para enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El caso sigue siendo una prioridad para el gobierno de Puebla; que se mantiene comprometido con la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.
