Decíamos en la entrega anterior, que entre 2020 y 2022, el gobierno de López Obrador fue configurando el traslado de los aeropuertos que administraba la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) al sector militar integrado por la SEDENA y Marina y a un grupo aeroportuario privado Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano.
Se trató de un conjunto de acciones encaminadas a trasladar los aeropuertos a los militares. Se inició en paralelo el desmantelamiento de ASA al quitarle la administración de 17 aeropuertos de los 21 que tenía todavía hasta el año de 2022. La decisión fue “salomónica”, unos aeropuertos a la Secretaría de Marina y otros a la Secretaria de la Defensa. Se constituyeron dos grupos aeroportuarios: Grupo Aeroportuario Marina en agosto de 2024 que en este momento opera 8 aeropuertos: los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM), Matamoros, Ciudad del Carmen, Loreto, Guaymas, Ciudad Obregón y Toluca, y el nacional de Colima. Inicialmente estas terminales aéreas se agruparon bajo la denominación de CASIOPEA, que coloquialmente se hizo pública y que tenía la intención de crear una analogía con la constelación Casiopea que guía a los navegantes náuticos.
Por su parte, la SEDENA creo el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, conocido por sus siglas como GAFSACOMM, creado en abril de 2022. A este Grupo se le asignaron 12 aeropuertos: Los internacionales Felipe Ángeles (AIFA), Chetumal, Palenque, Tulum, Campeche, Uruapan, Puebla, Nuevo Laredo, Nogales y Ciudad Victoria, y los nacionales Tamuín (SLP) e Ixtepec.
Con la asignación de esta veintena de aeropuertos a los militares, estos incrementaron su poder y participación en sector aéreo civil que no tenían. El empoderamiento es importante y cuestionable. En menos de tres años, los últimos del gobierno de López Obrador, la marina y el ejército se hicieron de la infraestructura y de más de 10 mil hectáreas de terreno de 20 aeropuertos en toda la geografía del país; por lo tanto, el mapeo territorial de su presencia a través de los aeropuertos civiles creció exponencialmente con relación a los aeropuertos militares que operaban. La Secretaría de Marina, por ejemplo, no solo tiene ahora presencia en aeropuertos militares costeros, como podría señalar forzadamente el sentido común, si no que ahora tiene presencia en aeropuertos civiles tierra adentro del territorio del país, como son los casos del AICM y el aeropuerto de Toluca. Discutible sin duda este incremento de participación militar en el sistema aeroportuario mexicano, por el empoderamiento que significa para el sector militar, trátese de la marina o del ejército, y de lo que personifica esta presencia castrense en lo que algunos señalan como una competencia económica desleal con los grupos aeroportuarios privados OMA, ASUR y GAP, aun cuando se pretendiese justificar que la mayoría de los aeropuertos asignados, con excepción del AICM, AIFA y el de TULUM, no representan una competencia por tratarse de aeropuertos pequeños. Podría afirmarse, inclusive, que la prioridad del sector militar no es tanto la rentabilidad por la operación de dichos aeropuertos sino el aumento de su presencia y empoderamiento en el territorio nacional que ahora tienen a través de los aeropuertos civiles que les fueron asignados. Impensable hace seis años
