A principios de octubre, los integrantes de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado en el Congreso de Puebla sesionarán para determinar si Amanda Gómez Nava, extitular de la ASE, será objeto de una atención administrativa o si se iniciará un proceso judicial.
Lo anterior se debe a la adquisición de una camioneta blindada por un monto aproximado de 2.8 millones de pesos, informó la diputada local Norma Estela Pimentel. La legisladora precisó que la unidad técnica se encuentra realizando la revisión correspondiente y que se espera la sesión de la comisión para tomar una decisión.
Pimentel explicó que será la Unidad Técnica la encargada de establecer si existe responsabilidad administrativa y, de ser así, de calificar su gravedad. Esta evaluación determinará si procede un proceso adicional y la notificación a las instancias correspondientes. “Actualmente nos encontramos en la primera etapa, que consiste en el análisis de la responsabilidad estrictamente administrativa”, indicó.
En su momento, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que, en caso de encontrarse responsable del uso indebido del millonario monto, Amanda Gómez tendría que enfrentar acciones jurídicas debido a la gravedad de sus faltas.
