El 15 de septiembre de 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en el Senado de la República la iniciativa por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, lo cual no es asunto menor.
La figura del “amparo”, en términos jurídicos, está sumamente ligada a la manera en que las y los mexicanos nos organizamos como sociedad y la relación que, en lo individual y lo colectivo, establecemos con nuestros gobiernos. De esta manera, mientras en otros lugares se parte de la confianza en la autoridad, en el caso de México pareciera que partimos de lo que reza el refrán aquel de que “la burra no era arisca, la hicieron” pues, históricamente, la figura el amparo ha sido el mecanismo de defensa con el que hemos contado las y los mexicanos ante el abuso o la arbitrariedad del Gobierno.
De esta manera, cualquier modificación a la figura del amparo significa, se busque así o no, un replanteamiento del “pacto social” que sustenta a la sociedad mexicana actual y da lugar a nuestra forma de gobierno. Aún más, en combinación con la reforma al Poder Judicial, la modificación que se haga a la “Ley de Amparo”, terminará por influir en el tipo de régimen legal y el tipo de estado de derecho al que queremos o podremos acceder y, asimismo, en las condiciones que tendremos para atraer inversiones y generar empleos o, en su defecto, perder atractivo para ambas.
Lo bueno. Sin duda, y en lo que ya parece una muy bienvenida constante en los planteamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fortalecimiento del componente digital y de agilización del acceso a este tipo de recursos, al hacer obligatorio el registro de los usuarios electrónicos de todas las autoridades involucradas en cada recurso que se presente, logrando así hacer mucho más eficientes las respectivas notificaciones. En este sentido, es una lástima que este espíritu modernizador se circunscriba lo Federal y no aplique en el ámbito estatal.
Lo malo. Con el ánimo de contrarrestar lo que se ha llegado a calificar como la “industria del amparo” en materia fiscal, la propuesta presidencial debilita de manera importante la capacidad de defensa de los individuos, evitando poder controvertir los créditos fiscales que establezca la autoridad o los “congelamientos de cuentas” que haga unas autoridad distinta de la judicial -es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá congelar cuentas y no habrá autoridad a la cual recurrir para quejarse por tal hecho-.
Lo feo. Si bien el debilitamiento de la capacidad de defensa a nivel individual es algo que preocupa, el caso de la defensa de los derechos o causas sociales preocupa mucho más pues, con la propuesta presidencial, la facultad de interponer un recurso de amparo ante un determinado acto de autoridad vuelve a ser prerrogativa, en exclusiva, de la persona directamente afectada. Lo anterior significa que la puerta por la que se ha logrado avanzar de manera importante en materia de derechos de las mujeres (decidir sobre su sexualidad y/o su propio cuerpo), tolerancia ante la diversidad sexual (matrimonios entre personas del mismo sexo) o la defensa del medio ambiente (suspensiones de proyectos por su afectación a su entorno y, por ese hecho, a la comunidad o los colectivos, como sucedió con el Tren Maya por carecer de los estudios de impacto ambiental o por sus afectaciones al ecosistema de la región), ya no existirá. Paradójicamente, son causas tradicionalmente asociadas a la agenda progresista de “izquierda” las que mayor avance han logrado por medio de su defensa como derechos sociales.
Es evidente que en gran medida la iniciativa presidencial está influida por la resistencia que se presentó, a través del Poder Judicial, a los proyectos e iniciativas del expresidente López Obrador. Sin embargo, me parece que lo hace de la manera menos constructiva pues, en lugar de garantizar que los gobiernos hagan bien las cosas y afecten lo menos posible los derechos de los individuos, opta por reducir y debilitar los medios de defensa de los individuos ante los errores o abusos de quienes, de manera temporal, ocupan cargos públicos.
