El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó una iniciativa de reforma al decreto que regula a la Policía Auxiliar del Estado, con el objetivo de permitir que mandos militares o navales puedan ocupar la dirección de dicha corporación, lo cual actualmente está prohibido; además busca ampliar el periodo de gestión de tres a seis años, con la posibilidad de cumplir un segundo periodo.
La propuesta enviada al Congreso del Estado y turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, contempla modificar ocho artículos del decreto que da origen a la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, un Organismo Público Descentralizado adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública.
Uno de los cambios clave está en el artículo 22, donde se amplían los requisitos para ocupar la dirección general. De aprobarse la reforma, ya no será exclusivo haber ocupado cargos en Seguridad Pública; también se permitirá presentar experiencia en instituciones militares, navales o en otras áreas del servicio público.
Otro punto relevante es la modificación del artículo 21, que plantea ampliar el periodo de gestión del titular de la Policía Auxiliar de tres a seis años, con posibilidad de ratificación por parte de la Junta de Gobierno del organismo. La administración estatal argumenta que este cambio fortalecerá la continuidad técnica y administrativa. 
Además, la iniciativa incluye actualizaciones en la nomenclatura institucional, como el cambio de “procurador general del estado” por “fiscal general del estado”, y la sustitución de la “Secretaría de la Contraloría” por la “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.
La reforma forma parte de un proceso de reestructuración de la Policía Auxiliar, iniciado en enero con el nombramiento de César Octavio Castellanos Galdámez como director general; recientemente, el 17 de septiembre, Arturo García García fue designado encargado del Despacho de la Dirección Operativa.
La Policía Auxiliar tiene como función principal brindar servicios de vigilancia y custodia a empresas, instituciones, centros comerciales, fraccionamientos y espacios públicos o privados, además de apoyar en situaciones de emergencia a otras corporaciones de seguridad.
La propuesta será discutida en los próximos días en comisiones legislativas.
