El gobierno de Puebla enfrenta más de 100 demandas relacionadas con contratos que no fueron pagados en administraciones pasadas, algunos de ellos con hasta 20 años de antigüedad, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.
El funcionario precisó que aunque los montos son distintos, 10 de estos litigios son los más preocupantes, ya que en conjunto podrían representar un costo de 3 mil 500 millones de pesos para el estado.
García Parra señaló que, cuando inició la actual administración, se encontraron con más de 100 juicios activos, por lo que los más costosos se atienden de manera prioritaria a través de la Consejería Jurídica, debido al impacto que tendrían en las finanzas públicas.
Detalló que tres de esos ya cuentan con sentencias, emitidas en 2013, 2015 y 2023, que obligarían a la entidad a pagar alrededor de mil 100 millones de pesos.
Actualmente, dijo, se analizan estas situaciones para negociar intereses y buscar acuerdos, con el objetivo de que el pago no afecte de forma grave el presupuesto estatal.
Durante la revisión de los expedientes, indicó que se detectó un modo de operación irregular, en el que participaron empresas y exfuncionarios.
En estos casos, se aprobaron obras que nunca se realizaron y conceptos fuera de contrato, lo que infló las cantidades que hoy se reclaman en los tribunales.
Reconoció que, por el paso del tiempo, algunos ilícitos ya prescribieron; sin embargo, aseguró que el gobierno integra expedientes para proceder legalmente contra los socios de las empresas involucradas, “esto es delincuencia organizada”, añadió.
Finalmente, García Parra afirmó que el objetivo es defender el dinero de las y los poblanos, exhibir a quienes intentaron saquear recursos públicos y reducir el impacto económico que estas demandas representan para Puebla.
