Con el objetivo de desarticular las redes criminales que operan mediante juicios simulados y documentos apócrifos, el gobernador Alejandro Armenta Mier envió este jueves al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para combatir frontalmente el despojo inmobiliario.
La propuesta, presentada durante la sesión ordinaria de este 29 de enero, busca cerrar los vacíos legales que han permitido el crecimiento de este delito en la entidad, el cual suele involucrar la complicidad de notarios, abogados y servidores públicos.
La reforma surge como respuesta a la proliferación de despojos sistemáticos, como el reciente caso en la colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, donde siete familias fueron desalojadas mediante un litigio fabricado fuera del estado.
Según registros periodísticos, las denuncias por este delito incrementaron un 27.83% entre agosto y octubre de 2025, sumando 147 casos en apenas tres meses. Actualmente, las sanciones vigentes, que van de tres meses a tres años de prisión, resultan insuficientes para inhibir a las bandas organizadas.
La iniciativa de Armenta plantea fortalecer el marco penal mediante la incorporación de agravantes específicas que castigarán con mayor severidad el despojo cuando:
Grupos Vulnerables: Se cometa en perjuicio de adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad o comunidades indígenas.
Abuso de Funciones: Intervenga un servidor público o se simulen actos de autoridad.
Falsedad Documental: Se utilicen documentos falsos o se inscriban actos simulados en el Registro Público de la Propiedad.
Corrupción Notarial: Participe dolosamente un notario público para facilitar o encubrir el ilícito.
En Puebla se ha documentado la operación de grupos organizados que utilizan una estructura legal y administrativa para apropiarse de inmuebles. Con esta reforma, la administración estatal pretende desmantelar estas redes, garantizando que el patrimonio de los ciudadanos no sea vulnerado por la colusión entre particulares y autoridades.
