Familiares de víctimas de un intento de secuestro ocurrido en San Martín Texmelucan acusaron presuntas omisiones y anomalías en el proceso judicial que derivó en la absolución de dos exelementos de la Guardia Nacional (GN), pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó pruebas que los vinculaban con actividades delictivas en distintos municipios de la región.
Miguel Ángel Barrueta, padre de uno de los jóvenes afectados, sostuvo que durante el juicio el juez de lo penal Celestino Martínez Bones dejó fuera elementos relevantes integrados en la carpeta de investigación, entre ellos testimonios de mandos de la propia Guardia Nacional y registros de comunicación que, a decir de la Fiscalía, evidenciaban la actuación irregular de los imputados.
De acuerdo con lo expuesto, la FGE acreditó que Luis Javier N. y Sergio N., ambos absueltos por el delito de secuestro, habrían participado en hechos delictivos previos en San Martín Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan y Huejotzingo, en presunta coordinación con grupos criminales que operan en esa zona.
Entre las pruebas desestimadas se encuentra el testimonio del coronel José Leonardo Hernández Ganem, inspector de la Guardia Nacional, quien reconoció que existían sospechas fundadas sobre la conducta de los agentes desde el momento de su detención, ya que no contaban con autorización para operar en territorio poblano al estar adscritos al Tercer Batallón de la corporación, con sede en Texcoco, Estado de México.
La carpeta de investigación también documentó al menos 12 llamadas telefónicas entre Hernández Ganem y el comandante Obed N., quien actualmente se encuentra detenido y es investigado por su presunta participación en los hechos, al ser responsable de la patrulla que escoltaba a los exagentes el día del ataque.
Barrueta señaló además un posible trato irregular dentro del tribunal, luego de que, previo a la audiencia de alegatos de clausura, uno de los imputados, Sergio N., ingresara a un área de uso exclusivo del juez y personal jurídico, portando una bolsa y documentos. Minutos después, salió acompañado del juzgador para dar inicio a la diligencia.
Ante esta situación, solicitó formalmente que el Consejo de la Judicatura revise las grabaciones de videovigilancia del inmueble y que se investigue la actuación del juez, al considerar que los hechos comprometen la transparencia del proceso.
Durante una conferencia de prensa, el denunciante detalló que la FGE presentó videos de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos, sábanas de llamadas y datos de geolocalización que ubicaban a los imputados en el lugar de los hechos y sustentaban la acusación.
Según la investigación ministerial, el 11 de octubre de 2023, Luis Javier N., entonces integrante activo de la GN, y Rogelio Sergio N., exmilitar, se trasladaban en convoy con una patrulla oficial cuando, armados y haciéndose pasar por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sometieron a dos jóvenes dentro de un taller mecánico en la junta auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco, con el objetivo de exigir un rescate de 50 mil dólares.
El intento de secuestro fue frustrado tras la llegada de Miguel Barrueta al lugar, quien pidió apoyo a habitantes de la zona, lo que obligó a los agresores a retirarse.
Actualmente, Sergio N. se encuentra en libertad tras la resolución judicial, mientras que Luis Javier N. permanece privado de la libertad por enfrentar un proceso distinto relacionado con la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
En tanto, el comandante Obed N. deberá comparecer en una audiencia derivada de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de haber sido detenido en Panamá en 2024 tras permanecer prófugo. Otro implicado, identificado como Javier N., continúa en prisión y es señalado como el presunto enlace que proporcionó información sobre las víctimas, al conocerlas previamente. La FGE lo vincula con una célula delictiva activa en la región
