La opacidad administrativa ha desatado una tormenta política en el Congreso de Puebla. Las fracciones del PAN y el PRI exigieron formalmente la salida del secretario general del Legislativo, y del titular del área jurídica, tras descubrirse que ocultaron a los diputados una controversia constitucional promovida por el Gobierno Federal.
El conflicto estalló cuando la diputada Susana Riestra Piña reveló que, desde septiembre pasado, el Congreso fue notificado por exceder sus facultades en las leyes de Transparencia y Protección de Datos Personales. Pese a la gravedad del tema, la Secretaría General mantuvo el expediente bajo llave por medio año, negando información a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
Incluso, se dio a conocer que el área jurídica respondió a la Suprema Corte en noviembre de 2025 sin el conocimiento ni aval de los coordinadores parlamentarios. La priista Delfina Pozos calificó este hecho como una omisión sistemática, mientras que el panista Marcos Castro urgió a tomar decisiones drásticas para evitar que el Congreso sea ignorado por su propia estructura administrativa.
En medio de la polémica, el presidente de la Jugocopo, Pável Gaspar, intentó deslindarse del caso argumentando que no estaba en el cargo cuando llegó la notificación.
Mientras la oposición exige una limpia en las direcciones clave, el bloque mayoritario de Morena ha evitado emitir una postura, dejando en el aire la permanencia de los funcionarios señalados de «ocultar» la información jurídica del Poder Legislativo
