Bajo la consigna de frenar a las mafias que operan en la entidad, diputados locales dieron luz verde a una reforma que busca desmantelar las redes de corrupción dedicadas a la apropiación ilegal de inmuebles.
El nuevo marco legal pone la lupa sobre los autores intelectuales y los «notarios cómplices», quienes ahora enfrentarán castigos ejemplares si facilitan la falsificación de documentos o la inscripción de actos simulados.
La protección se prioriza para los sectores más indefensos, pues las sanciones serán más drásticas cuando las víctimas sean niños, adultos mayores, personas con discapacidad o integrantes de pueblos indígenas.
Esta respuesta legislativa llega tras un preocupante repunte en las cifras oficiales, que muestran casi mil investigaciones abiertas por este delito tan solo en lo que va de 2026.
La reforma no solo cuida el patrimonio, sino también la seguridad en las vías de comunicación, al ratificar penas de prisión para quienes utilicen artefactos metálicos destinados a ponchar neumáticos y detener vehículos.
Con este paquete de cambios al Código Penal, se pretende cerrar el paso a la especulación inmobiliaria y garantizar que la propiedad privada deje de ser blanco fácil de grupos delictivos y funcionarios desleales.
