La aprobación del «Plan B» de la reforma electoral traerá cambios significativos en la estructura de los gobiernos locales, pero no representará un cheque en blanco para el Poder Legislativo de Puebla.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que uno de los ejes centrales de esta iniciativa es la eliminación de privilegios para redirigir el gasto público hacia sectores prioritarios como salud, educación y programas de Bienestar.
La mandataria explicó que la reforma establece un tope presupuestario para los Congresos estatales, los cuales no podrán exceder el 0.7% del presupuesto total de su respectiva entidad.
Bajo esta lógica, el Congreso de Puebla se mantiene como un referente de austeridad: actualmente ejerce poco más de 313 millones de pesos, una cifra que se encuentra 605 millones por debajo del límite máximo que plantea el Plan B, lo que cierra la puerta a cualquier intento de aumento presupuestal injustificado.
En cuanto a los ayuntamientos, Sheinbaum Pardo recordó que la nueva normativa reduce drásticamente el número de regidores. En municipios grandes como la capital poblana, que actualmente cuentan con 25 integrantes en el Cabildo, la cifra deberá reducirse a un máximo de 15, optimizando así los recursos de la administración municipal.
Finalmente, la presidenta lamentó la decisión del Senado de no adelantar la consulta de revocación de mandato para el 2027. Atribuyó el rechazo a las modificaciones del artículo 35 constitucional al «temor» de los partidos de oposición de que su presencia en la boleta durante las elecciones intermedias pudiera influir en los resultados, calificando los argumentos de los legisladores como insuficientes para el desarrollo democrático del país.
