El diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con la que se busca criminalizar la introducción y el uso de teléfonos celulares o dispositivos con internet dentro de los centros penitenciarios de Puebla.
Esta medida tiene como objetivo desmantelar los «call centers» delictivos que operan desde el interior de las cárceles, desde donde se coordinan extorsiones y fraudes que afectan directamente a la seguridad de la ciudadanía.
La propuesta establece penas de tres a seis años de prisión para quienes ingresen estos equipos, pero las sanciones se endurecen si los responsables son custodios o personal penitenciario, alcanzando hasta ocho años de cárcel y la inhabilitación inmediata del cargo.
Además, si se comprueba que los dispositivos fueron utilizados para consumar una extorsión, los responsables podrían enfrentar hasta 10 años de prisión, con agravantes especiales en caso de que directivos de los penales estén coludidos en estas prácticas.
En la misma agenda, el legislador impulsó una reforma al artículo 407 Ter para tipificar el fraude cometido por instituciones educativas que operan sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), protegiendo así el patrimonio y el futuro de los estudiantes.
Con estas iniciativas, Trujillo de Ita busca frenar los engaños académicos y fortalecer el control en los sistemas de reinserción social, garantizando que tanto la educación como la seguridad pública se mantengan bajo los estándares legales que Puebla requiere.
