La Auditoría Superior del Estado puso bajo la lupa el manejo financiero del Congreso de Puebla durante el ejercicio 2024, tras detectar irregularidades administrativas que suman 7 millones 299 mil 419 pesos. El periodo fiscalizado abarca la transición entre la LXI Legislatura, concluida por Edgar Garmendia de los Santos, y el inicio de la LXII, encabezada originalmente por Laura Artemisa García Chávez.
Aunque el Poder Legislativo no presenta pliegos de observaciones (recursos por devolver), la ASE fue contundente al solicitar que el Órgano Interno de Control inicie investigaciones contra quienes omitieron integrar expedientes completos. Las fallas detectadas incluyen la ausencia de comprobantes fiscales, pólizas contables y, de forma recurrente, la falta de registro en los inventarios de bienes adquiridos con dinero público.
El informe individual de la cuenta pública detalla que los recursos se dispersaron en contratos que carecen de documentación básica, como las constancias de no inhabilitación de los proveedores:
- Vehículos: Se pagaron más de 2.7 millones de pesos a las agencias Volkswagen Angelópolis y Peregrina Automotriz por unidades que no fueron dadas de alta en el inventario y cuyas pólizas de garantía no aparecen.
- Servicios Digitales: Un contrato de 1.9 millones de pesos por telefonía e internet carece de facturas y pólizas contables que respalden el pago.
- Tecnología y Equipo: Se destinaron 1.3 millones de pesos en computadoras y 739 mil pesos en equipo fotográfico que no figuran en los resguardos de bienes del Congreso.
- Decoración Navideña: Destaca el pago de 472 mil 409 pesos a la empresa Moravinelt por un árbol y adornos de Navidad que tampoco fueron registrados formalmente como patrimonio del Legislativo.
La actual administración del Congreso, hoy a cargo de Pável Gaspar Ramírez, ha sido notificada sobre estas omisiones documentales.
El Poder Legislativo cuenta con un plazo de 30 días hábiles para intentar solventar las inconsistencias o, en su defecto, proceder con las sanciones administrativas contra los funcionarios responsables de las áreas de adquisiciones y finanzas que avalaron estos pagos sin los expedientes completos.
