El escenario político y de seguridad en Puebla se ha visto sacudido tras revelarse que Gerardo Mérida Sánchez, excomandante de la XXV Zona Militar durante el periodo 2021-2022, se encuentra bajo la lupa de la justicia estadounidense. El Partido Acción Nacional, a través de su dirigente Mario Riestra Piña, anunció que solicitará investigaciones formales para determinar si la estancia del militar en el estado comprometió la seguridad de los poblanos.
La preocupación radica en que, durante el gobierno de Miguel Barbosa, Mérida Sánchez fue una pieza clave en las mesas de seguridad y paz, lo que le otorgó acceso irrestricto a inteligencia estratégica. El líder panista calificó como alarmante que un funcionario con conocimiento de mapas de calor, operativos y puntos críticos de criminalidad sea hoy señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por delitos como narcotráfico y filtración de información sensible.
Según los reportes internacionales de abril de 2026, el exmando militar formaría parte de una red de funcionarios que recibieron sobornos para brindar protección operativa al Cártel de Sinaloa. La gravedad del caso escaló recientemente cuando se supo que, apenas el pasado 6 de mayo, Mérida Sánchez buscó ampararse en Michoacán para frenar una posible orden de aprehensión con fines de extradición, lo que para la oposición refuerza la necesidad de una auditoría profunda a su gestión.
Ante este panorama, el PAN enviará oficios tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Fiscalía General de Puebla para que se aclare si hubo complicidad con grupos delictivos mientras el general estuvo al mando de las tropas en la entidad.
La dirigencia advirtió que el caso no debe pasar desapercibido, pues representa una vulneración directa a las instituciones de seguridad y un riesgo latente para la gobernabilidad del estado.
