El Cabildo de San Andrés Cholula aprobó por unanimidad la incorporación de la iniciativa nacional “3 de 3 contra la violencia”. Con esta determinación, el Ayuntamiento busca blindar la administración pública y garantizar que ninguna persona con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o deudas de pensión alimenticia pueda ocupar un cargo en el gobierno municipal.
La presidenta municipal, Guadalupe «Lupita» Cuautle Torres, se pronunció firmemente a favor de la medida, señalando que las instituciones deben actuar con total congruencia en la lucha por los derechos de las mujeres. Informó que en los próximos días se realizarán las adecuaciones correspondientes a los reglamentos internos para aplicar de inmediato estos filtros en los procesos de contratación de personal.
La alcaldesa advirtió de manera tajante que no habrá espacio en su administración para servidores públicos que vulneren estos principios y exhortó a quienes tengan pendientes legales en materia familiar a regularizar su estatus de manera urgente. Recordó que esta acción se suma a la red de protección municipal que ya opera a través de los programas Puerta Violeta, Casa Violeta y Ruta Violeta.
Por su parte, la regidora Blanca Jiménez Castillo, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género e impulsora de la propuesta en el Cabildo, destacó que la incorporación de la «3 de 3» fortalece los mecanismos institucionales de protección.
Afirmó que con esto se consolidan políticas públicas reales orientadas a la igualdad sustantiva en la demarcación.
La reforma «3 de 3 contra la violencia» es una norma constitucional vigente a nivel nacional desde mayo de 2023.
Su aplicación establece de forma estricta que cualquier persona con sentencia firme por delitos en razón de género o que se encuentre en el registro de deudores alimentarios morosos queda suspendida de sus derechos para ocupar puestos en el servicio público o postularse a cargos de elección popular.
