La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un ultimátum definitivo de cinco días hábiles al Congreso del Estado de Puebla para que apruebe las reformas correspondientes a la denominada «Ley de Infancias Trans». En caso de que el Poder Legislativo local desacate este mandamiento judicial, los diputados locales se harán acreedores a una sanción económica de 120 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a 14 mil 77 pesos.
Esta resolución penalizatoria deriva del seguimiento formal a la mesa de trabajo que ministros del máximo tribunal del país sostuvieron el pasado 19 de mayo con los legisladores poblanos. Dicho encuentro tuvo la finalidad de supervisar los nulos avances en el cumplimiento del fallo original, el cual otorgaba un plazo inicial de 10 días contados a partir del 15 de mayo y que fue ignorado por la actual legislatura.
Ante el evidente retraso, la SCJN notificó directamente al presidente de la Mesa Directiva, Marcos Castro, y al presidente del Congreso local, Pável Gaspar, así como al titular de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Mauricio Céspedes Peregrina. A todos ellos se les exigió mantener un reporte diario sobre el estatus de la votación, con la estricta advertencia de que no se admitirán como prueba de acatamiento nuevos informes que argumenten que las iniciativas continúan en análisis en comisiones.
El máximo tribunal del país fundamentó la sanción en el Código Federal de Procedimientos Civiles, enfatizando que los precedentes constitucionales son sumamente claros en cuanto al respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes para acceder al cambio de su acta de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida.
La presión judicial también alcanzó la estructura técnica del Congreso de Puebla al dictarse una última sentencia de carácter individual dirigida al Director General Jurídico de Estudios y Proyectos Legislativos, Jesús Juárez Lezama. Las autoridades judiciales le otorgaron el mismo plazo de cinco días hábiles para informar formalmente si ya concluyó el análisis técnico de las iniciativas rezagadas que permiten destrabar el cumplimiento de la sentencia.
El tribunal federal advirtió que de continuar el bloqueo administrativo en el área de Juárez Lezama se le impondrá una multa severa de forma directa, al ser identificado como el funcionario del cual depende operativamente el avance y la dictaminación de este proceso legislativo.
