Ciudad de México. El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, exigió justicia para las dos personas linchadas en el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio. Mediante un punto de acuerdo, exhortaron a la Fiscalía General del Estado, acelere las investigaciones en torno al caso y genere una mayor coordinación en materia de seguridad con las autoridades municipales.

«Es fundamental que la Fiscalía General del Estado de Puebla realice las investigaciones correspondientes con objetividad, transparencia y efectividad, a fin de deslindar responsabilidades, establecer sanciones a los responsables y prevenir hechos de estas características, así como asegurar el acceso a la justicia».

Los legisladores priistas, denunciaron que los linchamientos en el estado de Puebla y la incapacidad institucional para prevenirlos por parte de las autoridades estatales son constantes.

Sólo en lo que va de este año, en Puebla se han dado 146 intentos de linchamiento y 15 personas han perdido la vida por estas causas, entre ellos, 4 en Yehualtepec y 3 en Miravalles; asimismo, han golpeado y quemado a diversos individuos en la junta auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, en El Sabinal y en la localidad de San Miguel Canoa en la de la capital poblana.

Desde San Lázaro, demandaron mayor atención por parte de las autoridades y una efectiva coordinación con las autoridades municipales en las tareas de contención y prevención, ya que si no se fortalecen las estrategias de seguridad y cumplen con los protocolos de actuación policial, continuará dándose la violación a los derechos humanos.

Lamentaron que durante los últimos años en el estado de Puebla se han incrementado las denuncias públicas sobre la comisión de diversos delitos, entre ellos el robo en carretera, la sustracción ilegal de hidrocarburos de los ductos de Pemex, asaltos al transporte público, extorsiones al transporte de carga, robos a casa habitación, homicidios y feminicidios, principalmente.

Indicaron que una de las zonas más afectadas es la región Mixteca, lugar donde se han documentado retenes falsos, a través de los cuales despojan de sus pertenencias a comerciantes, empresarios y transportistas.

Advirtieron que este clima de inseguridad, aunado a los nulos resultados que han dado las estrategias hasta ahora emprendidas por parte del gobierno estatal y la falta de coordinación con las autoridades municipales, han derivado en altos índices de impunidad, quebrantando el estado de derecho.

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