Durante una audiencia en el Senado, Rollins explicó que el gusano barrenador comenzó su desplazamiento desde Centroamérica en 2021, llegó a México en 2023 y alcanzó Estados Unidos en 2026. El primer caso se registró el pasado 3 de junio en un ternero del condado de Zavala, Texas, y hasta ahora se han confirmado seis contagios en Texas y Nuevo México.

El gusano barrenador es provocado por la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Las larvas se alimentan del tejido vivo, causando infecciones graves e incluso la muerte del ganado. Estados Unidos había eliminado esta amenaza mediante programas de control biológico, como la liberación masiva de moscas estériles.

Rollins aseguró que el USDA trabaja en nuevas medidas para frenar la propagación, incluyendo investigaciones tecnológicas y la producción de moscas estériles. “Necesitamos alrededor de 500 millones de moscas estériles para lograr la erradicación”, declaró.

La funcionaria sostuvo que el movimiento irregular de animales representa una de las principales vías de propagación de la plaga. El traslado de ganado sin controles sanitarios facilita la expansión del parásito entre regiones. Rollins ya había hecho señalamientos similares ante la Cámara de Representantes, vinculando la plaga con actividades de organizaciones criminales.

El USDA mantiene vigilancia sanitaria en las zonas afectadas y desarrolla acciones de contención. Aunque aún no se confirma si los casos detectados en Estados Unidos están directamente relacionados con ganado proveniente de México, el tema ha generado preocupación entre productores de ambos países por el impacto económico que podría representar.

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Rubio señaló que la administración estadounidense ha consolidado operaciones diplomáticas en distintas partes del mundo y que algunas oficinas no justifican mantenerse abiertas a tiempo completo. Medios como CBS News reportaron que el Departamento de Estado revisa actualmente los 53 consulados en México, lo que podría derivar en más cierres.

También destacó la creación de una coalición regional denominada Escudo de las Américas, lanzada en marzo pasado. La iniciativa busca coordinar esfuerzos militares y de inteligencia contra organizaciones criminales transnacionales. Entre los países participantes figuran Argentina, Chile, Ecuador y El Salvador, mientras que México no forma parte de la lista.

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Tras la primera agresión, los elementos activaron protocolos de seguridad y recibieron apoyo del Grupo Interinstitucional y de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, logrando trasladar el armamento sin incidentes. Sin embargo, se registró una segunda ofensiva que dejó daños materiales en una unidad oficial.

La SSP destacó que el personal participante se encuentra sin lesiones y que continúa un operativo en la región para localizar a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

El comunicado oficial subraya que las fuerzas de seguridad mantienen presencia en Escuinapa y refuerzan las labores de vigilancia ante el uso de drones como herramienta de ataque.

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Rubio explicó que los grupos criminales ya emplean drones en enfrentamientos con organizaciones rivales en México, y advirtió que en algún momento podrían usarlos contra objetivos estadounidenses. La declaración se enmarca en un testimonio escrito en el que el secretario señaló que durante “demasiado tiempo” se permitió que cárteles y bandas criminales operaran sin control en el hemisferio occidental.

Rubio aseguró que la actual administración ha cambiado la estrategia, enfrentando a grupos como la MS-13, el Tren de Aragua y los cárteles mexicanos como si fueran organizaciones terroristas. Según su exposición, se ha formado una coalición transcontinental para desmantelar estas estructuras criminales.

El funcionario destacó que las acciones ya no se limitan a declaraciones diplomáticas, sino que incluyen operaciones militares. “Los barcos de los narcocárteles que transportaban su veneno hacia nuestras fronteras no fueron recibidos con cartas de tono enérgico, sino con todo el peso del poderío militar estadounidense”, afirmó Rubio.

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El documento señala que, pese a la reducción de incautaciones de fentanilo y de la migración irregular, los cárteles han perfeccionado técnicas de ocultamiento y fragmentado cargamentos para dificultar su detección. También han recurrido a perfiles distintos de “mulas humanas”, incluyendo adultos mayores, menores de edad y ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales.

El fentanilo y otros opioides sintéticos provocaron más de 38 mil muertes en EE. UU. entre septiembre de 2024 y 2025. Aunque las incautaciones en la frontera sur disminuyeron 56% y las muertes por sobredosis bajaron 30%, los cárteles mexicanos siguen siendo los principales productores y proveedores de drogas como heroína, metanfetaminas y cocaína.

La presión en la frontera México–Estados Unidos ha impulsado la exploración de nuevas vías, como la frontera con Canadá, donde las incautaciones de fentanilo aumentaron de 2 a 77 libras en tres años. Además, acuerdos internacionales con China e India sobre precursores químicos han obligado a los cárteles a buscar insumos alternativos y disfrazar cargamentos para mantener la producción.

El informe destaca una mayor colaboración con organizaciones criminales en Colombia, Ecuador y Brasil, con el objetivo de diversificar el flujo de cocaína hacia mercados europeos y latinoamericanos. También se identifican rutas emergentes a través de Centroamérica, el Caribe y la costa del Pacífico.

Ante las dificultades para traficar drogas, los cárteles han fortalecido actividades como extorsión, secuestro y tráfico de migrantes. La reducción en la migración irregular no ha eliminado el negocio, sino que lo ha vuelto más lucrativo. Asimismo, se reporta un aumento en delitos como tráfico de armas, explotación sexual y colaboración con bandas dentro de Estados Unidos.

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La declaración se dio en el marco de las recientes operaciones de seguridad, en las que México entregó a 55 líderes del narcotráfico a Estados Unidos durante 2025, como parte de la colaboración bilateral en materia de seguridad.

Sheinbaum subrayó que cuando existe una petición de extradición y la persona detenida no tiene orden de aprehensión en México, se procede conforme a la ley. Sin embargo, aclaró que actualmente no está contemplado un nuevo operativo masivo, aunque dejó abierta la posibilidad de futuros procesos.

Durante 2025, México entregó a 55 capos de distintos cárteles, entre ellos líderes del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Estas acciones movilizaron a más de 2 mil elementos de fuerzas especiales y requirieron coordinación con autoridades estadounidenses en ciudades como Chicago, Phoenix, San Antonio, Nueva York y Washington D.C.

El operativo también generó ajustes internos en los penales mexicanos, incluyendo sustitución de directivos, proveedores y custodios, además de mayor supervisión en servicios internos. Estas medidas buscaron evitar que los líderes criminales continuaran operando desde prisión.

Uno de los ejemplos más relevantes fue la entrega de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se declaró culpable en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Su próxima audiencia está programada para el 1 de junio de 2026 en Chicago.

Los operativos de 2025 marcaron un precedente en la cooperación bilateral y en la transformación del sistema penitenciario.

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Las autoridades señalaron que las amenazas se producen en un contexto de redadas migratorias en Chicago, donde desde hace meses se realizan operativos que han generado protestas. El presidente Donald Trump anunció recientemente el despliegue de la Guardia Nacional para reforzar estas acciones, pese a la oposición del gobernador de Illinois y del alcalde de la ciudad.

Según el DHS, los cárteles habrían difundido un esquema de recompensas con distintos niveles: 2 mil dólares por obtener información personal de agentes, entre 5 mil y 10 mil dólares por secuestros o agresiones no letales, y hasta 50 mil dólares por el asesinato de altos mandos.

El comunicado también indicó que en ciudades como Portland y Chicago, grupos vinculados a Antifa habrían brindado apoyo logístico, incluyendo material para manifestaciones y labores de vigilancia sobre agentes federales.

Las fuerzas de seguridad reportaron la presencia de pandillas como los Latin Kings en azoteas de Chicago, equipadas con armas y radios para rastrear en tiempo real los movimientos de los agentes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los oficiales enfrentan emboscadas, drones de vigilancia y amenazas de muerte.

De acuerdo con datos oficiales, los ataques contra personal de ICE se han incrementado en un 1000% en el último año, lo que refleja la magnitud del riesgo en las operaciones migratorias.

La lucha contra la inmigración ilegal se mantiene como uno de los ejes centrales del segundo mandato de Donald Trump. Sin embargo, estas medidas han generado fuertes críticas de la oposición demócrata, que cuestiona tanto el despliegue militar como la estrategia de seguridad en ciudades con alta tensión social.

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Entre los señalados se encuentra un exsoldado de fuerzas especiales mexicano, identificado como “Águila 7”, presunto integrante del cártel de Los Zetas, quien habría viajado a Ucrania para perfeccionar el manejo de drones de ataque. Estos conocimientos, según la investigación, buscan ser aplicados en operaciones del narcotráfico en México y Colombia.

La Legión Internacional fue creada al inicio de la guerra por el presidente Volodímir Zelenski para recibir voluntarios extranjeros. Sin embargo, carece de mecanismos sólidos para verificar antecedentes, lo que ha permitido la entrada de individuos con historial criminal. Legionarios consultados por el medio británico señalaron que las credenciales militares y civiles rara vez son verificadas.

Expertos en seguridad explicaron que los drones FPV (vista en primera persona), utilizados en Ucrania para guiar explosivos con precisión, resultan atractivos para los cárteles por su versatilidad. Pueden emplearse en ataques, vigilancia, contrabando y enfrentamientos contra fuerzas de seguridad.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incluso cuenta con una unidad especializada en drones, conocida como “Operadores Droneros”. En tanto, el Cártel de Sinaloa ha difundido imágenes de drones FPV de fibra óptica, un modelo desarrollado en Ucrania que evita interferencias electrónicas.

El uso de drones armados por parte de los cárteles ha crecido de manera notable: de unos pocos incidentes en 2020, se pasó a más de 40 ataques mensuales en 2023. Estados como Michoacán y Chihuahua han sido escenario de atentados con explosivos, desplazamientos forzados y enfrentamientos en los que incluso han participado exmilitares colombianos.

Además de drones, los grupos criminales han incorporado minas terrestres, lanzagranadas y vehículos blindados improvisados, conocidos como “narcotanques”, lo que refleja un proceso de militarización cada vez más sofisticado.

El fenómeno ha generado preocupación entre diplomáticos y analistas, quienes advierten sobre el riesgo de que las tácticas aprendidas en Ucrania se trasladen a otros escenarios de violencia. Un funcionario de seguridad en Kyiv resumió la situación: “Ucrania se ha convertido en una plataforma para la difusión global de tácticas FPV”.

Aunque muchos voluntarios latinoamericanos aseguran que su motivación es legítima, la presencia de infiltrados alimenta la narrativa rusa que busca desacreditar a la Legión Internacional como refugio de mercenarios y criminales extranjeros.

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La técnica, que llegó al país por influencia extranjera, se ha arraigado en regiones como Tierra Caliente, donde grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos disputan el control territorial. Desde 2023, el agrupamiento ha desactivado más de 4,000 explosivos, la mayoría lanzados desde drones.

Gómez Ruiz explicó que han recorrido más de 200 kilómetros en búsqueda de artefactos explosivos, que han causado la muerte de militares y civiles. Aunque se limpian las brechas, los grupos criminales suelen resembrar explosivos para impedir el ingreso de rivales.

En los límites de Michoacán y Jalisco se concentra el problema, donde ambos bandos colocan explosivos para bloquear el paso. El operativo de búsqueda es permanente, aunque la amenaza persiste.

Los artefactos se clasifican en convencionales (de origen militar o civil) e improvisados, estos últimos representan el 97% de los casos en Michoacán. Los materiales son adquiridos en ferreterías locales, sin que se haya detectado evolución en su diseño.

El capitán retirado del Ejército señaló que los conocimientos básicos en explosivos son suficientes para fabricar estos dispositivos. Además, reconoció que artesanos de la pirotecnia han sido forzados a colaborar bajo amenazas.

Los cárteles emplean drones de última generación para lanzar explosivos. Según Gómez Ruiz, no cualquier integrante los opera, sino grupos específicos entrenados para el pilotaje. Esta táctica se ha convertido en una herramienta más dentro del arsenal delictivo.

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Las discusiones ocurrieron en un contexto de creciente presión interna sobre el combate al narcotráfico, especialmente tras la designación de varios carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Las fuentes citadas por el medio indicaron que la propuesta de la DEA genero alarma dentro del Ejecutivo
estadounidense.

Las propuestas de la DEA y su contexto político

El informe señala que los planteamientos eran conceptuales y carecían de un marco jurídico claro. «El hecho de que algo este catalogado como organización terrorista no le da a uno la autoridad para dispararle», afirmo una de las fuentes anónimas consultadas por el Post.

Derek Maltz, entonces administrador interino de la DEA, expreso estar «totalmente a favor» de realizar ataques a laboratorios de droga y objetivos estratégicos, siempre que fuera en colaboración con el Gobierno mexicano. Sin embargo, admitió que esas acciones requerían autorización del Pentágono.

Cooperación con México y tensiones por ataques recientes

Maltz elogio los esfuerzos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al afirmar que su gobierno ha realizado arrestos, decomisos y desmantelamiento de estructuras criminales. No obstante, también subrayó que «se debe hacer mucho mas para detenerlos».

La revelación se da en medio de la polémica por tres recientes ataques del Ejercito estadounidense contra presuntas narcolanchas venezolanas en el mar Caribe, hechos rechazados por Caracas, que niega estar vinculada a actividades ilícitas.

Reacciones oficiales y postura de la DEA

Consultada por The Washington Post, la DEA evito comentar directamente sobre la propuesta de ataques a carteles en México. No obstante, reafirmo su compromiso de actuar conforme a la ley y en coordinación con otras agencias del Gobierno.

Aunque Donald Trump ha expresado públicamente su intención de llevar acciones directas contra el narcotráfico en territorio mexicano, su administración no ha ejecutado ningún ataque de ese tipo hasta ahora.

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