En la misiva, compartida por periodistas, Guzmán manifestó preocupación por su “estatus de ciudadanía estadounidense” y pidió que se aplicara la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos en su proceso judicial. Argumentó que su juicio federal careció de pruebas suficientes y que el veredicto fue erróneo.

“El Chapo” fue condenado en 2019 a cadena perpetua más 30 años por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Desde entonces cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, reconocida por sus estrictas condiciones de aislamiento.

En su carta, Guzmán reiteró que desea ser extraditado a México para obtener su libertad, señalando que la política de extradición constituye un derecho legal. “Agradezco al juez por seguir las leyes y tomar en serio mi solicitud de regresar a México”, escribió.

Esta no es la primera vez que Guzmán Loera se dirige a las autoridades. En los últimos meses ha enviado más de seis cartas, incluyendo una del 10 de junio en la que mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y pidió apoyo para su regreso a México.

En sus escritos, también ha reclamado que no se le permite ver a su familia y que busca autorización para recibir visitas de sus hijas y su esposa. Además, insiste en que la violencia atribuida a él no fue probada y que sus acciones estuvieron dirigidas a proteger a sus familiares.

“El Chapo” sostiene que se le han violado derechos legales y que fue culpado injustamente de homicidios cometidos en México. En sus cartas se ha declarado inocente y ha pedido un nuevo juicio.

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La jueza Polk destacó que la evidencia contra Mérida y otros nueve funcionarios de Sinaloa es “abundante”, y señaló que “hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”. La próxima audiencia fue programada para el martes 4 de agosto de 2026.

Mérida Sánchez es el primero de los diez funcionarios señalados por la justicia estadounidense en comparecer ante una corte. Entre los acusados figuran Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador morenista; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.

El exfuncionario fue detenido el 11 de mayo en Arizona y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde comparte reclusión con narcotraficantes como Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero. En su primera comparecencia, el 15 de mayo, se declaró no culpable de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas, delitos que podrían derivar en una sentencia mínima de 40 años de prisión o hasta cadena perpetua.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2023 y 2024 Mérida habría recibido sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares de Los Chapitos. A cambio, habría alertado sobre operativos antidrogas y facilitado información sensible para proteger al grupo criminal. Durante su gestión en la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, renunció en medio de la crisis de violencia entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.

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Este es el segundo cambio de fecha en el proceso judicial contra Zambada García, quien se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de dos cargos por crimen organizado ante el juez Brian Cogan, en la corte federal de Brooklyn.

“El Mayo” Zambada, considerado líder histórico del Cártel de Sinaloa, reconoció haber encabezado una organización criminal desde 1989 hasta 2024. Aunque inicialmente enfrentaba 17 cargos, aceptó responsabilidad en dos de ellos, relacionados con actividades de narcotráfico, que podrían derivar en una condena de cadena perpetua.

Zambada fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según su testimonio, Guzmán López lo habría engañado para llevarlo a territorio estadounidense y entregarlo a las autoridades.

“El Mayo” acumulaba acusaciones en 16 tribunales federales de Estados Unidos desde 2009. Su trayectoria en el narcotráfico, de más de medio siglo, lo convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses.

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El tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones concedió la solicitud tras argumentar que el exfuncionario ha estado incomunicado durante ocho meses y con acceso limitado a su defensa legal. La nueva fecha límite para presentar el recurso será el 18 de diciembre de 2025.

Defensa argumenta falta de contacto con su cliente

Los abogados César de Castro y Valerie Gotlib denunciaron que en todo ese periodo solo han tenido tres horas de comunicación con su cliente. Además, afirmaron que García Luna ha perdido más de 14 kilos de peso debido a su aislamiento en distintas cárceles estadounidenses.

La moción también solicitó que la Oficina de Prisiones garantice el acceso regular a llamadas legales programadas y visitas presenciales para asegurar el derecho a una defensa adecuada.

Antecedentes del caso García Luna

García Luna fue declarado culpable en febrero de 2023 por varios cargos, entre ellos, participar en una empresa criminal continua y conspiración para traficar cocaína a nivel internacional. Un jurado determinó que el exfuncionario colaboró durante una década con el Cártel de Sinaloa, recibiendo millonarios sobornos a cambio de protección.

La sentencia se dictó en octubre de 2024 por el juez Brian M. Cogan, quien también impuso una multa de dos millones de dólares. Este caso ha sido uno de los más relevantes en la lucha anticorrupción y contra el narcotráfico con implicaciones binacionales.

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El periódico Reforma, indicó que el movimiento se efectuó en el transcurso de esta semana por parte de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Hacia el 26 de junio, aúns e podía consultar los expedientes a través del sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos.

Asimismo, destaca que en el caso de García Luna se agregó la anotación en latín “et. al” (y todos los demás), lo que indicaría que hay más de un acusado en el mismo proceso.

La acusación original, presentada el 4 de diciembre ante la corte, solo incluía a García Luna, cuya próxima audiencia de estatus del proceso esta agendada para el 30 de julio.

Por complejidad e interrupciones ante la pandemia de coronavirus, la etapa de descubrimiento probatorio (que está en curso), previa al juicio, podría alargarse de uno a dos años más.

En la justicia de la Unión Americana, cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a la información de los procesos judiciales, aunque existen excepciones, como en los casos de seguridad nacional o de colaboración por parte de los acusados con la Fiscalía.

Tanto García Luna como Reyes Arzate estaban en negociaciones para una posible declaración voluntaria de culpabilidad a cambio de beneficios.

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En una moción enviada el martes al juez de la corte del distrito este de Nueva York, Balarezo argumentó que presentar a Guzmán como un sujeto peligroso del que deban ser cuidados los miembros del jurado afectaría su presunción de inocencia.

La petición de Balarezo fue ingresada luego de que en una moción (que no es pública) el gobierno habría solicitado al juez Brian Cogan que seleccionara un jurado que permaneciera en el anonimato tanto para su Guzmán como para su defensa.

De acuerdo con Balarezo, esto impediría que «las partes puedan investigar a fondo y cuestionar las actitudes y los prejuicios de posibles jurados».

En ese sentido, el abogado propuso que el jurado sea sólo inaccesible para Guzmán y para medios de comunicación, además de que consintió en que el juez emitiera una orden que prohibiera contactarlos.

Asimismo, el gobierno pidió que los miembros del jurado fueran transportados desde y hacia la corte con elementos de seguridad, además de que solicitó que mantuvieran esta protección dentro de los tribunales.

Por último, el abogado también objeto a que los miembros del jurado fueran mantenidos en aislamiento parcial, lo que significa que serían retirados de la corte en cada receso durante el juicio.

Balarezo consideró que los argumentos presentados por la fiscalía para que el juez consienta a esas medidas están basados por completo en noticias de prensa y testimonios de testigos a los que se ha ofrecido un trato para reducirles la sentencia.

De acuerdo con Balarezo, estas medidas crearían «la impresión extremadamente injusta de que él (Guzmán) es una persona peligrosa de quien el jurado debe estar protegido».

El juicio de Guzmán, quien ya fue sentenciado en México por tráfico de drogas, está programado para iniciar en septiembre en Nueva York, donde enfrenta 17 cargos por importar y distribuir cientos de toneladas de drogas en Estados Unidos.

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