Los documentos, incluidos en un amplio paquete de registros judiciales hechos públicos recientemente, muestran que Allen, su esposa Soon-Yi Previn y Epstein eran vecinos en Nueva York y cenaban juntos de manera habitual. En esos encuentros, intercambiaban mensajes de respaldo emocional mientras enfrentaban el escrutinio mediático.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en 2015, cuando Allen y Previn viajaron a Washington. Gracias a las conexiones de Epstein, la pareja consiguió un recorrido privado por la Casa Blanca. En un correo dirigido a Kathy Ruemmler, entonces consejera legal durante la administración de Barack Obama, Epstein preguntó si era posible mostrar el recinto a Previn, sugiriendo que Allen podría ser “políticamente sensible”.

Los registros oficiales confirman que Allen, Previn y Ruemmler visitaron la Casa Blanca el 27 de diciembre de 2015, aunque el presidente Obama se encontraba fuera del país en ese momento.

Los correos revelan que las cenas organizadas por Epstein contaban con la presencia de figuras destacadas del ámbito cultural e intelectual, como el presentador Dick Cavett, el lingüista Noam Chomsky y el comediante David Brenner. Epstein también asistía a proyecciones privadas de las películas de Allen e incluso lo visitaba mientras editaba sus filmes.

En una carta para el cumpleaños de Epstein en 2016, Allen describió estos encuentros como reuniones con “gran variedad de personas interesantes”, acompañadas de comidas abundantes y un servicio llamativo, con referencias que generaron polémica por su tono.

Una parte relevante de los intercambios se centra en los escándalos que rodean a Allen desde los años noventa, cuando inició una relación con Previn, hija adoptiva de su entonces pareja Mia Farrow. En esos mensajes, Allen y Epstein compararon su situación con la de Bill Cosby, quien enfrentaba múltiples acusaciones de abuso sexual.

Epstein sostuvo que el desprecio público hacia Allen se debía principalmente a la relación con Previn, a la que calificó como un “tabú públicamente roto”, minimizando el resto de las acusaciones como “ruido”.

Allen, por su parte, defendió su postura afirmando que no se disculparía ni pondría fin a su matrimonio, al considerar que su vida privada no era asunto del público.

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El fallo desestimó un cargo federal de asesinato por considerarlo técnicamente defectuoso, aunque se mantienen los cargos de acoso que podrían implicar cadena perpetua. Mangione, de 27 años, se ha declarado inocente tanto de los cargos federales como de los estatales, estos últimos también con posibilidad de condena máxima de por vida.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan, mientras se dirigía a un hotel para participar en la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un atacante enmascarado disparándole por la espalda. Según la policía, la munición utilizada llevaba inscritas palabras como “retrasar”, “negar” y “deponer”, en alusión a prácticas atribuidas a aseguradoras para evitar pagos de reclamaciones.

Mangione fue detenido cinco días después en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros de Nueva York. El acusado proviene de una familia acomodada de Maryland y es graduado de una prestigiosa universidad.

El proceso federal contempla iniciar la selección del jurado el 8 de septiembre, mientras que el juicio estatal aún no tiene fecha definida. La fiscalía de Manhattan solicitó al juez que programe el inicio para el 1 de julio. Mangione deberá regresar a la corte para una conferencia sobre el caso, donde se espera que sus abogados emitan comentarios sobre el fallo.

La administración Trump había ordenado a los fiscales federales buscar la pena de muerte contra Mangione, en línea con la promesa del presidente de reanudar las ejecuciones federales.

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La información fue difundida mediante un comunicado oficial, en el que se detalló que en 43 días de trabajo del Grupo de Seguridad Nacional (HSTF) se llevaron a cabo 400 operativos, con un saldo de 3,266 arrestos e incautaciones.

De acuerdo con los datos, el Cártel de Sinaloa resultó la organización más golpeada, con 1,041 integrantes detenidos. El CJNG registró 856 arrestos, mientras que otras agrupaciones también fueron afectadas: 641 miembros de la MS-13 y 456 del Tren de Aragua.

Las incautaciones incluyeron 1,067 armas de fuego, más de 3.2 millones de dólares en efectivo y 91 toneladas métricas de narcóticos, lo que refleja la magnitud de los operativos.

Aunque el informe no especifica nombres ni lugares de detención, especialistas como Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, han señalado que muchos de los arrestados no serían figuras relevantes dentro de las organizaciones, sino personas con vínculos menores. Según Vigil, las capturas de líderes criminales suelen requerir meses o incluso años de investigación.

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El anuncio se dio durante su conferencia matutina, donde la mandataria aclaró que la medida no está relacionada con su reciente conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino que responde a acuerdos permanentes de colaboración entre ambos países.

Sheinbaum subrayó que la entrega de estas personas fue una decisión soberana del Estado mexicano, tomada con base en criterios de seguridad nacional, seguridad pública y protección de la soberanía. Explicó que cada caso es evaluado de manera individual y que muchos de los implicados eran extraditables.

La presidenta rechazó versiones que sugieren que el gobierno mexicano busca “quedar bien” con autoridades extranjeras, enfatizando que las resoluciones se adoptan tras un análisis profundo de conveniencia para México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), el traslado se realizó desde distintos centros penitenciarios del país hacia Estados Unidos. Las dependencias señalaron que la custodia y entrega se efectuaron bajo protocolos institucionales, respetando los derechos fundamentales de las personas y en apego a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y los acuerdos internacionales vigentes.

Las autoridades mexicanas destacaron que esta acción forma parte de las labores de coordinación y reciprocidad bilateral entre México y Estados Unidos, en un marco de respeto mutuo a la soberanía de ambas naciones.

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La polémica surge tras el anuncio del Departamento de Justicia, que informó haber recibido cerca de un millón de nuevos archivos provenientes del FBI y de una fiscalía de Nueva York. Estos documentos, vinculados al caso Epstein, están siendo revisados para su publicación, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso en noviembre pasado.

El 19 de diciembre, la Administración Trump estaba obligada a difundir toda la documentación no clasificada sobre Epstein. Sin embargo, ese día solo se liberó una parte de los archivos, incluidas fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton con el magnate, lo que generó críticas de la oposición y de víctimas que exigían mayor transparencia.

En una nueva entrega publicada el lunes, el nombre de Trump aparece en varias ocasiones, principalmente por viajes realizados en el avión privado de Epstein. No obstante, hasta el momento no existen pruebas que lo vinculen directamente con los delitos sexuales cometidos por el financiero.

Trump mantuvo amistad con Epstein hasta 2004, mucho antes de que se presentaran las acusaciones de prostitución de menores. En un inicio, el presidente no respaldó la publicación de los documentos, pero finalmente firmó la ley ante el amplio apoyo que recibió en el Congreso.

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Entre los nuevos materiales se encuentran presentaciones de PowerPoint utilizadas por la fiscalía federal ante el gran jurado para acusar formalmente a Epstein y Maxwell. En una de ellas, fechada el 18 de junio de 2019, aparecen notas telefónicas con mensajes escritos a mano que mencionan la captación de jóvenes para el magnate.

Los archivos incluyen registros de vuelo hacia ciudades como Nueva York y Palm Beach, Florida, además de fotografías de las residencias de Epstein. También se reveló el testimonio de un agente del FBI, quien relató que Epstein contactó a una menor de 14 años y la convenció de realizar masajes a cambio de dinero, situación que se repitió en múltiples ocasiones.

En el caso de Maxwell, el DOJ publicó una presentación del 29 de junio de 2020 con imágenes de ella junto a Epstein, además de declaraciones durante interrogatorios y correos electrónicos. En uno de estos mensajes, un remitente agradece al magnate por un “generoso regalo de 200 mil dólares” destinado a una beca de residencia.

Al igual que en documentos previos, varios nombres y detalles fueron tachados para proteger identidades. La divulgación forma parte de un proceso gradual que busca transparentar las investigaciones y dar acceso público a los materiales del caso.

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La fiscal estadounidense Pam Bondi instruyó al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a ubicar a personas que recurran a la violencia, o amenacen con ella, para promover agendas políticas y sociales contrarias a los valores americanos, capitalistas o cristianos. La orden se enmarca en la creación de un nuevo grupo operativo contra el terrorismo doméstico, impulsado por el presidente Donald Trump.

El grupo operativo busca perseguir a lo que el mandatario calificó como “grupos criminales de izquierda radical”, tras la muerte del influencer conservador Charlie Kirk en septiembre pasado. Según el documento firmado por Trump, la violencia política actual es resultado de campañas organizadas de intimidación, amenazas y radicalización que buscan limitar la actividad política y obstaculizar el funcionamiento democrático.

La instrucción presidencial ordena a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias como el Departamento del Tesoro desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos. El memorando de Bondi añade que las agendas consideradas problemáticas incluyen oposición a la ley migratoria y posturas a favor de la apertura de fronteras.

Bondi también solicitó el desarrollo de un sistema de recompensas para alentar al público a denunciar a sospechosos de actividades antiamericanas. Sin embargo, el documento no hace referencia al supremacismo blanco, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la medida.

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Trump, desde su plataforma digital, pidió al Departamento de Justicia y al FBI que indaguen las relaciones de Epstein con personalidades políticas y empresariales. El motivo, según explicó, es que los demócratas estarían utilizando el caso para desviar la atención del reciente cierre del gobierno.

En su publicación, Trump afirmó que “los registros demuestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su isla”. Además, acusó a los demócratas de impulsar nuevamente lo que calificó como una “farsa sobre Epstein”.

El mandatario también dirigió comentarios hacia miembros de su propio partido, señalando que los republicanos que apoyan la publicación de los archivos de Epstein son “blandos y tontos”. Con ello, buscó marcar distancia respecto a las posturas divergentes dentro de su bancada.

El anuncio se produce en medio de tensiones políticas tras el cierre del gobierno, que fue desbloqueado recientemente tras un acuerdo entre republicanos y demócratas. Trump sostiene que el caso Epstein está siendo utilizado como herramienta política para restar atención a los problemas de gestión.

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La acción legal se basa en que Boston, considerada una “ciudad santuario”, limita la cooperación entre sus autoridades locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que, según el Gobierno, impide la detención y deportación de migrantes con antecedentes penales.

Boston, en la mira

La fiscal general, Pam Bondi, acusó a la alcaldesa Wu de liderar una administración que, según sus palabras, «protege a extranjeros ilegales de la justicia». La demanda señala que las políticas locales socavan el cumplimiento de las leyes migratorias y promueven la liberación de personas en custodia que deberían enfrentar procesos de deportación.

La ciudad de Boston adoptó en 2014 la Boston Trust Act, la cual prohíbe a la policía local compartir datos con ICE sin una orden judicial. Wu reiteró recientemente que cualquier violación de esta norma será sancionada.

Precedente en otras ciudades

El caso de Boston no es aislado. El Gobierno federal ha impulsado demandas similares contra otras jurisdicciones santuario como Nueva York, Los Ángeles y estados como California, Illinois y Colorado. Estas medidas buscan presionar a las ciudades para que alineen sus políticas locales con la agenda migratoria federal.

Durante su primer mandato, Trump intentó congelar fondos federales a ciudades santuario, pero fue enfrentado en tribunales, donde perdió la mayoría de los casos.

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La transferencia se realizó bajo un tratado bilateral entre ambos países y responde a una estrategia del Gobierno estadounidense para reducir costos carcelarios y descongestionar prisiones federales. El DOJ estimó un ahorro de 4 millones de dólares gracias al traslado.

Programa de transferencia

Los reclusos, solicitaron voluntariamente su traslado. Esta medida fue aprobada conforme al Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, que permite que personas condenadas en EE. UU. completen sus penas en su país de origen bajo determinadas condiciones.

El acuerdo forma parte de los 10 tratados bilaterales y dos multilaterales que Estados Unidos mantiene con otras naciones para gestionar este tipo de procedimientos penales.

Cooperación entre gobiernos

Matthew R. Galeotti, asistente de la fiscalía general de la División Criminal del DOJ, indicó que estas acciones continuarán realizándose conforme al tratado vigente con México. Además de reducir costos, se busca atender la sobrepoblación en cárceles estadounidenses.

Cabe recordar que en febrero pasado, México también colaboró activamente en este ámbito, enviando a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos a Rafael Caro Quintero, considerado uno de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses.

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