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Luego de que ayer miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les retiró su registro como partidos políticos nacionales, los líderes partidarios se reunieron la noche de este miércoles para pactar la unión de sus estructuras partidarias en los estados.

Los tres partidos impulsarán candidatos en común para los cargos en juego en 2022 en los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo.

El PES mantiene la gubernatura de Morelos y tiene representación en la Cámara de Diputados y el Senado. Redes Sociales Progresistas alcanzó su registro en los estados de Durango, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Morelos y Chiapas, mientras que Fuerza por México tiene representación en 15 estados.

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El proyecto para nulificar la resolución del INE fue aprobado por unanimidad de siete votos a favor, en la sesión de este martes

Los magistrados recordaron que el INE estableció la multa al considerar que en su calidad de influencer con 1.8 millones de seguidores y como una persona física con actividad empresarial, Mariana Rodríguez publicó mil 300 historias y 45 fotografías a favor de Samuel García durante los 90 días de campaña, lo que fue considerado como “aportaciones en especie”.

“Las publicaciones no pueden considerarse como aportaciones, entre otras cosas por el respeto a la libertad de expresión y por el vínculo matrimonial entre Mariana Rodríguez y Samuel García. El INE no pudo demostrar ni tiene constancia de que Mariana Rodríguez haya recibido alguna prestación de dinero o en especie o la promesa de estas a cambio de sus publicaciones, además, no hay pruebas de que se haya contratado un esquema de publicidad para dar más difusión a las publicaciones de Mariana Rodríguez y el número de seguidores de ella no son argumentos suficientes”, detalló el magistrado Infante Gonzáles.

Agregó que al revisar un total de 604 imágenes, el TEPJF pudo advertir que algunas de ellas son comerciales “porque se destacan o hacen referencia a algún tipo de producto o servicio”, pero también hay otras personales en sentido estricto, las cuales están relacionadas con las actividades familiares o de la vida privada de la titular de la cuenta, además de las de carácter personal con Samuel García “en las cuales se destaca el contexto del apoyo de Mariana Rodríguez en alguna actividad de tipo político electoral”.

“Del 5 de marzo al 2 de junio si bien hay algunas publicaciones, se aprecian en el contexto de la esposa de un candidato, se puede determinar que las fotos fueron espontaneas, muchas de ellas las llamadas selfies”, insistió Infante.

Los magistrados determinaron que por su aparición en el video «Arráncate Nuevo León«, Samuel García sí deberá ser sancionado, aunque el monto deberá ser modificado por el INE.

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“Última hora. Me acaban de informar que la multa de 55 millones de pesos que me impuso el INE por el apoyo que recibí de mi esposa Mariana, será tumbada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, publicó García Sepúlveda en twitter.

Agregó que el proyecto de resolución del TEPJF señala que “el vínculo matrimonial entre Mariana y un servidor, genera presunción fuerte de que las manifestaciones de apoyo tienen un carácter auténtico, basado en la idea del afecto, la solidaridad y el apoyo mutuo, como parte de un proyecto de vida común”.

El gobernador electo expuso que las publicaciones realizadas por Mariana Rodríguez se enmarcan en el ejercicio del derecho a la libre expresión.

“Espero que los magistrados voten a favor de este dictamen y desechen la aberrante multa que pretendía imponerme el INE. Les seguiré informando de este tema”, exclamó.

Asimismo, el equipo del excandidato a gobernador por MC compartió el proyecto de sentencia sobre el Recurso de Apelación RAP 180/2021 y acumulados, que tiene recurrentes al PVEM, PRD, PRI, MC, Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, con el Consejo General del INE como autoridad responsable.

Las principales consideraciones que sustentan el fallo del TEPJF es que “el vínculo matrimonial entre Mariana Rodríguez Cantú y Samuel Alejandro García Sepúlveda genera presunción fuerte de que las manifestaciones de apoyo tienen un carácter auténtico, basado en la idea del afecto, la solidaridad y el apoyo mutuo, como parte de un proyecto de vida común”.

Asimismo, asienta que las publicaciones realizadas por Mariana Rodríguez Cantú “se enmarcan en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo tanto, la determinación de la autoridad responsable implica una limitación o injerencia injustificada de este derecho”.

El proyecto podría ser discutido y votado este jueves.

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En la sesión del viernes dió cumplimiento a 18 sentencias dictadas por las Salas Superior y Regionales Ciudad de México, Monterrey, Toluca y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de Fiscalización.

En acatamiento a sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el Consejo General del INE confirmó la multa que había sido impuesta a Movimiento Ciudadano de 28 millones 53 mil pesos por la obtención de recursos en beneficio de la candidatura del entonces candidato al cargo de Gobernador de Nuevo León, Samuel García, por parte de las personas morales: Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C; Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C; y, SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V.

La autoridad electoral encontró que la madre y hermanos del senador con licencia entregaron 14 millones de pesos en beneficio de su candidatura sin tener capacidad económica para ello.

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García indicó que el INE le señaló que Mariana debió cobrarle 27.8 millones de pesos por historias y fotos que publicó junto a él en la pasada campaña política.

“Pues resulta que el INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subió conmigo durante la campaña. Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos”, expuso y se quejó de tal intención.

“Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión. Y es ridículo que, en su lógica, las fotos e historias de Mariana conmigo, con su esposo, valen 27 millones y una multa de 55 millones de pesos. Confío en que los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta. Los mantendré informados sobre el caso”, comentó.

“Ahora resulta que mi esposa no me puede ayudar en mi campaña, y que me tiene que cobrar 40 mil pesos por story o foto que suba a su Instagram. ¿Lo pueden creer? Yo tampoco”, publicó Samuel García.

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La iniciativa donde se hace alusión a lo ocurrido en el pasado proceso electoral donde diversos personajes públicos como Raúl Araiza, el youtuber AlexXxStrecci, y exintegrantes de Acapulco Shore, entre otros, publicaron en redes sociales videos para llamar a votar a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la llamada veda electoral, plantea prohibir está práctica recurrente de dicho partido y multas de entre 500 y hasta 200 mil días de salario mínimo.

Se argumenta que a pesar de que los llamados influencers tiene una gran penetración y presencia entre usuarios de redes sociales en México, el actual marco legal en materia electoral “no contempla disposiciones que tengan alcance en la difusión de mensajes que constituyen propaganda electoral o campaña en medios diversos a la televisión o la radio, en los que se realice un contrato, pago o pacto, como las plataformas de Internet, propiciando con ello que se evada la ley en los tiempos que se encuentra prohibida su difusión”.

La propuesta recuerda que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la participación de dichos influencers en el pasado proceso electoral de junio -aun y cuando los mensajes se difundieron en el período de reflexión-, no constituía una infracción a la norma, debido a que la emisión de los mismos se realizó de “forma espontánea, en ejercicio de la libertad de expresión, sin que haya mediado un vínculo con el partido político, ello, al no encontrar elementos de prueba respecto a la relación existente con el instituto político entonces denunciado”.

Frente a este vacío, Monreal Ávila propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que  para quedar “el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de publicación o difusión de propaganda o de proselitismo electorales por ningún medio«.

Asimismo difundir por cualquier medio, durante el periodo prohibido por el artículo 251 de esta ley, propaganda o actos de proselitismo con los mismos fines, que hayan sido contratados, pagados o pactados; con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo.

“La misma sanción se aplicará en caso de que, durante el periodo prohibido por esta Ley difundan, por cualquier medio, propaganda política o electoral que hay sido contratada, pagada o pactada; las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo.

«La misma sanción se aplicará en caso de que, durante el periodo prohibido por esta Ley difundan, por cualquier medio, propaganda política o electoral que hay sido contratada, pagada o pactada.

“Lo que se plantea es sancionar aquellos actos por los que se difunda información en medios diversos a la televisión y la radio que se encuentre prohibida por situarse en el periodo denominado comúnmente como veda electoral, así como la pretensión de simular dicha difusión como ejercicio de la libertad de expresión, cuando en realidad carece de espontaneidad y oculta una concertación entre partidos políticos o candidatos con ciudadanos o empresas a fin de beneficiarse de esa propaganda durante el periodo reflexión”, agregó la iniciativa.

Monreal dijo que lo que se pretende es que la legislación de la materia extienda sus alcances a todos aquellos actos que, si bien en un principio gozan de una presunción de espontaneidad por haberse difundido en medios que gozan de esa característica, como los influencers de las redes sociales, en realidad constituyen actos velados de propaganda y proselitismo que se esconden bajos la pretendida libertad de expresión pues, es precisamente el carácter espontáneo lo que les beneficia.

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“Me da mucho gusto que la mayoría de los gobernadores electos estarían de acuerdo con aportar la mitad de la inversión necesaria para que se incluya a todos los que tienen una discapacidad en el programa de las pensiones”, dijo en su conferencia de hoy.

Además, refirió que con esto se apoyará a todas las personas con discapacidad debido a que actualmente se atiende a un millón de niñas y niños; sin embargo, en México hay más de 6 millones de personas con discapacidad.

López recordó que se reunió ayer con los gobernadores electos de Nuevo León y de Querétaro, Samuel García y Mauricio Kuri, respectivamente.

El presidente agregó que si se amplía la capacidad de recibir el beneficio económico, sería hasta los 64 años, esto debido a que a partir de 65 años las y los adultos son beneficiarios del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Por otro lado, para continuar con sus encuentros con los gobernadores electos, López se reunirá la próxima semana con Ricardo Gallardo, quien ganó las elecciones en San Luis Potosí.

“Ya solicitó una entrevista y lo voy a recibir”, dijo.

“Nada más me falta el gobernador electo de San Luis Potosí, pero ya solicitó una entrevista a través de Secretaría de Gobernación. No puedo esta semana, la próxima sí, y termino estas reuniones”, comentó.

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«Fue amistosa y productiva la entrevista con Samuel García, gobernador electo de Nuevo León«, explicó el presidente en redes sociales tras el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Nacional.

«Será buena la relación entre ambos gobiernos, poniendo siempre por delante el interés del pueblo«, añadió junto a una fotografía de los dos estrechándose la mano bajo el retrato del expresidente Francisco I Madero.

Samuel García, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), anunció este domingo que se reuniría con el presidente «con la mejor actitud para dialogar» y catalogó el encuentro como el evento «más importante» de la transición de poderes en Nuevo León.

García se impuso el pasado 6 de junio con el 36.7 por ciento de los votos.

Durante la campaña, el político de 33 años planteó una revisión del pacto fiscal a través del cual el gobierno federal reparte los recursos a los estados, un modelo criticado por las regiones más prósperas del país.

Días antes de las elecciones, la Fiscalía General de la República anunció que investigaba por compra de votos e irregularidades electorales a los dos candidatos punteros en las elecciones de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza, ese último del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En rueda de prensa, López Obrador, cuya candidata -Clara Luz Flores- iba relegada en los sondeos, admitió que su «mano» estaba detrás de la denuncia del Ministerio Público.

En las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes y violentas de México, el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador y sus aliados ganaron 12 de los 15 estados en juego.

El presidente se reunió el 24 de junio en el Palacio Nacional con los 11 gobernadores electos de Morena para cerrar filas, y luego inició la ronda de contactos con los de los otros partidos.

Este mismo martes se encontró con la mandataria electa de Chihuahua, Maru Campos, del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

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«No corresponde a un gobierno extranjero intervenir en asuntos de nuestro país, a ningún gobierno extranjero, además es hasta ilegal. No pueden recibirse fondos con propósitos políticos de gobiernos extranjeros«, dijo durante su conferencia de hoy.

Afirmó que su gobierno sigue esperando la respuesta a una carta diplomática enviada en mayo a la embajada de Estados Unidos para quejarse porque financia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una organización que el presidente considera «golpista» y «opositora«.

«Estamos esperando la respuesta, tiene que haber una respuesta para que se cancelen estos financiamientos«, zanjó.

Incluso aseguró –sin pruebas– que este dinero se usó para «orquestar una campaña en su contra» durante las pasadas elecciones del 6 de junio «porque muchos de los comentaristas, intelectuales orgánicos forman parte de este grupo que recibe financiamiento«, afirmó.

Aclaró que estas acusaciones tienen fundamento pues, dijo, «existen pruebas, facturas» de que algunos de sus adversarios «cobran en la embajada de Estados Unidos«, las cuales no mostró.

Expresó su esperanza de que esta situación «se mejore o se atienda y se resuelva«.

En mayo pasado, un reportaje del sitio proAMLO Contralínea reveló que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) donó 25.7 millones de pesos a MCCI de 2018 a 2020.

El fundador de MCCI, que investiga casos de corrupción, es el empresario Claudio X González, quien promovió la creación del movimiento Sí por México, que agrupa a organizaciones y partidos que se oponen a López Obrador.

Tras darse a conocer dichos hallazgos, el presidente expuso en una de sus conferencias matutinas presuntas facturas que demostraban que MCCI recibió 50 millones de pesos de USAID de 2018 a la fecha, además de 29.3 millones de pesos para Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y los periodistas, pero calificó como «una asociación que lo ataca«.

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