La detención ocurre en el marco de las investigaciones por corrupción vinculadas al sexenio de Enrique Peña Nieto.

¿Por qué fue detenido?

De acuerdo con las autoridades, Carlos «N» está relacionado con la red de corrupción del caso Odebrecht, uno de los escándalos más sonados en América Latina. Sheinbaum señaló que el caso también está vinculado al proceso legal que enfrenta Emilio «N», otro exdirector de la petrolera mexicana.

Antecedentes del caso Lozoya

Emilio «N», quien también dirigió PEMEX durante la administración de Peña Nieto, fue arrestado en 2022 acusado de recibir sobornos millonarios de Odebrecht. Actualmente sigue su proceso en libertad, luego de que se le concediera el cambio de medida cautelar.

Resolución del Tribunal Federal

El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, resolvió que no existe riesgo de fuga por parte de Carlos «N». Por ello, ordenó su liberación del Reclusorio Norte para que continúe su proceso penal desde prisión domiciliaria.

Este tipo de decisiones ha generado debates en torno a la eficacia del sistema judicial mexicano para combatir la corrupción a gran escala.

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La audiencia duró alrededor de 30 minutos y a las afueras de la sala de juzgados, uno de los defensores del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros Alonso indicó que aún buscan quién se quedó con “todos esos millones y millones de pesos que entregó Odebrecht, que se procure y se imparta justicia respeto de ellos”, dijo.

Cuestionado sobre si el expresidente Enrique Peña Nieto es una de las personas que está gozando el soborno millonario que hizo la empresa brasileña, el abogado aseguró: «Eso lo tiene que decir las autoridades investigadores, nosotros tenemos claro a través de la denuncia que presentó Emilio Lozoya y que es pública, que Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, comandaba el aparato corruptor del sexenio pasado», indicó.

Agregó que «junto con su secretario de Hacienda y otros actores que son claramente señalados en la denuncia, entonces él (Peña Nieto) tendrá que responder. Tarde o temprano la justicia llega, puede tardar, pero la justicia llega», acotó el jurisconsulto de la defensa de Emilio «N».

El pedido de la ampliación de la audiencia la realizaron a la jueza de control Verónica Gutiérrez, ya que aún no llegan a un acuerdo con Pemex para obtener un criterio de oportunidad. Además indicaron que les hacen falta dos dictámenes, uno en materia de contabilidad y otro más de derecho internacional.

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Esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una tarjeta informativa en el que señaló que el exfuncionario no ha realizado el pago.

“En relación con la reparación del daño, Emilio Lozoya Austin siempre ha manifestado su firme decisión de cubrir íntegramente los montos solicitados por las distintas autoridades”, informó el abogado Miguel Ontiveros Alonso en un comunicado.

Indicó que respecto a los casos Odebrecht y Agronitrogenados, su cliente ratifica su disposición de cubrir el monto de la reparación del daño que, para los dos casos, han solicitado las víctimas y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Pemex.

“De ahí que el compromiso de Emilio Lozoya Austin con las víctimas, la Fiscalía General de la República y la instituciones del Estado mexicano sea firme, sólido y permanente”.

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A finales de abril, Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte, recurrió a la protección de la justicia contra la sentencia del 6 de abril del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, quien confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, en su resolución del 26 de enero de 2022.

Aunque el recurso se admitió a trámite, el Tribunal Unitario no concedió a Lozoya Austin la suspensión, debido a que no la solicitó, además de que no es procedente decretarla de manera oficiosa.

El Tribunal programó la audiencia constitucional para el 15 de junio, fecha en la que resolverá si le otorga el amparo a Lozoya Austin.

Por otra parte, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías que promovió Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio, contra la nueva orden de aprehensión que se libró en su contra el pasado 4 de abril de este año por el caso de la planta chatarra Agronitrogenados.

El próximo 20 de junio se resolverá si se le otorga la protección de la justicia federal a la hermana del exdirector de Pemex.

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El juez civil determinó que Lozoya Austin cayó en falsedad y le causó un daño moral, al acusarla de recibir un bolso de lujo como parte de un soborno para hablar bien del excanciller, Luis Videgaray, por lo que el funcionario deberá resarcir el daño.

La columnista dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter donde manifestó lo siguiente:

“Le gané al criminal confeso Emilio Lozoya Austin, el juez del tribunal civil dijo, que cayó en falsedad y me causó un daño moral. No solo es un corrupto sino ya le probé que es un vulgar mentiroso y traidor. Además de estar en la cárcel me tendrá q resarcir el daño”, indicó.

La denuncia tuvo origen tras la filtración de una declaración de Lozoya a la Fiscalía General de la República (FGR) en donde dijo que a petición de Luis Videgaray, le regaló presuntamente una bolsa de la marca Chanel a Lourdes Mendoza, con la intención de que la comunicadora hablara bien del extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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Según la acusación, Lozoya no pagó 2.6 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2016.

Tras una audiencia de 20 minutos, el representante legal de Lozoya, Alejandro Rojas, declaró que su cliente estaba dispuesto a pagar la citada cantidad, pero dijo que no aceptaba la culpabilidad de ese delito.

Tras no haber oposición por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ni de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconocida como parte ofendida del delito, el juez aceptó la reparación del daños y puso como plazo 30 días para cumplir con el pago.

La decisión de la defensa se dio para evitar un tercer proceso contra Lozoya, quien no estuvo presente en la audiencia llevada a cabo en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México sino que asistió de manera virtual, mediante videollamada, desde el Reclusorio Norte.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, ya tiene dos casos abiertos ante la justicia, ambos por corrupción.

El primero es sobre la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y también está en prisión preventiva por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Enrique Peña.

Con información de EFE

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Cuestionado sobre el tema durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario reveló que él ordenó que se investigará sobre los posibles daños al erario federal causados por el «acuerdo» con Odebrecht y la compra de la planta de Agronitrogenados a AHMSA, lo que provocó la cancelación del acuerdo que habían alcanzado Pemex y el priista.

“Yo creo que lo estaban considerando como daño era lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya (como soborno), por eso se hablaba de 10 millones de dólares. Pero la instrucción que di es que se revise bien sobre daños patrimoniales, si existen, que no se hagan las cosas a la ligera”, mencionó AMLO.

“Eso por un lado y lo segundo es que informe sobre cómo se utilizó el dinero. Porque en su declaración y por eso se le dio el carácter de testigo protegido, dijo que el dinero que salió de Odebrecht se le entregó a legisladores del PAN para que aprobaran la Reforma Energética. Él tiene que probar eso y la Fiscalía tiene que actuar”, sentenció.

Sobre la cantidad que se le estaría solicitando a Lozoya Austin como reparación del daño, López dijo que aún no se determina un monto exacto, pues primero se tiene que hacer una auditoria sobre el posible daño patrimonial.

“Son las dos cosas: la reparación del daño y que dé toda la información y las pruebas sobre los sobornos que entregaron para llevar a cabo la reforma energética”, exigió.

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La defensa había ofrecido un pago de poco más de 7 millones de dólares como reparación de daño y la petición de que la FGR le concediera un criterio de oportunidad, pero Pemex, en su calidad de víctima, pidió más tiempo.

El juez Zúñiga no ha señalado una nueva fecha para la audiencia pues ello dependerá de cómo avancen las negociaciones entre las partes. Esto significa que Lozoya deberá permanecer preso en el Reclusorio Norte hasta que se llegue a un acuerdo o el asunto se vaya a juicio.

Ayer Pemex señaló que por ahora “no hay condiciones para el acuerdo” que estaba negociando con Lozoya, con el cual el exdirector de la empresa productiva del Estado buscaba quedar en libertad.

En la audiencia realizada este lunes, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para revisar el caso Agronitrogenados, la representación de Pemex expresó de último minuto una inconformidad con el arreglo. Por ello, el encuentro no pudo continuar y se aplazó.

El exdirector de Pemex ha puesto sobre la mesa la posibilidad de pagar poco más de 10 millones y medio de dólares como monto para considerar reparado el daño tanto del proceso Agronitrogenados como de Odebrecht. Esto, en la lógica de que son las cantidades que se le imputan haber recibido por concepto de sobornos en ambos asuntos. También dejaría como garantía cinco inmuebles.

Sin embargo, ayer los funcionarios federales comentaron al exdirector de Pemex que las repercusiones causadas al erario por los contratos que presuntamente se entregaron por los sobornos son mayores, por lo que será necesario negociar otro monto.

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Además, solicitó que se les imponga la reparación del daño por 6.3 millones de dólares así como la incautación de propiedades, entre ellas la residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México y un lujoso departamento localizado en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.

En el escrito de 54 páginas, la Fiscalía detalló la forma en que Lozoya recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht con el fin de facilitar la entrega de contratos por parte de Petróleos Mexicanos a dicha compañía.

Relató cómo Lozoya conoció a los directivos de la empresa brasileña y los acuerdos a los que llegaron, previo al triunfo del PRI en la elección presidencial de 2012 y, posterior a ello, una vez que fue designado como director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña.

En el escrito, fechado el 3 de enero pasado y firmado por el ministerio público Javier Jiménez, la FGR no hizo ningún señalamiento directo contra el expresidente Peña ni contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, a quienes Lozoya busca imputar como líderes de una estructura criminal que lo obligó a cometer los actos de corrupción.

La FGR cuenta con, al menos, 59 pruebas para confirmar que Lozoya y sus familiares fueron quienes se beneficiaron de los sobornos.

Con su acusación, Lozoya busca obtener un criterio de oportunidad a fin de reducir al mínimo posible una eventual sentencia.

La defensa de Lozoya ha declarado que pese al encarcelamiento de su cliente, éste mantiene la actitud de colaboración con la Fiscalía General de la República y continúa con la negociaciones para acceder al criterio de oportunidad, para lo cual está dispuesto a presentar pruebas contra Peña y contra Videgaray.

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“La Fiscalía General de la República justificó de manera fundada y motivada la variación objetiva de las condiciones por las que se impusieron las medidas cautelares, por lo que el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada hasta el final del proceso”, dijo el juez.

Este miércoles, en audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza revisó nuevamente la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) con la que desde noviembre pasado Lozoya permanece sujeto a prisión preventiva justificada.

La audiencia fue realizada en cumplimiento a una sentencia emitida por el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal que revocó la decisión de mantener a Lozoya en la cárcel mientras se resuelve su causa penal por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

El juez ordenó al mismo tiempo revisar nuevamente la petición de la FGR sin dar oportunidad a esta ni a Lozoya de emitir nuevos argumentos.

En cuestión de una hora el juez Zúñiga dio cumplimiento y reiteró que la FGR acreditó que Lozoya cuenta con una red de contactos y recursos económicos que le permitirían darse a la fuga.

Además indicó que las penas máximas que puede enfrentar por los tres delitos por los que está vinculado a proceso, en caso de ser declarado culpable, pueden incentivar su huida del país.

Añadió que otro elemento con el que la FGR acreditó la necesidad de mantener a Lozoya en prisión preventiva es que hasta el momento no se ha acreditado el pago de la reparación del daño por el caso Odebrecht ni se ha concretado la petición del criterio de oportunidad que el ex funcionario presentó desde 2020.

Recordó que en noviembre pasado Lozoya intentó desacreditar la petición de Fiscalía asegurando que no tenía intenciones de darse a la fuga y que se ha presentado a todas las diligencias a las que ha sido requerido pero que tan sólo para comparecer por primera vez, fue necesario emitir una orden de aprehensión y hasta sujetarlo a un proceso de extradición, por lo que desestimó este alegato.

La defensa puede apelar la resolución del juez.

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