En agosto de 2019, la UIF bloqueó las cuentas bancarias del exoficial mayor de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por sospechas de desvío de recursos que derivaron en la llamada “Estafa Maestra”.

La UIF informó que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó el amparo a Zebadúa porque  demostró que lo había bloqueado en cumplimiento a tratados internacionales y como una medida de prevención al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En noviembre de 2020, un juez federal negó una suspensión definitiva a Zebadúa, contra la orden de aprehensión y confiscación de sus bienes como parte de la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en su contra por lavado de dinero y otros delitos vinculados con la “Estafa Maestra”.

De esta manera, la FGR no tiene impedimento para llevar a cabo acción penal contra Zebadúa, excolaborador de Robles en el sexenio de Enrique Peña, y ahora denunciante de la FGR en el mencionado caso de corrupción.

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De esta manera, la FGR no tiene impedimento para llevar a cabo alguna acción penal contra el exfuncionario, señalado por participar en delitos vinculados con La Estafa Maestra, y por los cuales colabora con la autoridad.

En mayo de este año, Zebadúa había interpuso el juicio de amparo en el que señaló como actos reclamados la omisión de excluir pruebas ilícitas dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, así como la orden y ejecución de confiscación de bienes.

En el mismo juicio de amparo, el Juzgado Tercero de Distrito negó suspensión definitiva a Lourdes Zebadúa, hermana de Emilio Zebadúa, quien es señalada de haber gastado 58 millones de pesos en casinos.

Tanto Lourdes como Emilio y otro de sus hermanos, José Ramón, fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 205 millones de pesos.

Emilio Zebadúa tiene la posibilidad de apegarse al criterio de oportunidad para colaborar con la FGR en la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera sigue contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

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El martes, Robles decidió convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) y lo dio a conocer en Twitter.

He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad

— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 25, 2020

Luego, fue revelada una plática telefónica que Robles sostuvo desde el reclusorio con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la que expresó que tuvo serias dudas acerca de convertirse en testigo colaborador, pero aclaró que no tiene nada que imputar contra Peña Nieto y Osorio Chong.

"No tengo nada que imputar al ex presidente @EPN ni a @osoriochong”, dijo Rosario Robles en una llamada que me hizo desde la cárcel de Santa Martha. Me autorizó difundir estas 4 frases: pic.twitter.com/4aBuiNGEBe

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 25, 2020

Según Robles decidió convertirse en testigo colaborador debido a los señalamientos de Emilio Zebadúa hacia gente “incorruptible”, pues callarse sería “otra gran injusticia”.

El abogado de Robles, Sergio Ramírez, dijo que la colaboración de la exsecretaria con la Fiscalía General de la República (FGR) será contra Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y excanciller, por presuntos desvíos de recursos públicos para operaciones irregulares en la campaña presidencial de 2012.

Sin embargo, Robles informó en Twitter que se han hecho declaraciones a su nombre sin ser acordadas con ella.

“He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”, afirmó.

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La declaración de Zebadúa ante la FGR, citada por El Universal, indica que Robles tenía en el exjefe de oficina de Sedesol, Ramón Sosamontes Herreramoro, a su encargado de contactar a los rectores de las universidades públicas a través de las cuales se realizaban subcontrataciones para desviar recursos.

Sosamontes Herreramoro, según Zebadúa González, organizaba comidas y reuniones para abordar con rectores o directivos de universidades y organismos los contratos posibles con Sedesol y Sedatu, además les indicaba a qué empresas y por qué montos debían subcontratar.

“Dichas negociaciones marcaban la ruta del dinero que se iba a seguir, así como los tiempos de entrega, generalmente se definían de acuerdo a las necesidades de la agenda de la secretaria Robles Berlanga para poder cumplir con las necesidades de las actividades político-electorales y proselitistas”, acusó.

El dinero que recibían las empresas era retirado en efectivo y trasladado a las oficinas de Rosario Robles o de Ramón Sosamontes para ser utilizado con fines de política propagandística y actos proselitistas.

“Una vez que se habían establecido todos los procedimientos, porcentajes y ruta del dinero, es que se le avisaba a la secretaria sobre los resultados de las reuniones, si se aprobaba era cuando se citaban a las partes, se elaboraban todos los convenios y/o contratos y se procedía a la firma de éstos.

“Ya que se definían y marcaban los tiempos de los contratos y/o convenios, se realizaban reuniones privadas con operadores fiscales de empresas fachada, las cuales prestaban el servicio de ser subcontratadas por parte de las universidades y a través de estrategias fiscales sacaban el dinero en efectivo y entregaban dichos recursos en puntos clave que se establecían generalmente en las distintas oficinas que tuvo la secretaria Robles Berlanga”, indicó.

Zebadúa calculó en un 40 por ciento porcentaje aproximado de cada contrato o convenio que se subcontrataba con las empresas, para regresarlo a desviadores y destinarlo a fines de proselitismo.

Con esta declaración, Zebadúa González busca que la FGR le aplique un criterio de oportunidad para convertirse en testigo colaborador y evitar cualquier acción penal en su contra.

Por ello, acusó directamente a Robles Berlanga de utilizar los mecanismos de contratación y subcontratación de la Sedesol y de la Sedatu para fines distintos a los de las dependencias.

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Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó la medida cautelar a Sosamontes, quien fuera jefe de Oficina de las secretarías de Desarrollo Social, así como de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuando Robles encabezó ambas dependencias.

En su demanda de garantías, Sosamontes solicitó la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, “reaprehensión”, citación o comparecencia.

“En el supuesto de que la orden de privación de libertad reclamada derive de un delito que no implique prisión preventiva oficiosa, en términos de la fracción II, del artículo 166, antes invocado, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados a… únicamente para el efecto de que el solicitante del amparo no sea aprehendido o privado de su libertad personal, únicamente con motivo de los actos que les atribuye en la demanda de amparo que dio origen a este incidente a las autoridades responsables; ello hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”, señala el acuerdo del juez, citado por Milenio.

Para mantener la suspensión vigente, Sosamontes deberá pagar una garantía de 20 mil pesos mismos que debe exhibir al juzgado dentro del término de cinco días.

En el caso de la Estafa Maestra, Ramón Sosamontes está mencionado junto con Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu, como firmantes de los contratos irregulares con los que se fraguó el desvío millonario en ambas dependencias.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) los siete convenios que firmaron Zebadúa y Sosamontes en Sedesol y Sedatu ocasionaron un daño al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos.

Actualmente, Rosario Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y cuenta con una orden de captura pendiente por cumplimentar por lavado de dinero y delincuencia organizada.

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Mientras Zebadúa busca el perdón legal ofreciéndose como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar pruebas que inculpen a su exjefa, Rosario Robles en La Estafa Maestra, enfrenta también una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu –a cargo de la Función Pública- junto con 24 exfuncionarios más implicados en el posible desvío de recursos públicos durante el sexenio pasado.

Sin embargo, el OIC considera que Zebadúa solo tuvo “faltas no graves”, como la omisión de no “supervisar” a sus subalternos, pese a que era el encargado de administrar los recursos de la Sedatu, el apoderado legal de las cuentas bancarias y jefe directo del equipo que firmó la salida de dinero, según se explica en el expediente PA-13/2020 de la Función Pública obtenido por Animal Político.

Las sanciones correspondientes por “faltas no graves” consisten en amonestación pública, suspensión del empleo o inhabilitación por de mínimo tres meses y pero menos de un año, según el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades administrativas.

En contraste, en otra investigación contra Rosario Robles en 2019, la Función Pública la sancionó con 10 años de inhabilitación por haber omitido informar sobre una cuenta bancaria con un saldo de poco menos de 3 mil pesos en su última declaración patrimonial cuando fue funcionaria pública.

En el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa con fecha del 1 de septiembre de 2020, se confirma que la Oficialía Mayor a cargo de Zebadúa pagó convenios con universidades públicas por servicios que no se cumplieron con el dinero de las partidas presupuestales que debían servir sólo para infraestructura e indemnizaciones por expropiación de predios, lo que implicó un “probable daño patrimonial” a las arcas públicas, entre otras presuntas irregularidades.

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Zebadúa y su hermana Lourdes, denunciada tras detectársele gastos millonarios en casinos con dinero posiblemente proveniente del erario, cuentan con una suspensión provisional para que sus bienes no sean tocados. Es una suspensión a la que no han renunciado y que lograron gracias a que sabían desde hace varios meses que los indagaban por lavado.

El recurso fue concedido por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Tapachula, Chiapas, el mismo que durante un año frenó cualquier acción legal en contra del exoficial Mayor, y cuyo secretario de acuerdos ya fue suspendido por favorecer de manera irregular con un amparo al empresario Alonso Ancira, indagado también por lavado.

Con información de Animal Político muestran que el 31 de mayo los abogados de Zebadúa presentaron la demanda de amparo en el referido juzgado en contra de un posible aseguramiento de sus bienes y otras acciones, como resultado de la integración de una carpeta de investigación abierta en la SEIDO.

Se trata de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 por la cual se giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por lavado de dinero y crimen organizado, pero no en contra de Zebadúa, quien ofreció a la FGR colaborar en busca da un criterio de oportunidad.

Lo que los datos confirman es que Zebadúa y sus familiares conocían con total precisión de la apertura de esa carpeta – e incluso del número del expediente – por lo menos desde hace cinco meses, y así lo plasmaron en su demanda.

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