De acuerdo con documentos internos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), citados por el Times y NBC News, el objetivo principal sería obtener información sobre la estrategia de Washington en las negociaciones de paz con Irán. Este escenario ocurre en medio de tensiones bilaterales, dado que el presidente Donald Trump busca un acuerdo de paz mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intenta debilitar las capacidades de Irán y atacar a Hezbolá, aliado de Teherán en Líbano.

Entre los nombres mencionados en los informes se encuentran Steve Witkoff, principal negociador de paz de la Casa Blanca, y Elbridge A. Colby, jefe de política del Pentágono. Las investigaciones señalan que el espionaje se habría facilitado porque algunos altos cargos utilizan aviones privados y teléfonos personales para tratar asuntos de seguridad nacional.

Portavoces de la Casa Blanca calificaron la información publicada como “falsa”. Por su parte, la Embajada de Israel en Washington negó categóricamente las acusaciones, asegurando que su país “no recopila inteligencia sobre entidades estadounidenses” y que sus esfuerzos se dirigen exclusivamente contra sus enemigos, no contra sus aliados.

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Tras más de 17 horas de discusión en San Lázaro, el dictamen fue turnado al Senado de la República para su revisión constitucional. El Senado deberá resolver antes de que finalice el periodo extraordinario, el próximo 2 de julio.

¿Qué establece la nueva ley?

Esta legislación obliga a las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno a proporcionar información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El objetivo es identificar y esclarecer delitos de alto impacto mediante un sistema de inteligencia centralizado.

Además, la SSPC podrá solicitar información a particulares, siempre bajo los mecanismos legales establecidos. La iniciativa incluye el acceso a datos vehiculares, biométricos, telefónicos, registros fiscales, bancarios, y otros que puedan servir para generar productos de inteligencia.

Polémica en el pleno

Durante la discusión en lo particular, se aprobó una reserva presentada por la diputada Petra Romero Gómez (Morena). Esta modifica la redacción de los artículos 6 y 23. Aunque la mayoría respaldó la iniciativa, legisladores de oposición votaron en contra. También expresaron su preocupación por posibles riesgos a la privacidad.

La diputada María Elena Pérez-Jaén, del PAN, afirmó que la ley representa una amenaza a la intimidad. “El espionaje va en serio; es desnudar la vida de las y los mexicanos”, advirtió durante su intervención.

¿Qué información se podrá requerir?

La ley establece que la SSPC podrá tener acceso a:

• Datos vehiculares y placas
• Información biométrica y telefónica
• Registros públicos de propiedad, comercio y personas morales
• Datos fiscales y de catastros
• Registros de armas, personas detenidas o sentenciadas
• Información bancaria y financiera

Todos estos datos se utilizarán para fortalecer el sistema nacional de inteligencia en seguridad pública.

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Durante una de las charlas, Trump cuestionó a Sheinbaum sobre el consumo de drogas en México, a lo que la presidenta respondió que, aunque sí existe, no es tan alto como en EE.UU. Según Sheinbaum, le explicó que esto se debía a los valores familiares que prevalecen en el país, mencionando: «Las familias mexicanas tenemos valores, nos cuidamos entre nosotros».

Presión de Trump sobre el combate al narcotráfico

Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente presión por parte de Trump para intensificar el combate contra el narcotráfico. Esta semana, el expresidente de EE.UU. designó a seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que ha incrementado las tensiones en la relación bilateral. Además, se ha informado que drones estadounidenses han estado realizando labores de espionaje sobre el crimen organizado en México.

La postura de Sheinbaum sobre el narcotráfico

Sheinbaum, al igual que otros líderes mexicanos; ha defendido la soberanía del país ante intervenciones extranjeras; en su lucha contra el narcotráfico. La presidenta ha subrayado que el combate al crimen organizado; debe ser liderado por las autoridades mexicanas; respetando siempre la autonomía nacional.

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Esta decisión se enmarca dentro de la nueva estrategia del gobierno de Donald Trump. El gobierno ha priorizado la lucha contra los cárteles en la frontera sur de EE. UU. Las misiones, que aún son encubiertas, buscan combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad nacional estadounidense.

Uso de drones MQ-9 Reaper contra los cárteles

Los drones MQ-9 Reaper, que previamente se habían utilizado en misiones de combate al terrorismo en países como Siria, Irak y Somalia, ahora están siendo utilizados para misiones de espionaje sobre México. A pesar de que no están armados, estos drones podrían ser equipados con cargas útiles para realizar ataques de precisión si se oficializa la designación de los cárteles como organizaciones terroristas.

Cárteles mexicanos declarados organizaciones terroristas

Según el periódico The New York Times, seis cárteles mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, serán clasificados como organizaciones terroristas trasnacionales. Esta medida, se dará a conocer en los próximos días, justifica el uso de los drones en operaciones de inteligencia sobre el espacio aéreo mexicano. Esta designación eleva la amenaza que representan los cárteles y permitirá una mayor intervención en sus operaciones.

Las misiones encubiertas y la falta de cooperación con México

La CIA ha llevado a cabo misiones de espionaje en colaboración con las autoridades mexicanas en el pasado, pero las nuevas misiones son estrictamente encubiertas, sin la participación oficial del gobierno mexicano. Esta falta de coordinación ha generado dudas sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones en el espacio aéreo mexicano.

Reacciones oficiales y objetivos del gobierno de EE. UU.

El gobierno de EE. UU., a través de la CIA, considera que la lucha contra los cárteles de la droga es una prioridad. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha subrayado la importancia de aplicar los recursos y la experiencia de la agencia para hacer frente al narcotráfico, que representa una amenaza para la seguridad regional.

Las nuevas misiones encubiertas de la CIA en México con drones MQ-9 Reaper; marcan un escalón importante en la lucha contra el narcotráfico. Con el creciente enfoque en la frontera sur de EE. UU. y la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas; la cooperación y la transparencia entre los gobiernos involucrados serán clave; para abordar los desafíos que plantea el crimen organizado.

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El comunicado presenta un fragmento que revela la vigilancia ejercida por el régimen: “Llama la atención que durante su estadía en Venezuela, los integrantes de este fingido panel de expertos tuvieron frecuentes contactos directos, vía telefónica y a través de videoconferencias, con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos”. Esta revelación implica que la dictadura chavista estaría espiando e interviniendo las comunicaciones de los expertos de la ONU.

El informe criticado por Maduro, elaborado por los expertos Domenico Tuccinardi (italiano), Fernanda Abreu (portuguesa), Roly Dávila (guatemalteco) y Maria de Lourdes González (mexicana), menciona que tuvieron acceso a todas las fases del proceso electoral en el que Maduro fue declarado fraudulentamente como ganador. Sin embargo, el régimen denuncia que los expertos emitieron “opiniones irresponsables y sirvieron a intereses golpistas de la ultraderecha venezolana”, interactuando con estos líderes antes, durante y después de las elecciones.

El régimen venezolano sostiene que el informe de la ONU “difunde una serie de mentiras”, violando los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos, y califica su accionar como poco ético y profesional, impulsando una agenda violenta con el objetivo de dañar la democracia venezolana.

Este incidente de espionaje ha generado fuertes reacciones en la comunidad internacional, aumentando las preocupaciones sobre la situación en Venezuela y la seguridad de las misiones de observación de la ONU. A pesar de las acusaciones del régimen, los expertos han defendido la imparcialidad de su trabajo.

La controversia se intensifica en medio de un contexto de creciente tensión política en Venezuela, y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación internacional y la transparencia en procesos electorales en el país.

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«Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado», expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH en un pronunciamiento del organismo.

La ONU-DH se refirió al hackeo que hizo el grupo Guacamaya Leaks de miles de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la investigación periodística «Ejército Espía», que la semana pasada divulgaron que el Ejército habría espiado, ya con López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Aunque el presidente ha afirmado que su Gobierno «no espía a nadie», el organismo internacional advirtió que «es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares».

«Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa», agregó Fernández-Maldonado.

El espionaje a periodistas se revela mientras la prensa en México afronta una violencia inédita, con 18 comunicadores asesinados en lo que va del año, según el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

También se difunde en medio de las crecientes políticas de militarización de México, como trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que López Obrador prometió mantener civil al crearlo en 2019, y las nuevas empresas estatales para que las Fuerzas Armadas administren aeropuertos y el Tren Maya.

«Los hechos conocidos corroboran la importancia de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas”, concluyó Fernández-Maldonado.

Antes, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50.000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15.000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

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Por estos hechos se detuvo a un segundo exfuncionario identificado como Jesús Noe “N” por delitos de violación de la comunicación y peculado.

El vocero de la fiscalía, Ulises Lara, dijo que la red de espionaje fue orquestada entre 2013 y 2018. Desde ahí se giraban instrucciones a la entonces Procuraduría General de Justicia para que se diera a la tarea de realizar esta serie de actividades ilícitas.

Hay indicios de que los posibles operadores contaban con un alto nivel jerárquico en el anterior gobierno local. Dichos funcionarios solicitaban a un alto comandante que organizara y dirigiera un grupo especializado que se encargara del espionaje.

Se realizaba una transferencia de recursos en efectivo de la hacienda pública para sostener a la célula. A su vez, dicho servidor de la procuraduría probablemente remitía sus informes a funcionarios de la administración.

Se organizó un equipo de 30 personas que tenían a su plena disposición la tecnología de la PGJ para análisis y procesamiento de datos, como las tareas de seguimiento de campo. Este equipo reportaba sus quehaceres al comandante de la dependencia encargado de dirigir la organización.

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“Sigue habiendo espionaje de grupos de intereses creados, ayer hablaba de abogados, de políticos corruptos, de grandes corporaciones, de los conservadores, de mafia política, esos siguen haciendo esa labor.

“Hace poco nos informaron que todo este grupo que está en contra nuestra, había comprado aparatos, aprovecho para informarlo, porque puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo, para sacar información de los celulares… es sacar las memorias de los teléfonos, hackear”, graznó en su conferencia de este martes.

Andrés dijo que recibió información de que el teléfono del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, estaba pidiendo un apoyo económico.

“Eso esta de moda, y es que le hackearon el WhatsApp, son notas que había comprado un equipo de muchos millones de dólares para intervenir y sacar información, pero esto con propósitos políticos… se reunieron, porque están decididos a seguir en la senda del golpismo mediático, entonces es sacar información para seguir con los escándalos”, comentó.

López afirmó que no tomará medidas legales de este presunto espionaje que alega, pues, asegura, sus adversarios son unos «hipócritas» y dirán que son «perseguidos«.

“Entonces no, el que nada debe nada teme imagínense cuanto llevamos nosotros siendo espiados, nada más que ahora lo están extendiendo a más personas”, regraznó.

Nuevamente sin sustento, López aseguró que ahora lo espían aquellos que fueron vigilados en el gobierno de Enrique Peña.

“Lo digo porque nosotros tenemos millones de ciudadanos que nos informan, inteligentes, que no son espías, que nos van a seguir haciendo llegar información: los chóferes de los fifis, los chefs, compañeros meseros, todos están ayudando y nos mandan información, rebuznó.

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Con uniforme de preso color beige y esposado, el mexicano compareció hoy ante el juez Donald M. Middlebrooks y se declaró culpable de actuar dentro de Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero.

“Me declaro culpable”, le dijo Cabrera al juez después de que la fiscalía leyera todas sus actuaciones en territorio de Estados Unidos para espiar y entregar información sobre el país a un “agente de gobierno” ruso.

Acompañado de sus abogados, Cabrera Fuentes contestó en inglés a varias preguntas del Juez en las que le advertía las consecuencias de declararse culpable, entre ellas que puede enfrentar una sentencia máxima de 10 años de cárcel.

El mexicano, que tendrá de nuevo una audiencia de sentencia en mayo próximo, fue detenido en febrero de 2020 cuando trataba de viajar a la Ciudad de México desde el aeropuerto de Miami.

Cabrera Fuentes llegó a Miami pocos días antes de su arresto con una visa de turismo y negocios temporales junto a una mujer con la que está casado en México.

A la Policía le reconoció después que tenía otra esposa en Rusia, un país al que estaba relacionado por ese motivo y donde, según la investigación, fue supuestamente reclutado para hacer espionaje.

El automóvil alquilado que usó durante su estancia en Miami fue visto en un condominio donde vivía un informante confidencial del gobierno de Estados Unidos en cuestiones de seguridad nacional, recordó este martes la Fiscalía.

El científico mexicano, que tendrá de nuevo una audiencia de sentencia en mayo próximo, fue detenido en febrero de 2020 cuando trataba de viajar a Ciudad de México desde el aeropuerto de Miami.

A la Policía le reconoció después que tenía otra esposa en Rusia, un país al que estaba relacionado por ese motivo y donde, según la investigación, fue supuestamente reclutado para hacer espionaje.

Con información de EFE

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Según documentos judiciales, Cabrera Fuentes, que antes de su detención trabajaba como investigador en una institución de salud en Singapur, comunicó al tribunal del juez Donald M. Middlebrooks su intención de cambiar su declaración inicial de «no culpable» formulada en marzo de 2020.

En estos casos el cambio es visto como una señal de que llegó a un posible acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena.

El mexicano fue detenido en febrero de 2020 cuando trataba de viajar a Ciudad de México desde el aeropuerto de Miami, a donde llegó unos pocos días antes con una visa de turismo y negocios temporales junto a una mujer con la que está casado en México.

A la policía le reconoció después tener otra esposa en Rusia, un país al que estaba relacionado por ese motivo y donde, según la investigación, fue supuestamente reclutado para hacer espionaje.

El automóvil alquilado que usó durante su estancia en Miami, el mexicano fue visto en un condominio donde vivía un informante confidencial del gobierno de Estados Unidos en cuestiones de seguridad nacional.

En los teléfonos celulares de Cabrera y su esposa mexicana se hallaron fotografías de la placa de un vehículo perteneciente a esa persona, según los documentos.

En un interrogatorio del 17 de febrero de 2020, el científico habló de que había conocido en reuniones en Rusia a una persona que creía que trabajaba para el Gobierno ruso y con la que se reunió a solas por primera vez en mayo de 2019 en Moscú.

El «funcionario ruso» le dijo que podría ayudarle a que su esposa rusa y sus hijas pudieran salir del país si él le ayudaba con algo.

En septiembre de 2019 le pidió que alquilara un apartamento en Miami en el mismo condominio donde residía el informante del Gobierno estadounidense, pero que no hiciera el contrato a su nombre ni informara a su familia rusa de ello.

Con información de EFE

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