La nueva audiencia se realizaría durante la semana del 27 de julio de 2026, o en la fecha más próxima disponible, según lo establecido en la solicitud judicial. El objetivo es formalizar el cambio de declaración y evitar un juicio, tras meses de conversaciones iniciadas en abril.

En enero de 2023, Oseguera Cervantes fue acusado por un gran jurado federal de conspiración para traficar cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Los documentos señalan que habría participado en la distribución de más de 5 kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina entre 1998 y 2022.

Además, enfrenta cargos por posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico durante el mismo periodo. De ser declarado culpable, podría recibir una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.

La defensa de Oseguera, encabezada por el abogado Frank Pérez Pérez —quien también representa a Ismael “El Mayo” Zambada—, firmó el acuerdo junto a fiscales de la sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia. El documento solicita suspender el tiempo de la Ley de Juicio Rápido para preparar el cambio de declaración.

Con este acuerdo, Oseguera podría obtener beneficios como una reducción de sentencia si decide colaborar como testigo en otros procesos judiciales en Estados Unidos.

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El detenido es requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y portación de armas de fuego. La acción se llevó a cabo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar dos inmuebles donde presuntamente se ocultaba el objetivo, ejecutando una orden de cateo y una orden de aprehensión con fines de extradición.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, participaron en el operativo. Durante la intervención se aseguraron armas largas, cargadores, más de un centenar de cartuchos útiles, chalecos tácticos y una bolsa con sustancia cristalina con características similares a metanfetamina.

Las autoridades informaron que también se aseguró uno de los inmuebles vinculados al detenido, reforzando la investigación sobre sus presuntas actividades ilícitas.

De acuerdo con las indagatorias, “El Repollo” estaría relacionado con tráfico de drogas, lavado de dinero y operación de laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina. Su captura representa un golpe relevante para la estructura operativa del grupo criminal al que se le vincula.

La FGR destacó que la coordinación interinstitucional permitió ejecutar la detención sin incidentes, cumpliendo con los protocolos de seguridad y legalidad.

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Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detalló que la ciudadana mexicana permaneció en distintos puntos de La Guaira y Caracas antes de ser localizada en el sector de El Silencio, donde fue detenida por policías venezolanos.

El titular del CICPC reveló que Erika María ‘N’ declaró que la muerte de Carolina Flores fue un “accidente” ocurrido con un objeto que evitó identificar como arma de fuego. Según Rico, la mujer de 63 años mostró una actitud rígida y fuerte durante su captura, lo que ha motivado un seguimiento clínico y policial.

• 16 de abril: llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía y hospedaje en el Hotel Eurobuilding, La Guaira.
• 18 de abril: traslado a Caracas, con estancia en un hotel de La Candelaria.
• Días posteriores: mudanza a una zona residencial en El Silencio, donde fue ubicada.

La detenida permanecerá primero a disposición de los tribunales venezolanos y posteriormente será deportada a México para enfrentar cargos por feminicidio. Las autoridades mexicanas darán continuidad al proceso legal conforme al sistema penal acusatorio.

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En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la legitimidad de dichos comicios durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el triunfo de Rocha Moya sin encontrar pruebas de irregularidades o violencia. “La institución correspondiente de valorar la elección lo hizo, eso significa que no hubo ninguna prueba”, señaló.

Sheinbaum subrayó que en ese proceso aún estaba al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, quien no reportó anomalías. “Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia, el INE o el Tribunal lo habrían señalado”, puntualizó.

La mandataria criticó que cinco años después se cuestione la validez de la elección de 2021, cuando en su momento no se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía Estatal ni ante la FGR. “Cinco años después se dice algo de la elección del 2021, cuando ya todas las autoridades dijeron ‘fue válida la elección’”, concluyó.

En 2021, partidos de oposición como PRI, PAN y PRD denunciaron una “narcoelección” en Sinaloa, asegurando que operadores electorales fueron secuestrados y amenazados por integrantes del Cártel de Sinaloa, presuntamente en favor de candidatos de Morena.

El caso sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén, ocurrió en julio de 2024 en Culiacán. De acuerdo con las investigaciones, el hecho se relaciona con movimientos internos del crimen organizado, incluyendo el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y su traslado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Finalmente, en abril de 2026, la justicia estadounidense acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios mexicanos de pertenecer a la facción de Los Chapitos, solicitando su detención con fines de extradición.

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La acusación sostiene que los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitado información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios. Entre los nombres mencionados figura también el senador Enrique Inzunza.

Desde el oficialismo, líderes de Morena como Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña manifestaron su respaldo al gobernador, apelando al principio de presunción de inocencia y rechazando los señalamientos por falta de pruebas. Rocha Moya, por su parte, negó categóricamente las imputaciones y las calificó como un ataque contra la Cuarta Transformación.

La Cancillería mexicana afirmó que las solicitudes de extradición enviadas por el gobierno estadounidense carecen de pruebas y anunció que presentará una queja diplomática ante la Embajada de EE. UU. en México por la forma en que se hizo pública la acusación.

En contraste, la oposición consideró el caso como una confirmación de sus advertencias sobre vínculos entre Morena y el crimen organizado. Dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron investigaciones a fondo y la separación del cargo de los funcionarios implicados. Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez señalaron que el caso refleja un patrón dentro del oficialismo, mientras que Jorge Álvarez Máynez pidió que Rocha Moya se separe del cargo para permitir las indagatorias.

El PRI también calificó la acusación como evidencia de nexos criminales y exigió la detención de los señalados. Estas posturas reflejan la polarización política en torno al caso y la presión sobre las instituciones mexicanas para dar seguimiento a las imputaciones internacionales.

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La audiencia marca el inicio de un proceso legal que definirá el futuro del exoficial naval, detenido días atrás tras una ficha roja de Interpol, cuando intentaba ingresar al país sudamericano con un pasaporte guatemalteco falso.

El abogado defensor Epigmenio Mendieta explicó que la diligencia incluyó:

• La identificación del detenido, debido al pasaporte apócrifo con el que ingresó.
• La notificación formal de la solicitud de extradición vinculada a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de hidrocarburo (huachicol fiscal).
• La declaración del imputado, quien se manifestó en contra de regresar a México y formalizó su petición de asilo político.

De acuerdo con la defensa, el procedimiento de extradición podría resolverse en un plazo de 60 días, aunque este tiempo puede extenderse si se abre un proceso adicional por usurpación de identidad en Argentina o si se solicita el desahogo de pruebas. Antes de decidir sobre la extradición, las autoridades argentinas deberán atender primero la causa local por el uso del pasaporte falso.

Mendieta sostuvo que su cliente no es líder criminal, sino un denunciante interno. Según su versión, Farías Laguna reportó irregularidades directamente al almirante secretario Rafael Ojeda mientras se desempeñaba como agregado naval en España. La defensa asegura que esos mensajes fueron descontextualizados por la Fiscalía General de la República (FGR) para sostener la acusación.

El exoficial afirma que su vida corre peligro en México, donde denuncia falta de acceso a pruebas, ocultamiento de testimonios clave y negativa de la Secretaría de Marina y la FGR a desclasificar un expediente interno que, según su defensa, ya lo había exonerado administrativamente.

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Farías Laguna ingresó a Argentina el 1 de abril con un pasaporte guatemalteco falso y fue localizado gracias a una ficha roja de Interpol. Según la mandataria, se busca su deportación inmediata debido a que entró de manera ilegal al país sudamericano. En caso de que no proceda, se establecerán las condiciones para una extradición formal.

La investigación contra el exmando comenzó en México tras la detección de un buque en el puerto de Tampico con documentación irregular sobre el combustible que transportaba. Las inspecciones revelaron que la embarcación introducía diésel de contrabando, lo que derivó en medidas para reforzar la vigilancia y trazabilidad de los productos energéticos.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación que resultó en órdenes de aprehensión contra varios integrantes de la Semar. De acuerdo con las autoridades, Farías Laguna era buscado en 192 países y es considerado presunto líder de una organización dedicada al tráfico de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

El esquema criminal, activo desde 2023, habría involucrado a funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas. El combustible ingresaba a México bajo declaraciones falsas como “aceites, lubricantes o aditivos”, con el fin de evadir controles aduaneros y fiscales, además de evitar el pago del impuesto especial sobre Producción y Servicios.

El operativo que culminó con la captura de Farías Laguna fue coordinado entre la Marina mexicana, la Fiscalía General de la República y la Interpol argentina. El exmando se alojaba en un apartamento de alquiler temporal en Buenos Aires al momento de su detención.

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Zaga Tawil era prófugo de la justicia mexicana, donde se le busca por el delito de delincuencia organizada relacionado con un fraude de 5 mil millones de pesos que el Infonavit pagó a la empresa Telra Realty durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La orden de aprehensión contra él y su hermano Teófilo fue emitida en 2020.

En 2014, el Infonavit, dirigido entonces por Alejandro Murat, firmó contratos con Telra Realty para programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera. Sin embargo, en 2017, bajo la gestión de David Penchyna, el consejo de administración decidió rescindir los contratos por considerarlos indebidos.

Tras negociaciones, se acordó una indemnización de 5 mil millones de pesos a favor de Telra Realty. Por parte del Infonavit firmaron Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, quienes también enfrentan procesos judiciales por delincuencia organizada.

Aunque ICE no ha detallado las circunstancias de la detención, la agencia interviene en casos relacionados con irregularidades migratorias. La captura de Zaga Tawil abre la posibilidad de que México solicite su extradición para que enfrente las acusaciones en territorio nacional.

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Mosso Benítez es acusado de delincuencia organizada y de haber utilizado un teléfono perteneciente a uno de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014.

Durante la acción, las autoridades aseguraron diversos objetos ilícitos: un arma corta, un arma larga, cartuchos, un cargador, narcóticos y teléfonos celulares.

Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de Mosso Benítez y esclarecer su posible vínculo con la desaparición de los 43 normalistas.

Tras la detención, el gobierno de Iguala emitió un comunicado en el que informó que las operaciones de Tránsito y Movilidad continúan de manera normal bajo la coordinación de un encargado.

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Durante su declaración, el fiscal señaló que la carpeta de investigación continúa en integración y que se trata de una etapa complementaria del proceso. Aunque no precisó la fecha exacta de la audiencia, confirmó que se realizará en los próximos días.

La orden de aprehensión contra Bermúdez Requena fue cumplimentada por las autoridades de Tabasco tras su expulsión de Paraguay. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en espera de la audiencia.

En paralelo, se recuerda que en septiembre pasado fue vinculado a proceso “El Abuelo”, líder del grupo criminal La Barredora, acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado. El juez determinó prisión preventiva debido a la gravedad de los delitos, por lo que permanece en prisión mientras avanza el proceso penal.

La captura de Bermúdez Requena ocurrió el 12 de septiembre en una residencia de lujo en Paraguay, donde se aseguraron dinero en efectivo y joyas. Posteriormente, fue trasladado a México para enfrentar los cargos en su contra.

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