El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La imputación, dada a conocer el martes, señala delitos relacionados con narcotráfico y armas, lo que ha provocado un intenso debate político en México.
La acusación sostiene que los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitado información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios. Entre los nombres mencionados figura también el senador Enrique Inzunza.
Desde el oficialismo, líderes de Morena como Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña manifestaron su respaldo al gobernador, apelando al principio de presunción de inocencia y rechazando los señalamientos por falta de pruebas. Rocha Moya, por su parte, negó categóricamente las imputaciones y las calificó como un ataque contra la Cuarta Transformación.
La Cancillería mexicana afirmó que las solicitudes de extradición enviadas por el gobierno estadounidense carecen de pruebas y anunció que presentará una queja diplomática ante la Embajada de EE. UU. en México por la forma en que se hizo pública la acusación.
En contraste, la oposición consideró el caso como una confirmación de sus advertencias sobre vínculos entre Morena y el crimen organizado. Dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron investigaciones a fondo y la separación del cargo de los funcionarios implicados. Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez señalaron que el caso refleja un patrón dentro del oficialismo, mientras que Jorge Álvarez Máynez pidió que Rocha Moya se separe del cargo para permitir las indagatorias.
El PRI también calificó la acusación como evidencia de nexos criminales y exigió la detención de los señalados. Estas posturas reflejan la polarización política en torno al caso y la presión sobre las instituciones mexicanas para dar seguimiento a las imputaciones internacionales.
