La detención ocurrió el 14 de junio en Omaha, Nebraska. Según el DHS, Hermosillo habría planeado y organizado el ataque junto con otros cuatro cómplices, quienes fueron arrestados en Ohio, Missouri y California. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) detectó la amenaza días antes, tras la denuncia de la madre de uno de los implicados, lo que permitió frenar la operación.

De acuerdo con documentos oficiales, los sospechosos pretendían sobrevolar la Casa Blanca con drones cargados de explosivos durante el combate de artes marciales mixtas. El objetivo era provocar la evacuación del público y, posteriormente, que francotiradores dispararan contra “objetivos de alto valor”.

El DHS detalló que Hermosillo ingresó a Estados Unidos con visa de turista en 2001, posteriormente accedió al programa DACA y permaneció en el país. La subsecretaria interina Lauren Bis declaró que el acusado “nunca debió haber ingresado” y que enfrentará cargos federales por conspiración para cometer homicidio y actos de violencia en los terrenos de la Casa Blanca.

El FBI y el Departamento de Justicia confirmaron que cinco hombres, de entre 19 y 32 años, fueron acusados formalmente. En la operación se recuperaron armas de alto poder, mensajes cifrados y mapas detallados del área. Los documentos señalan que los implicados compartían teorías conspirativas y discutían sobre casas de seguridad y rutas de escape.

“Shepherd” habría identificado una iglesia metodista abandonada en Nebraska como punto de repliegue. Además, los mensajes revelan motivaciones ligadas a creencias ultrarreligiosas y antigubernamentales, incluyendo quejas sobre corrupción y temas relacionados con el caso Epstein.

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Los documentos incluyen fotos, videos y reportes oficiales sobre objetos voladores no identificados y posibles formas de vida más allá de la Tierra. Según el comunicado, estarán disponibles en el portal oficial (war.gov/ufo), donde se publicarán archivos adicionales de manera continua. La decisión involucra a la Casa Blanca, la NASA, el FBI, la ODNI, el DOE y otras agencias de inteligencia.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que “es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, en referencia a los archivos que permanecieron clasificados durante décadas. Por su parte, Jared Isaacman, administrador de la NASA, celebró la iniciativa y destacó la importancia de la exploración científica para desvelar los secretos del universo.

El anuncio ocurre después de que Obama, en un pódcast, asegurara que “son reales, pero yo no los he visto”, en relación con los ovnis. Trump reaccionó acusando a su antecesor de revelar información clasificada y calificó sus comentarios como un “grave error”. Posteriormente, Obama precisó que durante su presidencia no tuvo pruebas de contactos con extraterrestres, aunque no descartó la posibilidad de vida en otros planetas.

La desclasificación se suma a otros procesos de apertura, como el realizado en 2013 por la CIA, cuando se confirmaron documentos sobre la base militar Área 51, creada en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2. Esa instalación ha sido vinculada por algunos sectores con teorías sobre ocultamiento de pruebas extraterrestres.

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Ramírez Jr. permaneció prófugo durante casi tres años, tras huir de Estados Unidos luego de los hechos. Fue acusado formalmente el 24 de mayo de 2023 y, posteriormente, se emitió una orden de arresto federal en su contra el 14 de noviembre de 2025.

El FBI detalló que el detenido fue trasladado a Seattle, donde agentes estadounidenses ejecutaron la orden de captura para iniciar su proceso judicial. Patel destacó que se trata de “otro objetivo de alto valor capturado” bajo la coordinación del FBI y el Departamento de Justicia.

La agencia agradeció la colaboración de la oficina del agregado legal del FBI en Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington, quienes participaron en la operación.

El Buró Federal de Investigaciones señaló que Ramírez Jr. presuntamente participó en el asesinato de dos empleadas del Stars Bar and Grill, en Federal Way, Washington. Durante el tiroteo, una tercera persona resultó herida.

Tras el ataque, el fugitivo habría escapado primero a Lake Havasu, Arizona, y posteriormente a Tijuana, México. El Tribunal Superior del Condado de King lo acusa de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado e intento de asesinato en primer grado.

El 14 de noviembre de 2025, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito Oeste de Washington emitió una orden de arresto federal por fuga ilegal para evadir el enjuiciamiento.

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La operación contó con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI). Según fuentes oficiales, el sospechoso fue capturado en su domicilio, donde se realizaron registros y se accedió a sus datos electrónicos con autorización judicial.

De acuerdo con la Policía Federal, el detenido es investigado por “actos preparatorios de terrorismo” y por “integrar una organización terrorista internacional”.

Las autoridades brasileñas subrayaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y prevenir cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad pública y el orden social. El caso ha generado atención internacional por la cooperación entre Brasil y Estados Unidos en materia de seguridad.

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Durante su visita, Patel sostuvo reuniones tanto con el equipo de la SSPC como con la Fiscalía General de la República (FGR). En ellas se reconoció el aumento de operaciones coordinadas para la captura de generadores de violencia y objetivos prioritarios que afectan a ambos países. García Harfuch subrayó que se acordó continuar con el intercambio de información y reforzar la coordinación, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía.

La visita del director del FBI estuvo marcada por la detención en México de Ryan Wedding, exolímpico canadiense convertido en narcotraficante y considerado uno de los diez más buscados por la agencia estadounidense. Wedding, quien participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, fue señalado como colaborador del Cártel de Sinaloa y acusado de dirigir operaciones transnacionales de tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá.

El Gobierno de Estados Unidos agradeció públicamente a México por su apoyo en la captura. La fiscal general, Pam Bondi, destacó que Wedding pasó de ser un atleta a convertirse en un “capo violento de la cocaína”. El detenido fue trasladado a Los Ángeles, donde enfrentará cargos por homicidio y narcotráfico.

Kash Patel resaltó la “gran cooperación y trabajo en equipo” con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario García Harfuch y el embajador estadounidense en México, Ron Johnson. El funcionario aseguró que la captura de Wedding envía un mensaje claro: quienes violen la ley y dañen a los ciudadanos serán llevados ante la justicia.

Además de Wedding, García Harfuch confirmó que otro ciudadano canadiense se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México. Ambos fueron trasladados por Patel a territorio estadounidense como parte de los objetivos prioritarios del FBI.

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El incidente se registró en una zona residencial y fue reportado por el Departamento de Policía de Portland a través de su cuenta oficial en X. La institución señaló que los disparos provinieron de agentes federales, mientras que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un comunicado confirmando la participación de ICE, aunque posteriormente lo retiró.

Las autoridades locales no han informado todavía las circunstancias que originaron los disparos. El jefe de la policía de Portland, Bob Day, pidió a la población mantener la calma mientras se desarrollan las investigaciones.

Este hecho ocurre apenas 24 horas después de que un agente de ICE disparara contra Renee Good en Mineápolis, provocando su muerte. El caso generó protestas en distintas ciudades y reavivó el debate sobre el actuar de los agentes federales y la política de seguridad impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.

En los últimos meses, al menos siete personas han perdido la vida en incidentes relacionados con operativos de ICE, lo que ha incrementado la tensión social y las críticas hacia las acciones de la agencia. Organizaciones civiles han señalado la necesidad de revisar los protocolos de actuación para evitar más víctimas.

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El reporte oficial señala que el número de agentes, sus funciones específicas y su despliegue territorial se mantienen como información reservada por cinco años, debido a que su difusión podría poner en riesgo las operaciones y afectar las relaciones diplomáticas.

La SRE reconoció la presencia de agencias de seguridad de Alemania, Australia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Francia, Israel, Italia, Perú, República Dominicana y China.

En el caso de Estados Unidos, se informó que existen agentes de 13 dependencias federales acreditadas, entre ellas la DEA, FBI, ATF, USMS, DHS, CBP, ICE, Servicio Secreto, TSA, Departamento del Tesoro y OFAC. Todas estas colaboraciones se enmarcan en convenios bilaterales vigentes y en lo establecido por la Ley de Seguridad Nacional.

En este mismo contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Senado autorización para el ingreso temporal de 19 elementos de los Navy SEALs y 10 integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos. El objetivo es participar en un programa de adiestramiento conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR).

De acuerdo con el oficio enviado a la Cámara Alta, los militares estadounidenses llegarán el 12 de enero de 2026 a bordo de una aeronave Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, y permanecerán en el país hasta el 15 de abril. La solicitud contempla autorización para portar armamento, conforme al artículo 76 de la Constitución mexicana.

El documento presidencial aclara que la presencia de los Navy SEALs no incluye operaciones armadas ni patrullajes, sino actividades de capacitación y entrenamiento táctico. Además, se prevé que personal de la Armada de México participe en un ejercicio equivalente en Camp Shelby, Mississippi, como parte de un esquema de reciprocidad bilateral.

La SRE y la Presidencia subrayaron que toda cooperación con agencias y fuerzas militares extranjeras se realiza bajo principios de soberanía, legalidad y control institucional, descartando cualquier tipo de intervención directa. La decisión final sobre el ingreso de tropas extranjeras corresponderá al Senado mexicano, que deberá analizar y votar la solicitud conforme a la ley.

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Entre los nuevos materiales se encuentran presentaciones de PowerPoint utilizadas por la fiscalía federal ante el gran jurado para acusar formalmente a Epstein y Maxwell. En una de ellas, fechada el 18 de junio de 2019, aparecen notas telefónicas con mensajes escritos a mano que mencionan la captación de jóvenes para el magnate.

Los archivos incluyen registros de vuelo hacia ciudades como Nueva York y Palm Beach, Florida, además de fotografías de las residencias de Epstein. También se reveló el testimonio de un agente del FBI, quien relató que Epstein contactó a una menor de 14 años y la convenció de realizar masajes a cambio de dinero, situación que se repitió en múltiples ocasiones.

En el caso de Maxwell, el DOJ publicó una presentación del 29 de junio de 2020 con imágenes de ella junto a Epstein, además de declaraciones durante interrogatorios y correos electrónicos. En uno de estos mensajes, un remitente agradece al magnate por un “generoso regalo de 200 mil dólares” destinado a una beca de residencia.

Al igual que en documentos previos, varios nombres y detalles fueron tachados para proteger identidades. La divulgación forma parte de un proceso gradual que busca transparentar las investigaciones y dar acceso público a los materiales del caso.

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La fiscal estadounidense Pam Bondi instruyó al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a ubicar a personas que recurran a la violencia, o amenacen con ella, para promover agendas políticas y sociales contrarias a los valores americanos, capitalistas o cristianos. La orden se enmarca en la creación de un nuevo grupo operativo contra el terrorismo doméstico, impulsado por el presidente Donald Trump.

El grupo operativo busca perseguir a lo que el mandatario calificó como “grupos criminales de izquierda radical”, tras la muerte del influencer conservador Charlie Kirk en septiembre pasado. Según el documento firmado por Trump, la violencia política actual es resultado de campañas organizadas de intimidación, amenazas y radicalización que buscan limitar la actividad política y obstaculizar el funcionamiento democrático.

La instrucción presidencial ordena a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias como el Departamento del Tesoro desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos. El memorando de Bondi añade que las agendas consideradas problemáticas incluyen oposición a la ley migratoria y posturas a favor de la apertura de fronteras.

Bondi también solicitó el desarrollo de un sistema de recompensas para alentar al público a denunciar a sospechosos de actividades antiamericanas. Sin embargo, el documento no hace referencia al supremacismo blanco, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la medida.

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Trump, desde su plataforma digital, pidió al Departamento de Justicia y al FBI que indaguen las relaciones de Epstein con personalidades políticas y empresariales. El motivo, según explicó, es que los demócratas estarían utilizando el caso para desviar la atención del reciente cierre del gobierno.

En su publicación, Trump afirmó que “los registros demuestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su isla”. Además, acusó a los demócratas de impulsar nuevamente lo que calificó como una “farsa sobre Epstein”.

El mandatario también dirigió comentarios hacia miembros de su propio partido, señalando que los republicanos que apoyan la publicación de los archivos de Epstein son “blandos y tontos”. Con ello, buscó marcar distancia respecto a las posturas divergentes dentro de su bancada.

El anuncio se produce en medio de tensiones políticas tras el cierre del gobierno, que fue desbloqueado recientemente tras un acuerdo entre republicanos y demócratas. Trump sostiene que el caso Epstein está siendo utilizado como herramienta política para restar atención a los problemas de gestión.

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