Sheinbaum detalló que solicitó a la UIF emitir un comunicado para aclarar la situación. Explicó que el bloqueo se originó debido a una orden de aprehensión en Estados Unidos contra diez personas, lo que llevó a los bancos mexicanos —por sus vínculos con instituciones financieras estadounidenses— a aplicar medidas automáticas de prevención.

La presidenta subrayó que el congelamiento de cuentas es un mecanismo automático que se activa en casos similares, y reiteró que no se trata de una indagatoria directa contra Rocha Moya. “Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, puntualizó.

El pronunciamiento se realizó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde Sheinbaum insistió en que la UIF no investiga al gobernador de Sinaloa. La medida responde únicamente a protocolos financieros internacionales que buscan prevenir riesgos derivados de órdenes judiciales emitidas en otros países.

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La aclaración surge luego de que la Justicia estadounidense acusara y solicitara la detención de Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos. Entre los señalados también figuran el senador morenista Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Tras las acusaciones, Rocha Moya y Gámez Mendívil solicitaron licencia temporal de sus cargos mientras se desarrollan las investigaciones. El Gobierno de México respondió que la petición de Estados Unidos no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para considerarla urgente.

Sheinbaum subrayó que no hay motivo para especular sobre la ubicación del gobernador sinaloense y rechazó versiones que apuntaban a una supuesta fuga. La mandataria insistió en que el caso debe resolverse con apego a la legalidad y en coordinación con las autoridades competentes.

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La acusación sostiene que los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitado información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios. Entre los nombres mencionados figura también el senador Enrique Inzunza.

Desde el oficialismo, líderes de Morena como Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña manifestaron su respaldo al gobernador, apelando al principio de presunción de inocencia y rechazando los señalamientos por falta de pruebas. Rocha Moya, por su parte, negó categóricamente las imputaciones y las calificó como un ataque contra la Cuarta Transformación.

La Cancillería mexicana afirmó que las solicitudes de extradición enviadas por el gobierno estadounidense carecen de pruebas y anunció que presentará una queja diplomática ante la Embajada de EE. UU. en México por la forma en que se hizo pública la acusación.

En contraste, la oposición consideró el caso como una confirmación de sus advertencias sobre vínculos entre Morena y el crimen organizado. Dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron investigaciones a fondo y la separación del cargo de los funcionarios implicados. Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez señalaron que el caso refleja un patrón dentro del oficialismo, mientras que Jorge Álvarez Máynez pidió que Rocha Moya se separe del cargo para permitir las indagatorias.

El PRI también calificó la acusación como evidencia de nexos criminales y exigió la detención de los señalados. Estas posturas reflejan la polarización política en torno al caso y la presión sobre las instituciones mexicanas para dar seguimiento a las imputaciones internacionales.

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Las autoridades norteamericanas sostienen que los acusados enfrentan cargos relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego. En el expediente se afirma que los funcionarios facilitaron la distribución de grandes cantidades de narcóticos y brindaron protección al cártel mediante el abuso de sus cargos públicos.

Entre los acusados figuran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (alias Tornado), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (alias Juanito). El caso incluye acusaciones adicionales contra Valenzuela Millán, a quien se le imputan delitos vinculados al secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar de esta, hechos que habrían derivado en la muerte de ambas personas.

El documento judicial señala que el cártel habría colaborado con políticos y autoridades para fortalecer su estructura criminal. Se presume que algunos oficiales participaron directamente en actos de violencia, incluyendo asesinatos de enemigos del cártel y de personas sospechosas de cooperar con autoridades estadounidenses.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril a las 18 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, la información fue turnada a la Fiscalía General de la República para su evaluación conforme a la legislación mexicana.

Los documentos recibidos por la Embajada de Estados Unidos, según la revisión jurídica de la Cancillería en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuentan con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas. No obstante, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que los tratados vigentes establecen la confidencialidad de la información, por lo que enviará un extrañamiento a la Embajada estadounidense por la forma en que se dio a conocer el caso.

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