Esas medidas se incluyeron dentro de un proyecto de ley, contra la pedofilia, en la que se prohíbe exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que fomente el cambio de sexo y la homosexualidad.

Según la oposición progresista, colectivos de defensa de los derechos LGTB y la prensa que no está controlada por el gobierno de Hungría, la ley aprobada es especialmente dañina porque equipara la homosexualidad con la pedofilia.

Los partidos de la oposición de izquierda, entre ellos los socialistas, la formación Párbeszéd (Diálogo), la Coalición Democrática y los ecologistas del LMP, decidieron no participar en la votación, mientras que la formación opositora de derechas Jobbik respaldó la normativa.

De esta manera, Orbán logró también dividir a la oposición, que ha decidido unirse -desde la izquierda hasta el derechista Jobbik– en una única candidatura electoral para las elecciones de 2022 con el objetivo de desalojar al primer ministro del poder.

Miles de personas protestaron ayer en la plaza Kossuth, donde se encuentra el Parlamento, contra la aprobación de esta polémica ley que tildaron de «homófoba» y «dañina«.

Según el canal privado RTL Klub, la aprobación de la ley supondrá que películas juveniles como Harry Potter, en las que se tratan asuntos como la identidad sexual, deberían ser recomendadas solo para mayores de 18 años.

La semana pasada varias ONG criticaron el proyecto de ley, al asegurar que la legislación «no tiene precedentes en la Unión Europea (UE)» y pone en peligro la salud mental de los jóvenes LGTB+.

Organizaciones como la Asociación Háttér, de defensa de los derechos homosexuales, Amnistía Internacional o Budapest Pride recordaron que esta legislación es muy parecida a la que Rusia aprobó en 2013 sobre la «propaganda gay«, y que conllevó un aumento de la homofobia en ese país.

Desde que llegó al poder en 2010, el gobierno de Orbán ha adoptado una serie de leyes que limitan los derechos LGTB+ y varios políticos han lanzado públicamente mensajes homófobos.

Ya en la Constitución de 2011, aprobada en solitario por el partido de Orbán, se determinó que «el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer«.

El presidente del Parlamento y uno de los fundadores del Fidesz, László Kövér, ha comparado a los homosexuales que quieren adoptar con pedófilos.

«Hungría es un país tolerante y paciente con la homosexualidad, siempre que dejen en paz a nuestros hijos«, afirmó en su día Orbán, poco antes de que se prohibiera la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

El año pasado, un libro para niños titulado «El país de las maravillas es para todos«, que buscaba mostrar respeto hacia las minorías, fue descrito por el gobierno como «propaganda homosexual» que debería prohibirse en las escuelas.

Durante la pandemia, en mayo de 2020, el gobierno prohibió cambiar de nombre a transexuales.

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El legislativo capitalino aprobó con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, las reformas al artículo 206 bis del Código Penal local para penar los tratamientos de las actividades que atentan contra la libre autodeterminación en materia de género de las personas.

Durante el segundo periodo extraordinario, se estableció la sanción de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario para aquel que obligue o practique “sesiones psicológicos, psiquiátricas, métodos o tratamientos con la aplicación de violencia física, moral psicoemocional, con tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra la dignidad humana” con el fin de menoscabar la orientación sexual, identidad y orientación de género.

El Congreso Local resaltó que esta aprobación permitirá eliminar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG); además, la pena incrementará si la víctima es menor de edad.

El dictamen incluye salvaguardar la práctica psicológica y médica, así como el acompañamiento espiritual, moral y religioso, “con libertad y sin ningún impedimento”, con el fin de resolver la auto aceptación de la población.

“La Ciudad de México se reafirma como ciudad de derechos y libertades al aprobar la prohibición de las ‘terapias de conversión’, que son prácticas violatorias de derechos humanos”, escribió en Twitter la legisladora Patricia Mercado.

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Asegurando que la principal causa de contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es la homosexualidad y evitando las donaciones de este sector de la población, siendo un factor de «riesgo mayor», crea un filtro para asegurarse que no se contraiga la enfermedad en los centros de salud.

“Ramírez Argüello tendría que estar al tanto de ciertas cuestiones, como que ya existe una prueba de VIH de alta sensibilidad, a la que le llaman PCR, que te puede dar los resultados de la presencia del virus en tu sangre hasta en 90 minutos”. mencionó Josué Quino Andrade, activista de la organización Teatro y SIDA, como respuesta a los comentarios del secretario de salud.

https://www.sintesis.mx/2019/04/05/vaticano-recibe-comunidad-gay/

También mencionó que “Esa preocupación de él por el período de ventana, más bien debería cambiarlo por una preocupación a estar al tanto, estar actualizado de los nuevos avances en este sentido”.

Por su parte, la activista Jovana Espinosa Orta indicó que, con sus declaraciones, el secretario de Salud promueve estereotipos y estigmatiza a las personas portadoras del VIH y a aquellas con alguna preferencia sexual diversa a la heterosexual.

“Me parece preocupante y grave, porque habla de una gran desinformación en el tema, y es más grave aún que sea el secretario de Salud del estado el que esté haciendo este tipo de declaraciones”, consideró la también integrante de Amnistía Internacional en la entidad.

Espinosa Orta le aconsejó “a que se informe, a que conozca cómo son los procedimientos para la donación de sangre. Está prohibido que te pidan tu preferencia sexual, por ejemplo, para donar sangre, es un acto de discriminación”.

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En conferencia de prensa previa, la legisladora de Morena, Citlali Hernández, explicó que la idea es establecer penas de cárcel hasta de tres años a quienes participen en esta clase de actividades, que buscan “curar la homosexualidad”.

Además de suspender la licencia de trabajo a todos los profesionales de la salud que participen en estas acciones, en plazos que van de uno a tres años y de forma definitiva si reinciden.

En su oportunidad, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, pidió que todos los grupos parlamentarios apoyen esta iniciativa, pues recordó que desde los años 90, la Organización Mundial para la Salud (OMS) eliminó las formas de la diversidad sexual del catálogo de enfermedades.

En ese sentido, esta clase de tratamientos se convierten en un ataque a los derechos humanos de quienes deciden ejercer libremente su sexualidad, sin atenerse a los estereotipos de la heterosexualidad.

Germán Martínez Cázares, de Morena, fue cuestionado por apoyar esta iniciativa, cuando en su partido anterior (Acción Nacional) persiste una ideología conservadora.

Dijo que él no mira hacia atrás y, por el contrario, pidió el apoyo para esta iniciativa, pues se trata de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual.

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La medida contempla compensaciones de 3.000 euros (3.230 dólares) por cada condena y 1.500 euros más por cada año en prisión.

Unos 50.000 hombres fueron condenados entre 1949 y 1969 bajo el llamado Párrafo 175 que prohibía las relaciones sexuales entre hombres. La legislación fue aprobada en el siglo XIX, endurecida durante el gobierno nazi y aplicada en esta última versión por Alemania Occidental.

La homosexualidad fue despenalizada en 1969, pero la norma no se retiró por completo hasta 1994.

La ley aprobada por el gobierno de Angela Merkel tendrá que ser ratificada por el parlamento.

«La rehabilitación de los hombres que terminaron en los tribunales únicamente por su homosexualidad lleva mucha demora», dijo el ministro de Justicia, Heiko Maas. «Fueron perseguidos, castigados y excluidos por el estado alemán solo porque amaban a otros hombres, por su identidad sexual».

«La fuerza de un estado de derecho se refleja en tener la fortaleza para corregir sus propios errores», agregó. «No tenemos el derecho sino la obligación de actuar».

En 2000, el parlamento alemán aprobó una resolución lamentando que el Párrafo 175 siguiese en vigor tras la guerra. Dos años después, anuló las condenas impuestas por el gobierno nazi a los hombres homosexuales, pero no las decretadas tras el conflicto.

La Federación de Gays y Lesbianas de Alemania celebró «el hecho de que, tras largas décadas de ignorancia, se están extrayendo las consecuencias legales de las graves violaciones de los derechos humanos que fueron cometidas contra las personas homosexuales por el estado democrático», manifestó el portavoz del colectivo, Helmut Metzner.

La restauración legal será automática y no necesitará necesario presentar una solicitud, aunque sí habrá que recurrir a la fiscalía si se desea un certificado formal.

La norma solo excluye a los varones condenados por actividades homosexuales con niños o por el uso de violencia o amenazas. Se aplicará además a los condenados en la Alemania Oriental, que tenía una versión más tibia del Párrafo 175 y despenalizó la homosexualidad en 1968. Se cree que unos 4.300 hombres fueron condenados por este motive allí.

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