«El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador«, expresó la Cancillería vía Twitter.

López aseguró más temprano, sin pruebas, que el candidato de izquierda a la presidencia, Gustavo Petro, enfrenta «una guerra sucia» de los más «indigno, ruin y cobarde«.

“Todo lo que padecimos en México: Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela, pero con todo, unidos todos los conservadores sin ética, se les olvida que la política es un imperativo ético”, graznó.

El gobierno colombiano consideró que esas declaraciones son «una injerencia desobligante en los asuntos internos» de ese país.

La presidencia de Colombia se definirá el próximo 19 de junio en una segunda vuelta entre Gustavo Petro, el candidato de ultraizquierda que obtuvo el 40% de los votos, y el empresario Rodolfo Hernández, que consiguió el 28% en la primera vuelta.

La cancillería le pidió a López respeto a las instituciones de Colombia en reciprocidad a lo hecho por ese país con México.

«Le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores«, añadió la representación diplomática.

El gobierno colombiano dijo que los electores de ese país merecen respeto de la comunicad internaciones y de «altos dignatarios»

Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios.

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«Colombianos, quiero informarles que ha sido extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar y no solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías», expresó el mandatario en una declaración.

Alias Otoniel, detenido en octubre del año pasado, fue trasladado desde una sede de la Policía en Bogotá a la base militar de Catam, anexa al aeropuerto internacional El Dorado, donde abordó un avión en el que fue entregado a autoridades de EE.UU., según imágenes divulgadas por las autoridades colombianas en las que el capo aparece cabizbajo y esposado.

El jefe del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, es requerido por la Justicia de EE.UU. por delitos relacionados con narcotráfico.

La semana pasada, el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, suspendió provisionalmente la extradición de Otoniel para estudiar un recurso presentado por víctimas de su organización criminal.

El recurso de amparo fue interpuesto por representantes de la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica, de la Comunidad de las Camelias y del Consejo Comunitario Cabeceras, así como de la Comunidad de Pichima, el Cabildo Mayor de Murindó y la Comunidad de Jiguamiandó en el departamento del Chocó.

Ellos buscaban la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación por lo que pidieron a la Justicia que Úsuga no fuera extraditado hasta tanto diera su versión sobre lo ocurrido con esas comunidades a manos del Clan del Golfo.

Sin embargo, el Consejo de Estado señaló que avaló la extradición porque «los efectos de la protección que se pretendía, mediante la medida provisional adoptada, se encuentran desvirtuados».

En Colombia, Otoniel tiene 122 órdenes de captura y 6 sentencias condenatorias, entre ellas 2 de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores, entre otros delitos.

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La Defensoría del Pueblo señaló que su oficina regional en Risaralda reportó que «son 14 los fallecidos en este derrumbe» y que «tres de ellos son niños».

Por su parte, el presidente Iván Duque lamentó en Twitter lo sucedido y dijo que la tragedia dejó además «35 lesionadas y pérdidas materiales».

La tragedia ocurrió la madrugada de hoy debido al aguacero que ocasionó un deslizamiento que arrolló varias viviendas del barrio La Esneda, de Pereira.

Duque, que expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) «estar en alistamiento para intervenir cuando se requiera».

Por su lado, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, detalló que ante el peligro de que el talud siga cediendo fueron evacuadas 15 viviendas, al tiempo que pidió a las personas que continúan en el sector salir de allí porque «aún es zona de riesgo».

Las autoridades aseguran que se desconoce aún el número de desaparecidos.

Los lugareños dijeron a medios locales que varias viviendas fueron sepultadas porque se desprendió un talud y que algunas construcciones fueron arrastradas hasta el río Otún, que atraviesa Pereira y está actualmente desbordado.

El alcalde recordó que hace unos 25 años ocurrió una tragedia similar en la zona, que sufre crecientes del río en temporada de lluvias.

«La ribera del río Otún ha sido invadida muchas veces y aunque la hemos desalojado para que las familias no vivan es riesgo, mucha gente regresa. Ahora estamos concentrados en recuperar los cuerpos y encontrar más sobrevivientes y después pensaremos en la reubicación», agregó el burgomaestre, citado por el diario El Tiempo.

La emergencia fue inicialmente atendida por los bomberos de Dosquebradas, población cercana a Pereira, y luego se sumaron la Cruz Roja y la Dirección de Gestión del Riesgo de Risaralda, entre otros.

El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, fue hasta el lugar del deslizamiento para hablar con los damnificados, que temen volver a sus viviendas porque las lluvias no cesan y pidieron que el Gobierno les ayude con alimentos, útiles de aseo, colchonetas y ropa porque lo perdieron todo en la tragedia.

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El encuentro se dio pasadas las 6:00 de la mañana, hora Colombia, y duro más de una hora. Del encuentro hay hasta el momento tres fotos de los dos mandatarios, una donde juntan sus puños y la otra, cuando se están dando un abrazo.

Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en los Estados Unidos, se refirió al primer cara a cara de Duque y Biden. Dijo una vez más que, para Colombia, Estados Unidos es un gran aliado en la región.

“Mucha calidez. Es evidente que el presidente Biden quiere a Colombia, siempre ha estado pendiente y ayudando al país”.

El embajador Pinzón también se refirió a un próximo encuentro, pero no lo confirmó, tan solo señaló que van “paso a paso”.

Asistimos a la iniciativa Build Back Better World, junto con @POTUS @JoeBiden, @BorisJohnson, @JustinTrudeau, @LassoGuillermo y Presidenta de @EU_Commission, @vonderleyen para abordar desarrollo de infraestructura sostenible que permita seguir con la lucha contra #CambioClimático pic.twitter.com/uQBODtvLR0

— Iván Duque (@IvanDuque) November 2, 2021

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«Los hechos ocurrieron a 1.2 kilómetros de la cabecera de la pista del aeropuerto de Cúcuta«, aseguró el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.

Vargas justificó que las armas halladas en ese barrio, La Conquista, «son un AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía, y un fusil calibre 7-62 tipo FAL con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela«.

Tras el atentado, las fuerzas de seguridad han realizado 16 registros voluntarios en la zona y dos allanamientos, y también se han revisado varias cámaras de seguridad y se han realizado interrogatorios para tratar de averiguar quién está detrás del ataque.

Duque y sus ministros de Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano, salieron ilesos este viernes de un atentado a tiros contra el helicóptero presidencial, cuando se aproximaba a Cúcuta.

El helicóptero, un Sikorsky UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), recibió seis impactos de bala en lo que el propio Duque calificó de «atentado cobarde«, pero pudo aterrizar con sus ocupantes a salvo en el aeropuerto internacional «Camilo Daza<2, de Cúcuta, capital de Norte de Santander.

El ministro de Defensa anunció, tras el consejo de seguridad celebrado de madrugada, una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos colombianos (casi 800 mil dólares) para quien suministre «información que permita dar con los responsables de este atentado terrorista«.

«No vamos a escatimar esfuerzos con nuestra fuerza pública hasta capturar a los responsables que han afectado y que han buscado afectar las instituciones de Colombia«, aseveró Molano.

Este atentado se produce apenas diez días después de otro ataque terrorista con un coche bomba dejó 36 heridos en la sede de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta en la que había personal militar de Estados Unidos.

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El diario La Opinión, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, señaló que, al parecer, el helicóptero presidencial recibió tres impactos de bala cuando volaba desde la localidad de Sardinata, en la convulsa región del Catatumbo, hacia esa ciudad.

Atentado «cobarde»

Por su parte, Duque confirmó que el helicóptero en que viajaba fue impactado por disparos este viernes cuando se disponía a aterrizar en Cúcuta, lo que calificó de «atentado cobarde» del que salió ileso al igual que los demás miembros de su comitiva.

#ÚLTIMAHORA | #25Jun

Presidente de Colombia, Iván Duque se pronuncia tras el atentado que sufrió y asegura que tomará medidas contra los involucrados. pic.twitter.com/fPAtfRU5X2

— Mildred Manrique (@milmanrique) June 25, 2021

«Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde donde se ven impactos de bala en la aeronave presidencial«, manifestó el mandatario.

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«Todavía no podemos precisar si todas las muertes que hemos tenido el 28 de mayo están vinculadas y asociadas integralmente al proceso de las protestas«, explicó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien aludió a que la Fiscalía reportó ayer 13 homicidios y es la que debe investigarlos y dar respuestas.

«Sin embargo -añadió- no cabe duda que un número muy importante de las muertes que hemos tenido el 28 de mayo han sido asociadas a eventos de movilización ciudadana«.

La Policía, que por su parte reporta 10 homicidios, solo relaciona 3 con las protestas y el resto «estarían relacionados con ajustes de cuentas entre estructuras delincuenciales, intolerancia y sicariato«.

El alcalde también denunció los actos de «vandalismo puro e irracional» contra inmuebles privados y públicos.

El director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), general Fernando Murillo, explicó hoy que «se presentó una situación especial donde unas personas de civil utilizaron unas armas de fuego indiscriminadamente contra otras personas«.

Los hechos se dieron sobre todo en Ciudad Jardín, una zona residencial de la ciudad, cercana a la carretera que conecta con Jamundí donde ha habido bloqueos.

En esta zona irrumpieron supuestos civiles con armas que dispararon contra los jóvenes encapuchados que están en «primera línea«, la parte frontal de las protestas protegidos con escudos, y manteniendo los bloqueos.

«Lamentablemente en este lugar y en este mismo momento se encontraban varios funcionarios de la fuerza pública los cuales omitieron su deber de evitar que esos hechos ocurrieran y de capturar a estas personas«, añadió Murillo.

La primera muerte se produjo en un bloqueo en la carretera que conecta a Cali y la Candelaria, donde habitantes disconformes con los bloqueos intentaron levantar el que había en la salida de Poblado Campestre y acabaron matando a un joven de 22 años que hacía parte de la «primera línea»

El viernes en la mañana, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, al pasar por otro bloqueo en el centro de la ciudad, en el sector de La Luna, mató a dos personas, después de lo cual fue agarrado por los atacados y linchado hasta la muerte.

Y también por la noche en el barrio de Meléndez hubo varios disparos y se reportó el asesinato de un joven de 22 años, Sebastián Jacanamejoy, comunero indígena inga y estudiante de la Universidad del Valle.

Militarización

Cali amaneció este sábado con militares patrullando por las calles y  un dispositivo policial de 750 efectivos, después de que el presidente Iván Duque, durante una visita a la ciudad, ordenó «el mayor despliegue» de fuerza militar.

«A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle (del Cauca)», dijo Duque, que volvió a auspiciarse en la figura de «asistencia militar» que ya ha usado en otras ocasiones estas cuatro semanas.

La calma ha vuelto aparentemente a la ciudad, que fue desde el principio de las protestas la ciudad donde más movilizaciones, bloqueos y brutalidad policial ha habido.

Las protestas comenzaron el 28 de abril con un gran paro nacional que sacó a decenas de miles de personas en todas las ciudades del país a las calles para mostrar su rechazo a la tramitación de la ya extinta reforma tributaria. Pero las movilizaciones sociales se han extendido desde entonces revelando un crisol de reclamos que van desde acabar con la brutalidad policial a una renta mínima o mejores servicios públicos.

Según la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han ocurrido 60 muertes en el marco de las protestas, de las cuales 43 se las atribuyen a la fuerza pública. Mientras que la Fiscalía contabiliza 43 muertes, aunque solo «17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas«.

Además, las autoridades siguen buscando a 123 personas reportadas como desaparecidas en las protestas, pero organizaciones como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos asegura que falta por encontrar a 327.

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«Si así son de bonitas todas las manifestantes, dan ganas de gasearlas a todas«, denunció una mujer que le dijo un agente de la Policía durante una de las marchas de estos días.

Además, ayer se conoció el caso de la muerte de una menor de edad, supuestamente por suicidio, después de que denunciara tocamientos y abusos sexuales en una comisaría en la ciudad de Popayán, Cauca.

Con pancartas de «Policía, no me violes» o «Las mujeres no somos botín de guerra» y con gritos contra el patriarcado o los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, dos centenares de personas se congregaron hoy, en una de las protestas convocadas, frente al Comando de Atención Inmediata (CAI), una especie de comisaría, del barrio La Soledad, en Bogotá.

«Las mujeres estamos haciendo un plantón para rechazar una vez más -porque no es la primera vez- que la fuerza pública, la Policía y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) violan a las mujeres, las retienen, las torturan«, alegó en la protesta María Eugenia Ramírez, feminista y activista de Mujeres por la Paz.

Acusaciones de tocamientos

Las mujeres salieron en apoyo de la menor de Popayán que denunció en sus redes sociales que varios policías la agarraron cuando estaba grabando un video en una protesta.

«Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma«, expresó la menor.

La abuela de la menor denunció que cuando regresó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) a donde la llevaron, volvió con moretones en el cuerpo y le dijo que la habían manoseado. La menor apareció inconsciente en su casa este jueves, supuestamente tras suicidarse, y la llevaron a un hospital, donde no pudieron reanimarla.

La Policía se defendió este jueves diciendo que los hechos no eran verdad, ya que la joven no estuvo en dependencias policiales porque detectaron que era menor de edad y fue devuelta a su abuela en perfecto estado, como alegó el comandante de la institución en Popayán, general Ricardo Alarcón.

Violación como arma de guerra

La ONG Temblores, que está siguiendo de cerca los abusos policiales cometidos desde el 28 de abril en las protestas de todo el país, denunció, además de 39 homicidios y 2 mil 110 hechos de violencia, 16 casos de violencia sexual y 3 de género.

«Sabemos que nosotros estamos teniendo un subregistro simplemente porque no nos alcanza a llegar a toda la información y porque no todas las personas violentadas denuncian«, explicó hoy a Efe la investigadora de esta ONG Emilia Márquez.

«Algo muy específico a las protestas de estos días, que es súper importante mencionar, es que muchas veces la violencia sexual está atada a tipos de violencia que inclusive se pueden catalogar como tortura«, señalo Márquez.

Protestas menguadas

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril contra la ya extinta reforma fiscal y se han cobrado 42 víctimas mortales (41 civiles y un policía), según lo reportado a la Defensoría del Pueblo, han derivado en un sinfín de peticiones que se podrían resumir en el descontento por las políticas “neoliberales” del gobierno y la brutalidad policial con la que han actuado las fuerzas de seguridad.

El gobierno trata de pedir al Comité Nacional del Paro, que convocó las primeras protestas, que se siente a la mesa de negociación para atajar una de las peores crisis sociales y políticas en la historia del país, pero sigue sin condenar de forma firme los abusos que han cometido las fuerzas de seguridad durante las protestas.

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«Por medio de la presente, quiero de la manera más respetuosa presentar a Usted mi renuncia irrevocable al cargo de Ministra de Relaciones Exteriores, efectiva de manera inmediata«, se lee de la carta, fechada el 11 de mayo, pero hecha pública hoy.

Colombia lleva inmersa desde el 28 de abril en importantes y multitudinarias protestas ciudadanas que comenzaron como rechazo por la ya extinta reforma tributaria que quería aprobar el gobierno, pero que ahora congrega otros reclamos como la reforma de la policía, que se tumbe un intento de reformar la salud, o incluso la renuncia de presidente.

Blum, que estaba en el cargo desde noviembre de 2019 cuando sucedió a Carlos Holmes Trujillo, fallecido en enero de este año, no dio razones de su dimisión, que llevaba especulándose en medios nacionales desde este pasado fin de semana.

«Estoy segura de que, bajo su liderazgo, el país continuará en la senda del desarrollo sostenible, en la recuperación social y económica frente a los efectos de la pandemia, y en la consolidación de los consensos que ratifiquen la unidad y la fortaleza de nuestra nación«, dijo Blum en su carta.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido que hacer frente a las múltiples críticas y llamadas de atención de las dos últimas semanas por parte de organismos internacionales, la ONU y países extranjeros sobre las imágenes de brutalidad policial que han saltado a las pantallas de todo el mundo.

Ha habido varias críticas internacionales por un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en las protestas, sobre todo en Cali, epicentro de las protestas y tercera ciudad más importante del país.

La Defensoría del Pueblo ha recibido reportes de que 42 personas (41 civiles y un policía) han muerto en las dos semanas de paro, y que sigue buscando a 168 personas.

Según los registros de la ONG Temblores, dedicada a la violencia policial, durante las protestas han ocurrido 40 casos de víctimas de «violencia homicida» por parte de la fuerza pública y al menos mil 956 casos de violencia física, que incluyen 28 agresiones oculares, así como 12 casos de violencia sexual.

La canciller es el segundo ministro que pierde el presidente Duque en esta crisis ya que el pasado 3 de mayo renunció el titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señalado como el villano de esta crisis por ser el padre de la fracasada reforma tributaria.

El gobierno no se ha pronunciado sobre la renuncia de la canciller Blum ni ha indicado quién será su sucesor.

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En el decimotercer día de protestas, precedido por una jornada en la que supuestos civiles armados dispararon contra la minga e hirieron a 10 guardias indígenas, los diálogos terminaron con la decisión de desbloquear el Paso del Comercio, una carretera que además de ser la principal entrada a la ciudad la conecta con la vecina Palmira, donde está ubicado el aeropuerto internacional.

«Se va a desbloquear el Puente del Comercio y debe ser garantía de la institucionalidad que no exista acción violenta contra estos jóvenes que van a desbloquear, desde ya, el puente«, expresó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en una declaración esta madrugada junto a un grupo de jóvenes que protestan allí desde hace 13 días.

Las autoridades y los manifestantes firmaron el acuerdo tras unos diálogos que contaron con el apoyo de las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Portugal y la Unión Europea, así como de la Misión de la ONU en Colombia.

«Hemos observado la firma del acuerdo de la Alcaldía de Cali y autoridades locales con jóvenes para el desbloqueo del Paso del Comercio. Es importante usar el diálogo para avanzar en la garantía de derechos humanos«, expresó la representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

Las movilizaciones en Colombia comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del gobierno pero continúan contra un intento de reformar la salud, contra la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.

En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos, sobre todo entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con episodios de brutalidad policial contra los manifestantes que han dejado 35 muertos, según organizaciones sociales.

Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la principal autoridad de esas comunidades en el suroeste de Colombia, anunció que desde la 1 de la madrugada de este lunes se habilitó un «corredor humanitario» para el transporte de alimentos y medicinas en Cali, que vive horas difíciles por el desabastecimiento.

«Se anuncia que se abre ese camino de vida durante 24 horas. Dependiendo del comportamiento, se ampliará y la minga nacional continúa, el paro nacional continúa«, expresó el consejero mayor del CRIC, Hermes Pete.

El líder indígena agregó que es necesario que se garantice «la no intervención de la fuerza pública en los puntos donde se encuentran los manifestantes de la minga«, especialmente luego de lo vivido en la tarde del domingo.

En tanto, el presidente, Iván Duque, hizo esta madrugada una visita relámpago a Cali, epicentro de las protestas que vive el país desde el 28 de abril, y permaneció allí cuatro horas para encabezar un consejo de seguridad que abordó la situación en esa urbe.

El mandatario pidió de nuevo que se levanten los bloqueos que realizan los manifestantes en varios puntos de la ciudad para «permitir nuevamente el restablecimiento de la cadena de abastecimiento«.

«Nuestra responsabilidad no es actuar con brutalidad ni demencialidad, sino actuar en el marco de todas las competencias y estricto apego a la protección de los derechos humanos, para que la ciudad tenga todas las garantías y eviten confrontaciones en los ciudadanos, o lo que es aún peor, que haya ciudadanos que pretendan ejercer control por su mano«, alegó el mandatario.

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