Las acusaciones señalan que en 2012 Duarte habría desviado recursos federales destinados a programas sociales para niñas, niños y adultos mayores. De los 10 millones de pesos originalmente asignados, solo 5 millones fueron aplicados al programa, mientras que el resto se transfirió al gobierno estatal en lugar de regresar a la Tesorería de la Federación.

Con esta resolución, Duarte deberá permanecer en prisión preventiva justificada y se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Esto significa que su posible liberación anticipada en abril de 2026, tras cumplir el 95 % de una sentencia previa de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, se ve comprometida.

La audiencia de imputación se había pospuesto en tres ocasiones debido a la ausencia de su defensa legal. En la última diligencia, Duarte solicitó un nuevo aplazamiento argumentando problemas de salud de sus abogados. Sin embargo, la FGR señaló que se trataba de una estrategia dilatoria, por lo que el juez fijó el 12 de febrero como fecha definitiva para la audiencia. Finalmente, este martes se determinó la vinculación a proceso.

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La defensa de Macías interpuso recursos legales contra su traslado, argumentando que el proceso estaba viciado, había prescrito y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no notificó adecuadamente la solicitud de extradición. Además, señalaron que la acusación se basa en el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud en el gobierno de Duarte, quien habría declarado bajo tortura.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su desacuerdo con la decisión del Reino Unido de otorgar asilo político a Macías. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, adelantó que su administración tomará medidas una vez que se reciba la notificación oficial por las vías diplomáticas.

“No nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello”, expresó la mandataria.

Sheinbaum explicó que el tema fue abordado en la reunión del Gabinete de Seguridad del 16 de febrero y precisó que, hasta el momento, su gobierno no ha recibido un comunicado formal por parte de las autoridades británicas.

Karime Macías fue señalada por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados al DIF de Veracruz. La solicitud de extradición buscaba que enfrentara cargos en México, pero la resolución en Reino Unido le otorga protección y frena el proceso judicial en su contra.

Autoridades mexicanas dejaron claro que responderán en cuanto se formalice la comunicación diplomática.

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La autorización fue posible gracias al gobierno de Guatemala, que aplicó la “regla de especialidad” y permitió a México formular cargos adicionales por corrupción, lo que complica la posible liberación anticipada de Duarte en 2026.

Presuntamente la FGR pretende presentar una imputación formal y solicitar la apertura de juicio penal contra Duarte por el manejo indebido de más de cinco millones de pesos de un fondo específico para salud. El caso fue seleccionado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), encabezada por María de la Luz Mijangos, dentro de más de 100 carpetas de investigación abiertas por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La comparecencia, originalmente programada para el 27 de noviembre, fue diferida por la defensa del exmandatario, alegando problemas de salud. Ahora, la FGR busca sentarlo nuevamente ante el juez antes de que concluya este 2025. Si la imputación prospera, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva justificada.

En noviembre, la jueza federal Ángela Zamorano Herrera negó la libertad anticipada solicitada por Duarte, al determinar que no cumplía con los requisitos legales, entre ellos la ausencia de otros procesos activos. Durante esa audiencia, la FGR presentó testimonios sobre estrategias utilizadas por el exgobernador para retrasar la acción de la justicia, incluyendo dilaciones procesales y simulaciones de enfermedades.

La administración de Duarte está señalada por un presunto desfalco de más de 62 mil millones de pesos en fondos federales, considerado uno de los casos más grandes de corrupción en México. Las investigaciones apuntan al uso de al menos 400 empresas fantasma para desviar recursos públicos. Un testimonio clave es el de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero estatal, quien declaró que los fondos se canalizaban a través de estas empresas y se usaban para gastos personales y entregas directas al entonces gobernador.

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La resolución se basó en que Duarte no cumplió uno de los requisitos fundamentales establecidos en la ley: no contar con procesos penales abiertos. La jueza recordó que el exgobernador mantiene vigente un caso por presuntamente obstruir una investigación relacionada con desaparición forzada, situación que impidió concederle el beneficio solicitado.

Duarte se encuentra recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde ha permanecido desde su extradición en 2017. Su condena concluirá en abril de 2026. Ante la decisión judicial, su abogado, Pablo Campuzano, anunció que interpondrán un recurso de apelación.

El exmandatario veracruzano fue detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017 y extraditado a México el 17 de julio del mismo año. En septiembre de 2018 recibió una condena de nueve años tras admitir responsabilidad en una trama de corrupción que involucró la utilización de empresas fantasma y prestanombres para desviar recursos públicos durante su administración.

Duarte, expulsado del PRI tras las acusaciones, gobernó Veracruz de 2010 a 2016, periodo en el que se gestó el esquema por el que hoy permanece encarcelado.

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La defensa de Duarte pidió su salida cinco meses antes del término de la pena, argumentando el cumplimiento de requisitos legales (buena conducta y más del 70% de la condena cumplida). La Fiscalía General de la República (FGR) se opuso, al considerar que la medida podría entorpecer procesos pendientes y cuestionó que el interno haya mantenido buena conducta en reclusión.

Argumentos en la audiencia

• Defensa: Solicita libertad anticipada al estimar que Duarte cumplió los requisitos de ley, incluyendo el porcentaje de la pena y conducta adecuada.
• Fiscalía: Advierte que la liberación afectaría investigaciones en curso y señala que no se acredita buena conducta del sentenciado.

El exgobernador de Veracruz cumple una sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero. Lleva siete años en el Reclusorio Norte de la CDMX y se le impuso además una multa superior a 58 mil pesos.

Duarte fue señalado por presuntamente asociarse con diversas personas para desviar recursos públicos a través de empresas fantasma y prestanombres. En abril de 2017, la Interpol y la policía civil de Guatemala lo detuvieron en ese país; fue extraditado a México en julio del mismo año.

Además de su condena, enfrenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En este contexto, la organización Propuesta Cívica solicitó a la jueza un análisis exhaustivo e integral de la libertad anticipada, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas.

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Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero; ahora busca la preliberación. Propuesta Cívica sostuvo que, pese a esa posible salida de prisión, continúa vigente la denuncia ante la CPI por su presunta participación en desapariciones forzadas en Veracruz, por lo que pidió que el proceso se valore con criterios amplios y no solo por conducta carcelaria.

Durante el periodo de gobierno de Duarte (2010–2016), Propuesta Cívica recapitula que 16 periodistas fueron asesinados y tres desaparecidos en Veracruz, hecho que —según su comunicado— convirtió al estado en “la región del mundo más peligrosa para el ejercicio del periodismo”. La ONG subrayó que los señalamientos forman parte del contexto que debe considerarse en la audiencia.

La directora ejecutiva de Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, afirmó que otorgar la libertad anticipada a un personaje acusado de atrocidades como la desaparición forzada sería “una afrenta” para las víctimas. La organización instó a la jueza de ejecución penal, Ángela Zamorano Herrera, a realizar un análisis exhaustivo e integral de la solicitud de Duarte.

También exhortó a la FGR a investigar de forma efectiva, imparcial y con debida diligencia la denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada ante la CPI contra Javier Duarte de Ochoa. Para Propuesta Cívica, el impacto de los presuntos crímenes y el riesgo para víctimas y sociedad deben ponderarse en cualquier decisión sobre la preliberación.

La audiencia judicial para resolver la libertad anticipada está programada para el miércoles 19 de noviembre de 2025. En paralelo, la denuncia ante la CPI sigue su curso, por lo que organizaciones civiles y víctimas se mantienen atentas al resultado y a posibles implicaciones en procesos nacionales e internacionales.

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Durante la primera parte de la audiencia se registraron hasta cuatro recesos, en los que la Fiscalía y la defensa del exfuncionario presentaron argumentos y solicitaron más tiempo para incorporar testigos. La defensa sostuvo que Duarte ya cumplió con el 95% de su condena, tras haber sido detenido en abril de 2017.

Javier Duarte permanece interno en el Reclusorio Norte, cumpliendo una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México el 17 de julio del mismo año.

En noviembre de 2024, Duarte consiguió el sobreseimiento del proceso en su contra por desaparición forzada. Sin embargo, en 2022 un juez de control en Pacho Viejo le había dictado prisión preventiva justificada por el mismo delito, vinculado al caso del policía David Lara Cruz, visto por última vez en enero de 2016 tras acudir a una evaluación en la academia de policía de Veracruz.

La audiencia del 19 de noviembre será clave para definir si el exgobernador obtiene la libertad anticipada. En ella se espera la presentación de más pruebas y testimonios tanto de la Fiscalía como de la defensa.

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Está previsto que toda la semana, excepto este martes, haya audiencias sobre el caso, a fin de que ambas partes descarguen sus argumentos.

En la primera audiencia, la fiscalía alegó que Macías, señalada en México de desvío de recursos, debe enfrentar la justicia en su país. Se prevé que la próxima semana se dé el veredicto sobre el proceso de extradición.

La audiencia de Karime Macías ha sufrido varios aplazamientos debido a la pandemia de covid-19.

Macías fue detenida por la Justicia británica en octubre de 2019, pero logró obtener libertad condicional tras depositar una fianza de 150 mil libras esterlinas (cuatro millones 261 mil pesos al tipo de cambio actual).

Entre las medidas cautelares a las que está sometida desde entonces, además de haber rendido su pasaporte a las autoridades para prevenir su eventual fuga, está el firmar asistencia cada semana en la estación de Policía de Westminster y no cambiar de domicilio.

La última dirección registrada ante la policía británica es Calle Wilbraham 10, departamento 8, en Belgravia, uno de los vecindarios residenciales más exclusivos de Londres.

El proceso iniciado por la Fiscalía británica responde a una orden de captura emitida por el gobierno de México por “severas acusaciones de fraude”. Entre ellas, está el posible desvío de 112 millones de pesos en contratos que el DIF de Veracruz entregó a una red de empresas fachadas durante su gestión al frente de dicha institución.

La acción legal activada con su detención provisional, fue iniciada luego de exponer a las autoridades británicas el retrato completo de la participación de la entonces esposa de Javier Duarte en el esquema fraudulento.

La defensa solicita asilo británico por lo que considera “presunta persecución” de su clienta en México.

En caso de que el juez autorice la entrega a México, la última palabra la tendrá la ministra británica del Interior, Priti Patel, quien deberá firmar o revocar la orden judicial, acorde a los procedimientos técnicos.

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A través de su cuenta de Twitter, comentó que en 2012 siendo ya presidente electo de México, Peña Nieto realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo en Brasil, ahí estuvo en casa de Marcelo Odebrecht.

Refirió que ahí lo llamó, vía telefónica, para instruirle que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial.

El exgobernador indicó que tiene toda la disposición de declarar todo lo que le consta sobre el caso, sin necesidad de solicitar ningún “criterio de oportunidad”.

“Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente SIN la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno, lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobretodo que se sepa la verdad”, escribió en la red social desde prisión.

Desconozco las razones por las cuales Luis Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht México, está declarando falsedades en relación a los apoyos económicos que hicieron en favor de la campaña presidencial de @EPN en el 2012. 1/3

— Javier Duarte (@Javier_Duarte) November 5, 2020

Exdirector de Odebrecht confronta a Emilio Lozoya

Este martes, EL UNIVERSAL publicó que Luis Alberto Meneses Weyll fue el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya Austin. Fue quien confesó a la justicia brasileña haber entregado 10.5 millones de dólares al servidor público entre 2012 y 2014, y quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en 2017.

Ahora, Meneses Weyll desmiente las versiones que Lozoya Austin está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial.

Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aseguró Meneses Weyll a través de su abogado, Carlos Kauffmann.

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya Austin (…) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (…) Si alguien está intentando colocar en Meneses Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo el abogado Kauffmann en la primer entrevista que concede a la prensa mexicana.

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La funcionaria perdió la vida en un hospital de la Ciudad de México donde estuvo por varios días en estado crítico; se dirigía a Tampico, Tamaulipas, cuando sufrió el accidente de acuerdo con fuentes federales.

Ramos Carrillo presentó ante un juez la solicitud del procedimiento abreviado para el exgobernador, sentenciado a nueve años de cárcel.

Luego de que la asociación Tojil presentó una denuncia por posibles actos de corrupción en contra de los funcionarios PGR por considerar que pactaron con la defensa de Duarte el procedimiento abreviado y la sentencia, Ramos Carrillo fue investigada.

La agente del Ministerio Público compareció en una audiencia en la que su abogado señaló que ella no tomó sola esa decisión sino con su superior jerárquico.

El 26 de septiembre de 2018, Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa para obtener una reducción de su condena, la cual se estableció en 9 años de cárcel, los cuales habrían comenzado el día de su captura el 15 de abril de 2017, y una multa de 58 mil 890 pesos mexicanos.

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